A nueve días del 29N, el Supremo amplió la suspensión del voto a los nacionalizados que viven en España. La Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo extendió el viernes esa suspensión a los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, la conocida como ley de nietos, que residen en territorio nacional, con el voto por correo en marcha desde hace once días.
La decisión llega con las tarjetas censales ya repartidas. Y llega sin explicación: se adoptó en una providencia, una resolución de puro trámite, sin motivación y sin que la única magistrada discrepante pudiera firmar un voto particular.
Qué ha decidido el Supremo y a cuántos votantes deja en el aire
Los autos del 10 de septiembre limitaban la suspensión a los nacionalizados inscritos en el CERA, el censo de los españoles que viven en el extranjero. La Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística, había depurado esa lista hasta algo más de 113.000 personas, descartando errores, menores sin derecho a voto e inscritos antes de que la ley estuviera en vigor.
La providencia notificada el viernes mantiene la suspensión sobre más de 163.000. Traducido: hasta 50.000 personas más se suman a la suspensión sin poder personarse en el procedimiento ni alegar lo que consideren. La medida se adoptó a petición de Vox.
El calendario es el verdadero problema. El plazo para votar por correo arrancó once días antes de la providencia, así que parte de los afectados puede haber emitido ya su papeleta sin saber que su voto está en el aire.
La orden llega con los listados de electores ya impresos y con papeletas por correo en camino, sin margen material para revisarlas una por una.
Fuentes de la Junta Electoral Central advierten de la dificultad de ejecutar la orden. Habría que identificar mesa por mesa a los nuevos afectados para que los miembros de cada colegio les impidan votar y, al cierre de la jornada, comprueben si les ha llegado un voto por correo.
El Supremo abre la puerta a impugnar los resultados del 29N
La Junta Electoral Central vela por la transparencia del proceso. Su advertencia es concreta: los listados de cada colegio ya están impresos y no hay mecanismo previsto para cruzar esas identidades con las mesas. Si alguien suspendido vota igualmente, queda abierta la puerta a impugnar los resultados.
Los personados como demandados hablan de sorpresa y de ligereza. Se suspende un derecho fundamental, el sufragio activo, sobre un número de afectados que la propia providencia no concreta. Y señalan el detalle procesal más incómodo: una medida así debía adoptarse por auto motivado, no por una resolución de trámite.
El texto concede cinco días a las partes para presentar un recurso de reposición. La Sala podría volver a decidir a horas de la apertura de los colegios, con el voto por correo ya en marcha.
El precedente que explica por qué el censo se ha vuelto un laberinto
Hay un precedente inmediato. La suspensión inicial, solo para los inscritos en el CERA, fue uno de los motivos del recurso de amparo que presentó el Defensor del Pueblo, que veía una discriminación: dos personas nacionalizadas por la misma ley recibían trato distinto según vivieran en España o fuera. El Tribunal Constitucional lo inadmitió a trámite por prematuro. Ahora la discriminación desaparece ampliando la suspensión, no levantándola.
Hasta ahora, la Oficina del Censo Electoral había trabajado solo con los inscritos en los registros consulares, no con los residentes en España. Nadie ha cruzado todavía esos listados con las mesas.
Quien pidió la medida fue Vox, que junto al PP ha cuestionado el proceso con la tesis del supuesto pucherazo. Quien la critica —la Junta Electoral Central, el Ministerio Fiscal y los demandados— sostiene que se suspende un derecho fundamental sin motivación y sin escuchar a los afectados. Con ese material, cualquier candidatura que crea que el resultado no le favorece podría recurrir el recuento.
El calendario manda. El plazo de cinco días para el recurso de reposición vence la próxima semana, con el 29N a la vuelta de la esquina. Hasta entonces, estar en el censo no garantiza poder votar.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Supremo extendió el viernes, sin motivación, la suspensión del voto a los nacionalizados por la ley de nietos que residen en España.
- Por qué te importa: A una semana del 29N el censo no está cerrado: más de 163.000 personas tienen su derecho al voto en el aire.
- A quién afecta: A los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, sobre todo a los hasta 50.000 que se suman a la suspensión, y a los votantes por correo.
- Hacia dónde vamos: La Sala tiene cinco días para resolver los recursos de reposición y podría fallar antes de que abran los colegios.



