El buque oceanográfico ‘Ángeles Alvariño’ continúa este martes realizando barridos del fondo marino al sudeste de Santa Cruz de Tenerife, frente a Hoya Fría, dentro del dispositivo de búsqueda de las niñas Anna y Olivia, desaparecidas hace más de un mes junto a su padre, Tomás Gimeno,

El buque, operado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), está calibrando los equipos para continuar cada vez más al sur, en las zonas requeridas por los investigadores. Técnicamente, lo que está haciendo es una progresión ladder, o en cuadro, con un rumbo fijo y su inverso, para realizar el barrido desde una distancia de la costa hasta la distancia máxima requerida.

El buque llegó en la tarde del sábado a la isla después de casi siete días de travesía desde Vigo y tras hacer una escala de dos días en la bahía de Cádiz. En la tarde del domingo zarpó del puerto de Santa Cruz para iniciar los primeros barridos y desde entonces no ha regresado a puerto.

Su labor será rastrear la zona donde la lancha de Tomás Gimeno fue encontrada a la deriva y vacía, a una milla náutica del Puertito de Güímar. Ahí hará una radiografía del fondo marino con un sonar de rastreo lateral para tratar de identificar algún objeto extraño y, si es posible, subirlo luego a la superficie con un robot submarino.

En la exploración se utilizará una sonda multihaz EM710. El barco avanzará a una velocidad muy reducida de modo que la sonda irá haciendo varias pasadas sobre un mismo punto con lo que se gana resolución. La sonda multihaz permitirá hacer una cartografía con una batimetría precisa que facilitará el trabajo a realizar con el SBL.

En esta exploración se usa un sonar de barrido lateral de alta resolución modelo Edgetech 4200 con frecuencia dual a 300/600 Khz., que según el manual puede llegar a una resolución por debajo de los 3 cm, en las condiciones idóneas de trabajo y profundidad.

La forma de prospectar con el sonar de barrido es similar a la descrita para la sonda multihaz. Se establecerán calles paralelas que se solaparán para cubrir toda la superficie a explorar. Durante este reconocimiento se irán estableciendo marcas en las irregularidades del fondo que requieran una inspección visual a posteriori.

ROV LIROPUS OPERATIVIDAD.

El ‘Ángeles Alvariño’ también está equipado con el Liropus 2000, un submarino no tripulado (ROV.- Remote Operated Vehicle) que es capaz de operar hasta más de 2.000 metros de profundidad. El Liropus ha sido configurado a medida, según los requerimientos del IEO, para realizar tareas de observación y recogida de muestras y datos hasta una profundidad de 2.000 metros, aunque el sistema tenga, debidamente adaptado, capacidad para trabajar hasta 3.000 metros de profundidad.

Se trata del modelo ROV SUPER MOHAWK II, uno de los ROV del fabricante Sub-Atlantic más vendidos hasta la fecha con 22 unidades de este tipo operando en todo el mundo en el momento de su compra. Este ROV, que cuenta con 6 motores, combina una gran potencia y una gran capacidad de carga que le permite llevar, además de seis tipos de cámaras, instrumentos de medición y toma de muestras.

El Liropus fue adquirido hace ya más de 10 años participando desde entonces en infinidad de campañas. Su coste fue próximo a 1,5 millones de euros En los últimos años se ha utilizado repetidas veces en la recuperación de material científico que se había perdido. La recuperación de equipamientos es una interesante función por el elevado coste de los mismos.

Uno de sus puntos fuertes es la capacidad que tiene para la toma de imágenes. Por ello se ha cuidado mucho este aspecto dotando al sistema con un potente sistema de iluminación de 17.000 lúmens de potencia (17 veces más que una bombilla de 100 vatios), y cámaras de elevadas prestaciones, una de ellas de alta definición (formato HD) y otra de muy baja luminosidad.

En cuanto a la instrumentación oceanográfica, el Liropus cuenta con dos equipos CTD para medir temperatura, presión y salinidad, así como con un correntímetro de efecto doppler para estudiar las corrientes a las profundidades donde opere. El bastidor está diseñado para instalar además hasta 20 kilogramos de cualquier otra instrumentación científica que se requiera. Para la toma de muestras cuenta con dos brazos manipuladores hidráulicos de precisión para la recogida de elementos sólidos y un sistema de succión para muestras líquidas y gaseosas.

El Gobierno andaluz entregará el próximo 14 de junio la primera Medalla de Honor de Andalucía al Rey de España, Felipe VI, «por consolidar su figura los lazos afectivos y de respeto que unen a los andaluces con la Corona» y ser el representante de la concordia y la unidad de España.

Así lo ha acordado este martes el Consejo de Gobierno, señalando que el Rey Felipe VI representa «con fidelidad los valores y principios de concordia que sustentan nuestra identidad como Nación española, reflejados en la Carta Magna, y que deben seguir siendo, de manera irrefutable, los cimientos en los que se base nuestra convivencia como pueblo».

Para la Junta de Andalucía, su reinado ha venido a subrayar el papel que la Constitución otorga a la Corona como «referente de la unidad de España y de la solidaridad entre los españoles, y su trabajo ha sido ejemplo de dedicación a la mejora de las condiciones de vida en nuestro país».

Añade que siendo como es el heredero histórico de una tradición de siglos, Don Felipe, junto a la Reina Letizia, ha sabido «infundir a la institución monárquica un espíritu de modernidad acorde con los tiempos y con las necesidades de los españoles, ha conectado con sencillez con las nuevas demandas que afloran en la sociedad y ha otorgado a la Corona una identidad cercana y sobria, fiel espejo de la España actual».

«Hoy, la Corona representa mejor que nunca las aspiraciones y los deseos de progreso, convivencia y paz de los españoles y se ha constituido en referencia de aquellos que trabajan por alcanzar unas mayores cotas de desarrollo colectivo», según el Gobierno andaluz.

Con la misma determinación que tuvo su padre cuando se trató de afrontar momentos de zozobra para la democracia y el Estado de Derecho en España, Felipe VI «ha defendido con templanza, pero con arrojo y firmeza, los principios democráticos y de igualdad que representan la base de la sociedad española», según la Junta.

Destaca que su moderación y ejemplaridad le han hecho digno heredero de la confianza que los españoles depositaron en la institución monárquica en la Constitución Española de 1978, y que para Andalucía supuso el nacimiento de una época de esperanza hasta entonces sólo soñada.

Según la Junta, su llegada al trono supuso un reforzamiento de las relaciones personales e institucionales con Andalucía establecidas ya en su etapa como Príncipe de Asturias, al tiempo que ha consolidado los lazos afectivos y de respeto que unen a los andaluces con la Corona.

VÍNCULO ENTRE ANDALUCÍA Y LA CORONA

Para la Junta, la presencia de Don Felipe en muchos y muy diversos acontecimientos de la comunidad autónoma a lo largo de los últimos años han supuesto, no sólo el aval de la más alta institución del Estado, sino también «un testimonio fehaciente de afecto, de simpatía y de aliento en consonancia con el histórico vínculo de cariño entre la Familia Real y Andalucía, que tuvo en su abuela, Doña María de las Mercedes, el mejor de los ejemplos y que el Gobierno andaluz desea que tenga continuidad en sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía».

«El espíritu de regeneración que impregna hoy Andalucía y con el que se impulsa hacia el futuro toma su inspiración, en buena medida, en el carácter integrador, reflexivo y comprometido que es seña de identidad del reinado de Don Felipe», según el Ejecutivo andaluz.

Asimismo, pone de manifiesto que en los últimos años, Andalucía y su Rey han profundizado en su relación de apoyo mutuo y subrayado los valores compartidos, como la solidaridad interterritorial, el carácter enriquecedor de la diversidad, la necesidad de construir sobre la generosidad, la importancia de alcanzar una prosperidad sostenible y el papel de la educación y la cultura en la felicidad de los pueblos.

Según el Gobierno andaluz, hoy, cuando Andalucía y España atraviesan momentos de grave dificultad a consecuencia de una pandemia global que ha generado un inmenso dolor en todo el mundo, los andaluces sienten a Don Felipe «como un Rey cercano a sus preocupaciones, determinado ante las vicisitudes del presente y entusiasta en la tarea, difícil pero posible, de la recuperación. Un Rey, en definitiva, en quien poder confiar frente a los avatares del destino».

«Es manifiesto, por tanto, que el Rey Felipe VI concurren, en grado de excelencia, los méritos suficientes para hacerse acreedor a la primera Medalla de Honor de Andalucía», tal y como ha acordado el Gobierno andaluz a propuesta del presidente, Juanma Moreno, y previa deliberación del Consejo de Gobierno.

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha manifestado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que el acto de entrega de la Medalla de Honor será en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia andaluz, y que aún se están cerrando los detalles de la hora y organización del mismo.

Preguntado sobre el hecho de que la líder de Anticapitalistas en Andalucía y diputada en el Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez, haya criticado la concesión de esa medalla al Rey, Bendodo ha indicado que eso no es noticia, sino que lo sería que apoyara esa distinción a Felipe VI.

Los representantes de la Plataforma por unas Residencias Públicas en Aragón, Juan Pablo García y José Luis Cabello, han defendido este martes que «el cuidado de nuestros mayores debe ser un servicio público y no un negocio», a la vez que han reclamado con urgencia que el Gobierno de Aragón revuelva «las condiciones inadecuadas y degradantes en las que se encuentran muchas personas». Han comparecido en Comisión de las Cortes autonómicas.

En su comparecencia, Juan Pablo García ha explicado que «la alta institucionalización» del modelo de servicios sociales de la Comunidad es «uno de los problemas de raíz» y ha realizado varias solicitudes, como «avanzar en la transición a un modelo de derechos individuales» o reforzar «la atención domiciliaria de calidad», entre otras.

Para ello, ha pedido que «se elabore un calendario con los objetivos principales de estas reformas urgentes para cumplirlo en un máximo de 6 meses».

Por último, García ha puesto de manifiesto que se han detectado ausencias como el «déficit de puestos de trabajo o condiciones laborales insuficientes». Además ha criticado «la falta de transparencia» y ha solicitado «realizar una auditoría sobre lo ocurrido en los centros durante la pandemia».

A su vez, también ha incidido en el difícil acceso a la información, para lo que ha aportado como solución la creación de una página web donde se recoja el contenido, de forma accesible y adaptada.

GRUPOS

Desde el PSOE, Ana Arellano ha agradecido el trabajo desempeñado por los profesionales del sector y ha detallado algunas de las condiciones recogidas en el dictamen que «deberían regir el nuevo modelo residencial», como, por ejemplo, «actualizar el marco normativo» y, además, «avanzar en un modelo centrado en la persona, con mejores condiciones laborales» para los profesionales.

El parlamentario popular José Antonio Lagüens ha puesto el foco en «la colaboración público-privada» y en «la inspección y el control de esas gestiones indirectas de los servicios». Además, ha recordado que «la Ley de Dependencia tiene graves problemas de financiación y hay que intentar mejorarla».

En representación de Cs, Elisa Sacacia ha apuntado a «una atención centrada en el mayor», cuya prioridad sea «la calidad del servicio prestado». Sacacia ha incidido en la necesidad de implementar «indicadores sobre calidad que permitan evaluar actuaciones y servicios».

Para el portavoz de Podemos Equo, Nacho Escartín, el principal cambio es «lo público, porque cuida a todo el mundo por igual» y ha solicitado «la teleasistencia como derecho subjetivo, más horas de atención a la ayuda a domicilio y más prestaciones económicas».

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha incidido en «avanzar desde la escucha activa», con una atención «centrada en las personas», sin olvidar que «las residencias no son hospitales geriátricos, son centros de convivencia y tienen que seguir siéndolo».

El portavoz de VOX, Santiago Morón, se ha sumado al reconocimiento a la labor realizada por el personal de las residencias y ha destacado que «lo importante no es la titularidad, sino que la gestión esté supervisada».

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha puesto en valor «la importancia del cuidado y la atención de nuestros mayores» y también ha pedido «corregir las problemáticas de este sector» a través del «marco normativo y el sistema de financiación».

Para Álvaro Sanz, de IU, esta es «una preocupación compartida». Ha defendido «la gestión pública para responder a las situaciones con urgencia, para llegar al conjunto del territorio y para evitar que se haga negocio con derechos fundamentales». A su vez, ha solicitado «avanzar hacia la mejora de las condiciones laborales y en la modificación del decreto de ratios».

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se ha mostrado favorable a la opción de conceder los indultos a los líderes independentistas condenados por el ‘procés’ antes del verano, decreto que llegaría antes de la reforma del delito de sedición y cuya redacción actual ha definido de «anomalía».

Además, ha calificado de «desafortunada» la equiparación realizada por Marruecos entre la situación del Sáhara Occidental y Cataluña, para demandar al país magrebí que «deje de instrumentalizar el drama humano» de la migración «en beneficio propio».

También ha negado, como sostiene el PP, que esta medida de gracia sea un «pago» a las formaciones independentistas por el apoyo parlamentario que brindan en el Congreso, al rememorar que los indultos y la mencionada reforma del delito de sedición forman parte del programa electoral de Unidas Podemos.

De hecho, ha desgranado que es una propuesta que llevaron primero en «solitario», dado que antes no asumía el PSOE, y luego los dos socios de coalición llegaron a un acuerdo en la línea de «desjudicializar» el conflicto catalán. «Es un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, no del PSOE con independentistas», ha ahondado el diputado.

EL DELITO DE SEDICIÓN ES UNA «RELIQUIA DEL PASADO»

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Asens ha señalado como «buena noticia» que se «reactive» la reforma del delito de sedición, medida que avanzó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en diciembre del año pasado.

Y es que, según ha explicado, se trata de otra «buena razón» para otorgar la medida de gracia a los presos del ‘procés’, dado que el tipo penal de sedición es una «reliquia del pasado», basado en una concepción «predemocrática» del orden público.

Por tanto, el también dirigente de En Comú Podem ha defendido que hay que «armonizar» el ordenamiento jurídico con los estándares del resto de países europeos, para recalcar que «hay consenso» en el seno del Ejecutivo de coalición para llevar a cabo esta reforma.

Eso sí, ha pronosticado que los indultos llegarían antes que la reforma del delito de sedición, pues esta modificación del Código Penal tiene un trámite «más lento». No obstante, ha especificado que en su formación son partidarios de «avanzar» a los presos del ‘procés’ los efectos de este cambio legislativo, al igual que ocurrió con los indultos a los insumisos cuando se despenalizó este delito.

Y es que no decretar la libertad para los líderes independentistas, en opinión de Asens, «frustraría la finalidad» de dicha reforma que busca corregir la «anomalía» que constituye hoy el delito de sedición.

De esta forma, Unidas Podemos están «esperanzados» de que la medida de gracia llegue lo «más pronto posible» y, aunque no se atreve a «aventurar» un calendario para no generar «expectativas» a los destinatarios de la medida, desearían que el decreto de los indultos llegara antes del verano.

NO HAY ALTERNATIVA AL DIÁLOGO

Para Asens también concurren razones de «equidad» y «justicia» en este caso, al calificar de «desproporcionada» la sentencia del ‘procés’, sobre todo si se tiene en cuenta con relación a las penas que recibieron los «golpistas del 23F», que fueron más bajas.

Además, ha reivindicado que la medida de gracia responde a razones de interés público, puesto que es hora de la «política» y «no hay alternativa al diálogo» para intentar zanjar este conflicto territorial, que afecta tanto a Cataluña como al conjunto de España.

No aprovechar esta «oportunidad histórica» supondría, en palabras de Asens, volver a lo «mismos errores del pasado» dado que ahora hay una actitud distinta entre el Gobierno estatal y el Govern catalán para emprender una solución política al problema generado tras el referéndum del 1-O.

Lo contrario sería volver a los «errores del pasado», al «inmovilismo», la «incomprensión», la «foto de Colón» que únicamente conducen a una perspectiva «represiva» y que no solucionan el conflicto.

El jefe del Gobierno cántabro, Miguel Ángel Revilla, cree que él y sus homólogos autonómicos deben ir «todos a una» en la retirada de la mascarilla, que a su juicio hay que ir «jubilando», pero cuando digan los expertos.

«Esto ya a mí me tiene harto, y a la mayoría de la gente, pero habrá que quitarla cuando nos digan que quitarla no tiene ningún problema», ha considerado el líder del PRC, para rechazar así una «carrera entre presidentes autonómicos» para ver quién adopta una medida «más revolucionaria».

Con estas palabras, el regionalista ha respondido este martes a preguntas de los medios en Castro Urdiales acerca de la propuesta del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de suprimir el uso de las mascarillas en exteriores el próximo mes de julio, posibilidad que también estudia Madrid.

«Uno por quedar mejor va a decir: ‘En Castilla no hay mascarilla; en Cantabria sí’, pero si unos la llevan y otros no, nos mezclamos y entonces no tiene ningún sentido», ha advertido Revilla.

Ante esto, el jefe del PRC-PSOE ha recordado que su Ejecutivo «siempre se ha regido y se va regir» por las directrices del Consejo Interterritorial de Salud, que reúne semanalmente a la ministra y consejeros de Sanidad.

«Entendemos que ahí está el órgano de las personas expertas en la materia», ha manifestado Revilla, partidario de acatar lo que se diga en esa reunión y para que «vayamos todos en la misma línea». Y es que, a su juicio, asuntos como la retirada de la mascarilla no es algo sobre lo que pueda «opinar cualquiera que va por la playa».

Así, Cantabria hará lo que se apruebe en ese encuentro, aunque su presidente supone que en la medida en que se vaya reduciendo el número de contagios por un lado y vaya aumentando la vacunación por otro, habrá que «ir, en lo posible, jubilando» la mascarilla, pues además es «voluntad» de la «gran mayoría» de los ciudadanos y, también, «de los que nos gobiernan».

Como ha reconocido, su uso «es un incordio». «Y a mí, que ya tenía las orejas grandes, me las ha puesto igual que ‘Dumbo’, ese elefante que hacía tanta gracia a los niños y a todos cuando veíamos la película», ha apostillado Revilla, para recordar el «año y pico» de uso y «con la oreja que tengo», ha insistido.

A ello se suma el problema de que «te la olvidas» y «no te la pones». Así, con todo, cree que en el mes de agosto o incluso para mediados de julio «habrá que llevarla en sitios muy especiales», pero no en la playa, por la calle o en espacios abiertos, aunque ha precisado que esto es una «opinión personal» suya.

La periodista Patricia Plaja será la portavoz del Govern presidido por Pere Aragonès, según ha avanzado Rac1 y han confirmado fuentes del Ejecutivo catalán.

Así, Plaja será la encargada de comunicar la acción del Govern en las ruedas de prensa posteriores al Consell Executiu, por lo que, como estaba previsto, la portavoz no estará asociada al cargo de consellera, a diferencia de lo ocurrido en las últimas tres legislaturas.

Plaja ejercía actualmente como jefa de comunicación de los Mossos d’Esquadra y recibió varios premios por la estrategia comunicativa de la policía catalana durante el atentado de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017.

En abril de 2018, durante la aplicación del 155, la jefatura de los Mossos la apartó de sus funciones de jefa de prensa por un tuit a raíz de la sentencia de ‘La Manada’, pero volvió al cargo meses más tarde con la constitución del Govern presidido por Quim Torra.

«INDEPENDENCIA PROFESIONAL Y POLÍTICA»

Plaja ha sido nombrada este martes por el Govern y en la rueda de prensa posterior Aragonès ha explicado que con ella quiere «profesionalizar al máximo» la comunicación del Ejecutivo para trasladar a los medios y a la ciudadanía sus acciones de una forma clara y detallada.

Para el presidente, es necesario impulsar un nuevo modelo de comunicación del Govern, que evite las especulaciones y informe de manera precisa, y por eso ha apostado por situar como portavoz a una profesional de la comunicación.

Considera que de este modo se quitará la «carga política» a la portavoz y dedicará todo su conocimiento a profesionalizar todos los ámbitos de la comunicación pública del Govern.

Ha asegurado que Plaja actuará con «independencia profesional y política», y ha explicado que en las comparecencias del Ejecutivo también participarán los consellers y responsables públicos.

En las tres últimas legislaturas la Portavocía del Govern la había ocupado la misma persona que era titular de la Conselleria de Presidencia –Francesc Homs, Neus Munté, Jordi Turull, Elsa Artadi y Meritxell Budó–, pero entre 2010 y 2012 Homs ya era portavoz cuando era secretario de Presidencia pero no conseller, y durante el segundo tripartito Aurora Massip ejerció de portavoz sin tener ningún otro cargo en el Ejecutivo, un modelo que se repetirá ahora con Plaja.

Teruel Existe concurrirá a las elecciones autonómicas y municipales «de aquí en adelante», ha anunciado este martes el diputado de la agrupación de electores al Congreso, Tomás Guitarte, en el transcurso de una rueda de prensa.

El parlamentario nacional ha dicho que la presencia de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados «ha puesto en evidencia que es muy útil para Teruel tener representación donde se toman las decisiones», tras lo que ha observado que el 70 o 75 por ciento de los ámbitos competenciales ya están transferidos a la Comunidad Autónoma.

«Nuestro deseo es estar allí igual que en Madrid, como una herramienta del Movimiento Ciudadano para tener presencia y conseguir las demandas históricas de la provincia», ha manifestado Guitarte.

El parlamentario nacional ha afirmado que «muchos turolenses decían que ya era el momento de tomar decisiones» y hacerlo «con tiempo suficiente», no como en la ocasión anterior, cuando todo fue «muy apresurado». Ahora «habría dos años para hacer unas candidaturas solventes», ha subrayado.

A esto ha añadido que «si conseguimos que Aragón deje de ser la Comunidad más desequilibrada del país, probablemente Teruel salga beneficiado», recordando que Aragón es la región donde más población se concentra en su capital.

Tomás Guitarte ha manifestado que la obligación de Teruel Existe es «pasar de planteamientos teóricos a realidades» en la lucha contra la despoblación y por el reequilibrio territorial, puesto que «es ahora cuando llega el momento» al llegar los fondos europeos para paliar los efectos de la crisis derivada de la COVID-19.

«Las comunidades van a ser las principales encargadas de su gestión y ejecución», ha hecho notar Guitarte, quien intentará que «esos fondos se destinen al equilibrio territorial interno y a la lucha contra la despoblación en Aragón».

Por otra parte, Guitarte ha lamentado «la falta de diálogo con el Gobierno de Aragón» desde que salió elegido, ya que ha pedido «reiteradamente» reunrise con el presidente, Javier Lambán, y no lo ha conseguido, aunque «se debería haber contestado», más cuando Teruel Existe fue la candidatura más votada en las últimas elecciones generales en esta provincia.

«Creemos que el Gobierno de Aragón está dedicando excesivas energías a combatir a Teruel Existe», ha agregado, rechazando la «política partidista» para apostar por «generar consensos y atraer voluntades», ha lamentado el parlamentario nacional.

El portavoz del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, Manuel Gimeno, ha explicado en rueda de prensa que se ha «tomado la temperatura» en las 10 asambleas comarcales celebradas en los últimos días, también en la que ha tenido lugar este lunes en la capital provincial, y ha afirmado: «El Movimiento Ciudadano tiene claro que, a veces, para lograr determinados objetivos tiene que crear brazos instrumentales que sean útiles y eficaces»

Teruel Existe deja «en interrogante» si se constituye como partido e intentará cambiar la ley estatal que regula las agrupaciones de electores para que tengan «las mismas condiciones que un partido», han apuntado desde la agrupación.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido por escrito a Conselleria de Educación que la aplicación de los denominados Ámbitos en Secundaria el próximo curso sea optativa.

La central sindical considera que la decisión de la administración de «imponerlos» en Primero y Segundo de la ESO «podría resultar perjudicial para el alumnado, ya que va en contra de la especialización y la Conselleria la aplica sin aportar recursos ni una formación específica».

CSIF recuerda, en un comunicado, que los denominados Ámbitos suponen una agrupación de asignaturas, como puedan ser, por ejemplo, Economía, Biología y Matemáticas.

El docente que lo imparte ha de aportar casos prácticos a su alumnado sobre las diferentes materias de su ámbito sin que Conselleria haya proporcionado una preparación específica a los profesionales para ese aprendizaje.

CSIF cree que la Conselleria, después de probar durante este curso en Primero, «quiere hacer obligatoria su aplicación en Primero y Segundo en el próximo curso».

El sindicato ya trasladó en reunión de Mesa Sectorial, y ahora lo ha hecho por escrito registrado, que «un cambio de metodología tan importante debe de ser optativo y no obligatorio, como Conselleria impuso para primero de ESO en el curso 2020-2021».

El sindicato considera que esa medida «atenta contra la especialización del docente en la materia para la que se ha formado académicamente y para la que está preparado para impartir». «Esta circunstancia repercute sobre el propio alumnado, que no recibe la enseñanza con el nivel de especialización necesaria para poder aprenderla en las mejores condiciones», insiste.

ESPECIALIDADES DE LOS CUERPOS DOCENTES

En esta línea, la central sindical hace hincapié en su escrito en que «CSIF defiende las especialidades de los cuerpos docentes, la libertad de cátedra y la autonomía de los centros». «La adopción de los ámbitos, en todo caso, debería de ser una decisión de los diferentes departamentos del centro educativo», apunta.

Por todo ello, pide a la Conselleria que «rectifique su imposición y establezca ese carácter optativo tras un curso de implantación en el que muchos docentes se han mostrado contrariados por la forma de imponer esa metodología por parte de la Administración, sin recursos ni formación específica para el aprendizaje, ni tampoco perfeccionamiento en esta metodología».

A todo ello se suma la falta de «datos tangibles y baremables sobre la repercusión en la calidad educativa de la implantación de los Ámbitos».

PP y Vox han cuestionado este martes la labor que está realizando la Secretaría de Estado de la España Global, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, para mejorar la imagen y la reputación del país a nivel internacional en un momento en que consideran que está debilitada entre otras cosas por la crisis con Marruecos.

Ambos partidos han aprovechado la comparecencia del secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, en la comisión de Exteriores del Senado para criticar la política exterior del Gobierno y en particular las labores que desde Exteriores se están haciendo para mejorar la imagen de España.

Así tanto el senador de Vox y portavoz del grupo Mixto, José Manuel Marín Gascón, como la portavoz del PP en la comisión, Pilar Rojo, han coincidido en señalar entre otros aspectos a la mala gestión del Gobierno de la pandemia, la crisis abierta con Marruecos o el hecho de que el presidente estadounidense, Joe Biden, no haya llamado aún por teléfono a Pedro Sánchez.

«Nuestra política exterior está atravesando por uno de los peores momentos de su historia», ha sostenido Rojo, haciendo mención expresa a la pandemia y la gestión del Gobierno y denunciando que «España lidera los peores ranking entre países industrializados» en cuestiones como exceso de mortalidad o caída del PIB.

En este sentido, ha preguntado a Muñiz qué es lo que está haciendo frente a una «imagen dañada y poco creíble» de España a nivel internacional y «un Gobierno al que solo han escuchado contradicciones y mentiras.

MEJORAR LA IMAGEN EN CASA

Aunque ha evitado criticar con firmeza las campañas para promover a España a nivel internacional, Rojo ha defendido que el Gobierno debería empezar primero en casa, habida cuenta de que, según la senadora ‘popular’, «la política exterior está siendo boicoteada una y otra vez desde el Consejo de Ministros» por la existencia de dos «agendas paralelas» de PSOE y Podemos en asuntos internacionales como el Sáhara o Venezuela.

En opinión de Rojo, será difícil proyectar una buena imagen de España de cara al exterior «si no se fomenta esa imagen positiva de puertas para dentro». Además, ha afeado la «pérdida de protagonismo en América Latina», que «Biden ha ignorado» a Sánchez en su ronda de contactos, además de la «más grave crisis diplomática en años» con Marruecos y las «derrotas y humillaciones» sufridas en las candidaturas de españoles a puestos internacionales.

Por su parte, el senador de Vox ha defendido que «la imagen de España en estos momentos no es la mejor, no solo por pandemia sino por la mala gestión del Gobierno socialcomunista». Marín Gascón se ha mostrado particularmente crítico con el aumento del presupuesto del Ministerio de Exteriores y más en concreto la Secretaría que dirige Muñiz, cuestionando los sueldos y algunas de las partidas presupuestarias y denunciando que ha generado una «red clientelar» para «amigos y afines».

«No vemos que su Gobierno socialcomunista y el Ministerio hayan conseguido hacer mella positiva en la imagen» de España habida cuenta del «caos generalizado e improvisación que sigue mostrando el Ejecutivo desde que asumió el poder», ha subrayado el senador de Vox, denunciando el «importante deterioro» sufrido por la Marca España en este tiempo y el incumplimiento año tras año del objetivo del déficit. «Eso sí que perjudica a nuestra marca», ha incidido.

«Debemos devolver a España al lugar en que debe estar a nivel mundial y europeo» por su lengua y por su historia, pero para ello «es fundamental», ha dicho Marín Gascón, «que el Gobierno contribuya a ello», algo que no ha venido ocurriendo. España «debe recuperar protagonismo en la acción exterior», ha añadido, advirtiendo de que «solo si se respeta a sí misma será respetada».

LA IMAGEN DE ESPAÑA ES BUENA

Por su parte, Muñiz ha refutado de plano esta visión. «La imagen de España es muy buena», ha defendido, remitiéndose a la «evidencia empírica» que hay de ello y citando numerosos estudios y ranking a nivel internacional.

Todavía a día de hoy tengo que ver un informe serio, con metodología contundente, que nos diga que tenemos una mala imagen internacional», ha reivindicado el secretario de Estado, insistiendo en que «la imagen es sólida y resistente» y se sustenta en la lengua y la cultura y también en la experiencia vivida por quienes vistan España, unos 80 millones de personas al año antes de la pandemia.

«Lo que sí tenemos es un serio problema de autoestima», ha lamentado Muñiz, subrayado que España es uno de los pocos países del mundo donde sus ciudadanos sistemáticamente tienen una percepción de sí mismos peor que la que hay a nivel internacional sobre ellos. Además, ha atribuido esto en parte al hecho de que la imagen de España se use como «arma arrojadiza» en la política.

«La imagen de España la construimos entre todos», ha argumentado, recordando que las declaraciones que se hacen en uno u otro sentido «las escuchan los corresponsales internacionales» y terminan teniendo eco en la prensa extranjera, defendiendo por ello la necesidad de «coherencia» y sobre todo «lealtad» por los que vendrán después.

En este sentido, se ha mostrado «convencido de que la política exterior tiene que ser política de Estado». Para que sea eficaz, ha dicho Muñiz, «tiene que ser estable en el tiempo» y «para que sea creíble tiene que contar con el apoyo del resto de grupos», ha acotado.

BIDEN Y MARRUECOS

También ha refutado que exista ningún problema en la relación con Estados Unidos que explique que aún no se haya producido la llamada entre Biden y Sánchez. Según ha dicho, lo que le han trasladado sus interlocutores en ese país es que «nos ven como un socio clave» y que no hay «ninguna vinculación» con la intensidad de la relación, especialmente profunda en materia comercial pero también de seguridad, por la presencia de dos bases estadounidenses en España.

Por lo que se refiere a Marruecos, ha incidido en que se trata de una crisis «producida por una discrepancia sobre la cuestión del Sáhara» y ha recalcado que la postura del Gobierno respecto a este contencioso se mantiene inalterable y pasa por el respeto de las resoluciones de la ONU en la materia.

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha negado cualquier implicación en las graves violaciones de Derechos Humanos que le atribuyen las dos querellas presentadas en su contra, durante la declaración que ha tenido lugar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha vuelto a rechazar las medidas cautelares solicitadas –prisión provisional y retirada de pasaporte– al no ver ni riesgo de fuga ni indicios de delito.

Ghali, que ha declarado por videoconferencia desde el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde está ingresado por complicaciones derivadas de la COVID-19 desde el pasado 18 de abril, estaba citado por una querella formulada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) y por otra presentada por el activista saharaui Fadel Breica.

«El presidente Ghali ha explicado que su participación, como ministro de Defensa en aquella época, no tenía ningún tipo de responsabilidad ni de acción en la conducta que se le imputaba por parte de las acusaciones», ha dicho su abogado, Manuel Ollé, a los medios de comunicación al término de la comparecencia judicial.

La acusaciones, sin embargo, han solicitado medidas cautelares contra el líder saharaui para garantizar que permanece en España, reclamando en concreto si ingreso en prisión provisional y la retirada del pasaporte. La Fiscalía, por su parte, se ha limitado a pedir que facilite un teléfono y un domicilio para poder localizarlo.

Pedraz ha respondido poco después a través de dos autos –uno por querella– en los que ha rechazado las medidas cautelares al considerar que «no puede apreciarse riesgo de fuga alguno». «No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia», ha determinado.

Ha llamado la atención sobre el hecho de que «en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra, que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración».

Asimismo, ha señalado que «no puede seguirse que pueda ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, máxime a la vista de la fecha de los hechos investigados», algunos de hace más de una década, «y menos aún que el mismo pueda actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna».

SIN INDICIOS

Pedraz ha apuntado igualmente que «el informe de la acusación (…) no ha suministrado elementos siquiera indiciarios que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno». A este respecto, ha detallado que «las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa».

De acuerdo con el magistrado de la Audiencia Nacional, en dicho informe solamente se alerta de que Ghali sería culpable de delitos muy graves y se advierte de que podría fugarse porque ingresó en el hospital de Logroño de forma «extravagante» con una supuesta documentación falsa.

El magistrado ha querido aclarar en este punto que «no consta» que hiciera uso de documentación falsa y que, en cualquier caso, afirmar que Ghali habría entrado en territorio español «ilícitamente» no basta para acordar las medidas cautelares planteadas.

Por todo ello, ha decidido que «no ha lugar a decretar la prisión provisional ni otro tipo de medida cautelar personal» contra el jefe del Frente Polisario, aunque sí ha requerido a su representante legal para que «aporte un domicilio y teléfono en España a fin de estar localizado».

El abogado de Ghali se había mostrado «optimista» sobre las medidas cautelares, argumentando que adolecían de «falta de solidez». «Es como solicitar ahora, de acuerdo con lo que hay en los autos, que se ponga a nevar en Madrid», ilustró.

«FINES POLÍTICOS»

Con todo, Ollé ha concluido que la comparecencia judicial «ha ido muy bien» porque «se ha demostrado que son absolutamente falsos los hechos que han sido objeto de la acusación» contra Ghali.

Así, ha atribuido las acusaciones a «fines políticos», «para tratar una vez más de minar la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino hacia la autodeterminación que le corresponde».

«Se ve que se ha tratado, aprovechando que estaba aquí, de utilizarlo como un trofeo o como una presa política», ha denunciado. Por eso, ha avanzado que solicitará el sobreseimiento libre de las actuaciones y la condena en costas de las acusaciones al estimar que han actuado con «mala fe» y «temeridad».

SIGUE «MUY DÉBIL»

El letrado de la defensa ha destacado que Ghali ha hecho «un tremendo esfuerzo» por comparecer «voluntariamente» ante la justicia española, aseverando que sigue «muy débil».

Interrogado sobre cuánto tiempo permanecerá su cliente en España, ha contestado que habría que esperar a que Pedraz resolviera, algo que ya ha hecho. «Y, a partir de ese momento, (Ghali) decidirá lo que tenga por conveniente. Él está débil de salud y, en cuanto esté fuerte, decidirá», ha zanjado.

Además, Ollé ha aprovechado para poner de relieve que Ghali entró en España con su pasaporte y subrayar que, a su llegada, «estaba más cerca de la muerte que de la vida».

VÍCTIMA A VÍCTIMA

No obstante, la abogada de Breica, María José Malagón, ha achacado el optimismo de Ollé a su «lógico» rol de defensa, al tiempo que ha reivindicado que si el juez ha admitido ambas querellas es porque hay algún indicio.

Breica «ha sido torturado horriblemente», ha afirmado, para añadir que también se le ha expuesto «una casuística absolutamente pormenorizada, de días, personas –nombres propios– y hechos claros» de otras presuntas víctimas. Malagón ha asegurado que tiene pruebas, incluso informes médicos, y que las aportará a la causa.

Fuentes presentes en la declaración de Ghali han contado que, efectivamente, se ha preguntado al líder saharaui sobre víctimas concretas, pero que ha negado siquiera conocerlas.

Otro de los asuntos que han aflorado en el curso de la comparecencia es la inmunidad diplomática. Ollé ha planteado directamente a Ghali si quería renunciar a ella, si bien él ha optado por ampararse en la misma, como presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Las acusaciones han cuestionado que goce de tal protección y Pedraz las ha emplazado a exponer sus argumentos por escrito dejando el tema en el aire.

Por otro lado, Malagón ha reaccionado a las acusaciones de «mala fe» vertidas por la defensa para manifestar que «esto no es un tema político», sino una cuestión de Derechos Humanos. «No sé ni dónde está Marruecos», ha remachado, también en declaraciones a la prensa desde la Audiencia Nacional.

El interrogatorio ha durado una hora y media, a pesar de que Ghali solo ha respondido a las cuestiones de su abogado y del Ministerio Público. El juez no ha preguntado. Según Malagón, el presidente de la RASD no se ha quitado la mascarilla «en ningún momento». Y, por su forma de hablar, no parecía tan débil.

Los acusados de asesinar al joven Iván Castro, en un garaje de La Felguera en 2017, Marta R. y Nelson D., han prestado declaración este martes ante el Tribunal y se han acusado mutuamente del asesinato. Ella, Marta R. ha asegurado que no tuvo nada que ver con la muerte de su pareja que asegura la maltrataba. «Soy culpable de encubrir a Nelson, se que eso tendrá un castigo y lo tendré que acatar, pero no soy culpable de nada mas. Nelson se montó una película para implicarme a mí», ha dicho.

Nelson D. por su parte ha manifestado que fue su novia, Marta R. quien le convenció de que la única manera de librarse de Iván, con el que mantenía una «relación tóxica», sería matándolo. «Yo le dije que la ayudaba, y es ella quien decide que hay que hacerlo en el Puente de la Constitución porque habría poca gente«. Por eso ha dicho que lo intentó una primera vez el 6 de diciembre y tras no lograrlo lo vuelve a hacer el día 7, consiguiendo su fin.

«En ese momento estaba trastornado perdido. Vi llegar el coche, Marta me dijo como era el garaje, y donde aparcaba Iván, entro detrás lo espero a que aparque y ella me había dicho lo que tenía que decirle, que unos días antes mi pareja le había rayado el coche, le dije que lo mirase bien y cuando se agacha a verlo saco el arma y cuando se gira le disparo, hago tres disparos y me voy», ha explicado, añadiendo que «no sabe ni donde le pega».

Ha añadido que acto seguido montó en su coche y no sabe ni como consigue salir de La Felguera, hasta que llegó al punto donde lanzó el arma y el teléfono al río. «No se si antes o después de tirar el arma llamo a Paula –una amiga de Marta– y luego a Marta R. y le digo el código que me mandó para decir que estaba muerto, que era ‘quedamos a tomar algo en un bar'», ha relatado.

Después quedó con la acusada y una amiga y no hablaron nada del asunto. «Yo al rato me voy al piso y ya no se que hace ella. Si me dijo que después le mandó mensajes al fallecido porque no se fiaba de que estuviese muerto», relató el acusado que también contó como después de eso siguieron con su vida «ya como pareja estable» aunque ella le sigue presentando a él como amigo.

Ha explicado que si cuando le detuvieron mintió fue para encubrirla a ella, «para salvarla porque la amaba». Dijo que días antes del asesinato la acusada le dijo que estaba embarazada y el niño era suyo y le aseguró que cuando Iván C. le notase la barriga la mataría. «Le ofrecí desaparecer, vender mis taxis y mis bienes e irnos, pero ella decía que su se iban Iván iría a por su padre y lo mataría. Me producía nerviosismo y taquicardias. Una semana después de saber de su embarazo me enseñó una bala que dijo le dio Iván diciéndole que una como esa sería para ella, yo me puse histérico», ha dicho.

El procesado ha asegurado que se enteró de la relación de Marta R. con Iván C. tres meses antes de su fallecimiento. «Fue poco a poco diciéndome que la maltrataba, hasta que me dijo que ojalá se muriese, le dije que iba con ella a denunciarle pero me dice que no, que eso no valía para nada y que si íbamos la iba a matar a ella o a su padre», ha dicho el procesado, que ha indicado que Marta R. le mostró amenazas y le decía que tenía «terror a que Iván le hiciese algo a ella o a su padre».

DECLARACIÓN DE MARTA R.

Por su parte Marta R. ha sido la primera en prestar declaración. La acusada, que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado, Sergio Herrero, ha indicado que Nelson D. sabía donde vivía en Langreo y había visto varias veces fotos de Iván C. y de su coche. Ha negado que dijese a Nelson D. que Iván la quisiera matar. Así mismo ha explicado que, el día del asesinato «sabía que el acusado iba a ver a Iván para decirle que tenían una relación sentimental y pedirle que la dejase tranquila».

«Yo estaba en Oviedo y cuando volvió me dijo que tuvieron un enfrentamiento y se habían torcido las cosas, pero no me dio más explicaciones porque había más gente. Al día siguiente me dijo que lo había matado. Yo me había enterado ya esa noche», ha explicado la procesada que ha añadido que «no sabia que Nelson tenía un arma». «Le vi balas porque una vez me dio un casquillo en la panadería para hacerme un llavero», añadió.

Ha explicado que tras lo sucedido se trasladó a vivir a Oviedo, pero no fue hasta tiempo después que el otro acusado se trasladó a vivir con ella, aunque ha asegurado que no lo sabía casi nadie. «No quería que me juzgasen, que mis padres se avergonzase de mí y además tenía miedo a la policía por tener una relación con la persona que había matado a mi ex pareja», ha dicho la procesada que ha admitido que «que no dijo la verdad para encubrir a Nelson y por miedo a verse implicada», asegurando que «radicalmente no lo está y no sabia lo que iba a pasar.

También ha explicado su relación con el fallecido, que se inicio en 2005 cuando ella tenía 16 años, destacando que su entonces pareja pasó de las contestaciones y malos tonos a las amenazas, hasta que decidió denunciarle por malos tratos cuando llevaban cuatro años viviendo. «Le pusieron una orden de alejamiento pero él no la cumplió», ha dicho Marta R., que ha incidido en que el fallecido fue condenado por el juez.

«Se que puede ser difícil de entender pero como había momentos buenos los malos se olvidaban», ha dicho la procesada para justificar por qué volvió con el fallecido, a pesar de que lo ocultó a sus padres y a muchas de sus amigas por «miedo a que sus padres reaccionasen y por vergüenza de volver con él tras lo vivido».

Ha relatado que cuando volvió con el fallecido en 2016 las cosas empezaron bien pero en 2017 volvieron las amenazas, llegando «encerrarme toda la noche en la terraza». «Era por días, si el estaba bien conmigo bien y si estaba mal iba mal», ha dicho, asegurando que llegaron a pensar en tener un hijo aunque nunca llegó a quedar embarazada. «Cuando mataron a Iván pensaba que estaba embarazada pero un mes después supe que no», ha dicho.

También ha relatado que conoció a Nelson D., el otro acusado, por una compañera de trabajo con la que el procesado mantenía una relación extra matrimonial. Ha explicado que inicio con el una relación de amistad y a finales del verano de 2017 se convirtió en un relación sentimental.

Fiscalía pide para cada uno de los acusados 27 años de prisión, 25 por asesinato y dos por tenencia ilícita de armas, al considerar que existen pruebas suficientes de que ambos se aliaron para asesinar a Iván Castro el 7 de diciembre de 2017. La defensa de Marta R. pide la libre absolución y la de Nelson D. pide una pena de 11 años de cárcel.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado este martes que el PSOE, Unidas Podemos, y el PP han decidido dejar fuera de la Conferencia sobre el futuro de Europa a su partido, pese a ser la tercera fuerza de la Cámara, y que, en cambio han permitido la participación del PNV en ese foro.

Espinosa de los Monteros se ha referido a este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, cuando se le ha preguntado sobre las relaciones de su partido con el PP.

La semana pasada, la Mesa del Congreso acordó encomendar a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) la designación de los cuatro parlamentarios que representarán a las Cortes españolas en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que celebrará su primer encuentro el próximo 19 de junio.

El dirigente de Vox ha señalado que «lo lógico» sería que cada una de esas plazas se repartiera entre los cuatro partidos con más representantes en el Congreso y ha puesto de relieve que, por contra, los partidos del Gobierno de coalición se han aliado con el PP para no incluir a Vox, sino a los nacionalistas vascos. «Esto es lo que han acordado y no tenemos nada más que añadir», ha zanjado.

Los parlamentarios elegidos para representar al Parlamento español se estrenarán el 19 de junio en la Asamblea Plenaria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, compuesta por 108 representantes del Parlamento Europeo, 54 del Consejo Europeo (dos por Estado miembro) y tres de la Comisión Europea, así como 108 representantes de todos los Parlamentos nacionales y otros tantos ciudadanos en nombre de la sociedad civil.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa pretende ser un ejercicio de transparencia con el que las instituciones europeas quieren promover el debate social y escuchar las preocupaciones ciudadanas.

LOS RETOS DE LA CONFERENCIA

En un comunicado conjunto, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE apuntaban como grandes retos las transiciones verde y digital, fortalecer la resiliencia de Europa y su contrato social, y abordar las desigualdades en el seno de la UE para garantizar una Unión justa, sostenible e innovadora.

Este proyecto, con el que las instituciones comunitarias buscan reforzar la legitimidad democrática y el funcionamiento del proyecto europeo, se articulará a través de multitud de debates ciudadanos en los países miembros y de reuniones trasnacionales que la que se empleará una plataforma interactiva multilingüe.

Y un mecanismo de interacción asegurará que las ideas expresadas durante los debates resulten en recomendaciones concretas para dirigir la acción de la UE. De hecho, el resultado final de la Conferencia se presentará en un informe a la Presidencia Conjunta de las tres instituciones europeas, que examinarán cómo hacer un seguimiento eficaz de este informe, «cada una en el ámbito de sus competencias.

El Gobierno se ha reafirmado este martes en la posición defendida por el presidente, Pedro Sánchez, frente a Marruecos tras el duro comunicado publicado por su Ministerio de Exteriores comparando la cuestión del Sáhara con el independentismo catalán, si bien ha reiterado su confianza en que mediante la diplomacia se logre reconducir la situación y la vuelta a la normalidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido que Sánchez expuso «con total claridad la posición» del Gobierno respecto a esta crisis y al «asalto» ocurrido en Ceuta y que no se puede «condicionar» la política exterior de España.

Después de que Rabat criticara en un segundo comunicado las palabras de Sánchez y expresara su sorpresa, «insistimos en que no es admisible que el Gobierno de Marruecos desafíe la frontera y la integridad territorial por discrepancias en política exterior», ha subrayado Montero, incidiendo además en que la postura de España respecto al Sáhara permanece inalterable.

Todo esto no quita, ha dicho la portavoz del Gobierno, que se apueste por una «actitud constructiva» con el país vecino ni impide que haya una «voluntad de que acabe la tensión» puesto que «España quiere y desea mantener una buena relación como siempre» con Marruecos.

VUELTA CUANTO ANTES A LA NORMALIDAD

«Queremos que se vuelva cuanto antes a la normalidad», ha asegurado Montero, apostando por dejar a la «alta diplomacia» hacer su trabajo desde la discreción «para que se puedan reconducir situaciones complejas o malentendidos».

España y Marruecos, ha recalcado la portavoz del Gobierno, son «dos países que se necesitan» tanto por su vecindad como por las fuertes relaciones comerciales y, además, en el caso de Rabat porque España es su principal valedor en la UE.

«Es imprescindible que volvamos a retomar la normalidad entre los dos países, que fue alterada con motivo de un asalto en toda regla que se produjo en nuestra frontera con la llegada 10.000 personas» de forma irregular a Ceuta, ha sostenido, puntualizando que la presión en las fronteras ha disminuido aunque se mantiene la presencia de los cuerpos de seguridad.

ATAQUE A LAS FRONTERAS

Lo ocurrido, según Montero, no fue una crisis migratoria «sino que fue un ataque real a nuestras fronteras» y por tanto el Gobierno tiene la «obligación» de mantener la unidad y la integridad en todo el territorio.

Así las cosas, ha apostado por no decir nada que «pueda dificultar la negociación» que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Exteriores y ha asegurado que la vocación del Gobierno «es de encuentro y entendemos que la de Marruecos también».

Por otra parte, la ministra de Hacienda ha recordado que en España el poder judicial es independiente y por tanto le corresponde a este decidir las medidas que adoptar contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, cuya hospitalización en Logroño para recibir tratamiento contra la COVID-19 fue el detonante de la crisis diplomática.

Ghali ha negado este martes cualquier implicación en las graves violaciones de Derechos Humanos que le atribuyen las dos querellas presentadas en su contra durante la declaración que ha llevado a cabo por vía telemática ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

PIDE A GHALI COLABORAR CON LA JUSTICIA

En este sentido, Montero ha pedido al líder del Polisario que «colabore con la justicia, como ha hecho» hasta ahora, al tiempo que ha dicho que una vez se recupere el Gobierno entiende que «se marchará a su lugar de origen».

Por otra parte, la portavoz del Gobierno ha asegurado que «no le consta» que un avión militar argelino que viajaba presuntamente a España para recoger a Ghali haya dado media vuelta cuando estaba ya cerca de Ibiza.

Asimismo, fuentes del Frente Polisario han desmentido «categóricamente» que este avión tenga algo que ver con el también presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dejado hoy la puerta abierta a la participación del exvicepresidente catalán, condenado por el 1-O, en la Mesa de diálogo con Cataluña.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y al ser preguntada por la posible participación del dirigente de ERC en la citada Mesa ha asegurado que son el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat quienes deben decidir las personas que van a ir en su representación.

En este sentido, ha añadido que no se iban a «adelantar presencias» sin que se haya producido primero la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, pero no ha rechazado en ningún momento que Junqueras pudiera formar parte de esa Mesa de negociación. Se ha limitado a decir que ve prematuro analizar quiénes serán los componentes y que cuando llegue el momento en el que se planteen estas cuestiones, se analizará.

No obstante, también ha añadido que tiene que haber espacio para los Gobiernos y también para los partidos y es bueno que se pueda avanzar en la doble dirección, en relación también a la mesa de partidos que el Gobierno considera que sería bueno que hubiera en el Parlamento catalán para «reconstruir puentes».

Montero también se ha referido al expresidente de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont, para precisar que tendrá que ser juzgado por la Justicia española y por ello mantienen la petición de extradición. La Portavoz del Ejecutivo respondía así al ser preguntada si el Gobierno se plantea también el indulto a Carles Puigdemont.

En este sentido, ha señalado que «no es de recibo que una persona se haya escapado para no hacer frente a ese juicio» y por ello confía en que se produzca la extradición para juzgarle.

REFORMA DE SEDICIÓN, EN PARALELO A LOS INDULTOS

Sin embargo, sí ha admitido que la reforma del Código Penal para reformar el delito de sedición y por la que se está barajando una rebaja de penas, se está trabajando de forma «paralela» a la de los indultos.

No obstante, María Jesús Montero ha precisado que el hecho de que esta reforma se tramite en paralelo a los indultos, no significa que se vaya a llevar a la vez al Consejo de Ministros y ha reiterado la voluntad del Gobierno de homologar la sedición a los delitos recogidos en los Códigos Penales de los países de nuestro entorno, ya que se trata de un delito muy antiguo. «La voluntad es poder tener un ordenamiento jurídico similar a los países de nuestro entorno», ha recalcado.

Sin embargo, es posible que si se produce la extradición de Carles Puigdemont este pueda ser juzgado con la nueva tipificación del delito de sedición, con lo que probablemente saldría beneficiado.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha ratificado la medida sanitaria contenida en la Orden SND/511/2021, del pasado 27 de mayo, por la que se prorroga la exigencia de cuarentena por diez días a los viajeros procedentes de la República de la India con el fin de evitar la propagación de la Covid 19.

En un auto, dado a conocer este martes, los magistrados de la Sección Octava han adoptado esta medida por unanimidad, siguiendo la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia. En decisiones anteriores, dos de los magistrados habían presentado un voto particular por discrepancias con el instrumento jurídico empleado para la ratificación de las medidas.

En el presente caso, la Sala señala que «no cabe duda de que la adopción de la medida reúne el carácter de urgente, pues, como se desprende de la documentación aportada, la muy grave situación de la India y la propia naturaleza diferenciada de la variante desarrollada en dicho continente constituyen elementos suficientes para llegar a tal conclusión».

Añade que la medida también es «idónea», ya que mediante la cuarentena a que se refiere la Orden Ministerial, se consigue evitar y dificultar la propagación. Además, dice la Sala, no constan alternativas menos gravosas para alcanzar sus objetivos y sí aquellas que lo son, como sería el caso de un confinamiento total o por más tiempo, o bien la prohibición de entrada.

DOCUMENTACIÓN DE LA ABOGACÍA

La documentación aportada por el Abogado del Estado constituye, a juicio de la Audiencia, un sólido elemento técnico que avala la corrección de las medidas adoptadas por la Orden Ministerial.

En definitiva, concluye, tal y como señalan el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, la combinación de un prueba diagnóstica de infección activa negativa en las 72 horas previas a la llegada, combinada con un test a la llegada, una cuarentena de diez días de duración, con posibilidad de finalizarla con anterioridad, si al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo, ofrece un equilibrio razonable entre lo exigente de la medida y el riesgo para la salud pública que eventualmente pudiera originarse.

Además, esta aproximación está en sintonía con las recomendaciones de la Unión Europea y de los organismos internacionales de nuestro entorno, indica el auto.

Finalmente debe destacarse, explica la Sala, que, en todo caso, la restricción no es absoluta pues la misma contiene excepciones o un régimen más mitigado, permitiendo realizar las siguientes actividades: a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios y c) Causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, mantendrán esta semana una conversación telefónica para programar su primera reunión presencial, que el jefe del Ejecutivo catalán se ha abierto que sea en La Moncloa.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, Aragonès ha afirmado que no quiere que sea una «llamada de cortesía», sino que empiecen a preparar la primera reunión entre ambos presidentes, como paso previo a poner en marcha la mesa de diálogo.

«No quiero una llamada de cortesía, hay que abordar esta semana cómo preparamos la primera reunión entre los presidentes de España y de Cataluña, y por otro lado poner en marcha la mesa de negociación lo más pronto posible», y ha detallado que hasta ahora las comunicaciones que han tenido con Sánchez han sido de cortesía, por lo que cree que ahora es el momento de abordar el contenido político.

Ha explicado que los equipos de los dos presidentes están buscando cuadrar las agendas para poder tener esta conversación algún día de esta semana y ha señalado que no tienen tampoco la fecha fijada para la reunión presencial.

Después de que Sánchez dijera que recibirá a Aragonès en el Palacio de La Moncloa, el presidente del Govern ha afirmado que ve lógico que, una vez se ha formado el nuevo Ejecutivo catalán, se celebre este encuentro y que no se le «caen los anillos» tener que ir a Madrid.

Sin embargo, ha defendido que lo importante es el contenido de la interlocución con el Gobierno central y ha señalado que le trasladará a Sánchez la necesidad de reactivar la mesa de diálogo lo antes posible para buscar una solución al conflicto y después hay «muchos otros temas» para abordar en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado o en otros órganos.

MESA «DE GOBIERNO A GOBIERNO»

Preguntado si en la mesa de diálogo debería participar el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha contestado que es una mesa «de gobierno a gobierno» y que, una vez haya fecha para el encuentro, el Govern decidirá sus representantes.

Aragonès ha insistido en que lo que quieren es que Junqueras y el resto de presos del 1-O y dirigentes independentistas en el extranjero estén en libertad y puedan participar «en todos los efectos en la vida pública y política», y que por eso reclaman la amnistía.

«Son personas absolutamente comprometidas con la salida negociada de esta situación. Lo tenemos muy presente», y ha reiterado que será el Govern quien decida quién formará parte de la mesa de diálogo una vez haya una fecha para una reunión.

Además, ha concretado que en los próximos días espera comenzar a configurar el Acuerdo Nacional por la Autodeterminación y la Amnistía, que quiere que sea «un punto de encuentro» de todos los sectores de la sociedad catalana favorables a estas dos demandas.