El real decreto de centros de datos del Gobierno tiene fecha de caducidad si el PP llega a La Moncloa. Los populares prometen derogarlo en el minuto uno y cambiarlo por un marco que ate el despliegue a empleo estable y cualificado.
La norma que el PP quiere tumbar en el minuto uno
La norma se aprobó esta semana en el Consejo de Ministros y se centra en exigencias ambientales y de soberanía digital. La patronal del sector, Spain DC, sostiene que esas condiciones son 'imposibles de cumplir'. El Ejecutivo ya había vinculado antes la instalación de los centros de datos a criterios socioeconómicos, empleo incluido, pero de forma indirecta y solo en los nudos de la red reservados a concurso, es decir, los puntos más tensionados del sistema.
El PP de Alberto Núñez Feijóo trabaja ya en un marco alternativo. La idea es obtener de gigantes como Microsoft, Amazon, Meta o Google, que ya han anunciado inversiones millonarias en España, un compromiso equivalente con el empleo de larga duración. Traducido: que su huella no se limite a contratar albañiles, encofradores o electricistas durante las obras.
En la fase de madurez de las instalaciones, ese empleo debería traducirse en centros de innovación, laboratorios de I+D u otras actividades capaces de sostener la plantilla, preferiblemente en las regiones que acogen los proyectos. 'No nos podemos conformar con acoger centros de datos', aseguran en la formación, sino que estas infraestructuras tienen que derivar en 'un ecosistema de innovación, en centros de alta cualificación'.
¿. 'El decreto de Pedro Sánchez supone la aniquilación del sector por motivos ideológicos. La derogaremos en uno de los primeros consejos de ministros, en cuanto formemos Gobierno'.
Aragón: 9.200 empleos de obra que quedan en 2.170
Aragón es el mejor termómetro del desfase. El Gobierno de Jorge Azcón cifra en más de 52.600 millones la inversión comprometida por los centros de datos en la comunidad. Las nueve Declaraciones de Interés Autonómico —el trámite con el que la región declara estratégico un proyecto y agiliza su tramitación— suman unos 9.200 trabajadores durante las obras y apenas 2.170 cuando las instalaciones estén operativas.
Menos de uno de cada cuatro puestos que generan los centros de datos en Aragón sobrevive a la fase de obras.
Hay casos extremos. El campus Epilón de Box2Bit, en Épila, mueve 3.900 millones y ocupará a 550 personas mientras se construye y a 63 cuando funcione: casi 62 millones por cada puesto de operación. El proyecto Rodhes, en Calatorao, movilizará 11.800 millones para 200 empleos directos de operación y mantenimiento. La ampliación de AWS eleva su apuesta en la comunidad a 33.700 millones, con 4.000 empleos directos repartidos en una década.
Queda otra arista que también toca al ciudadano: la conexión a la red eléctrica. España compite por engancharse a una red tensionada y el Gobierno rompió el criterio de que el primero en llegar es el primero en conectarse, reservando parte de los nudos a concurso. Para los territorios que ya han recibido miles de millones, la pregunta es si esos proyectos dejan plantilla fija o solo obras.
Australia ya lo puso por escrito y Europa eligió los pactos
No es una idea inédita. Australia aprobó en marzo un marco de 'expectativas' para centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial que condicionaba la licencia social de los proyectos (su aceptación pública) y su prioridad en la tramitación a cinco compromisos, entre ellos invertir en empleo y formación locales. 'Junto a la adicionalidad energética —que la infraestructura sume capacidad nueva al sistema—, esperamos adicionalidad en capacidades', resumió el ministro de Industria australiano, Tim Ayres.
Europa ha preferido la lógica del pacto voluntario. En la cumbre Choose France de 2024, París logró que Microsoft comprometiera 4.000 millones de euros, un paquete que incluía ampliar sus centros de datos, formar en IA a un millón de personas hasta 2027 y apoyar a 2.500 startups locales. Reino Unido reunió en 2025 a una decena de gigantes, de Amazon a Google, con el objetivo de formar en IA a 7,5 millones de trabajadores de aquí a 2030.
Está por ver cómo aterriza el PP ese compromiso en una negociación con empresas que han mostrado aversión a cualquier amago de control regulatorio dentro y fuera de Europa. De momento manda el calendario: las elecciones del 29 de noviembre deciden si hay derogación, y el primer Consejo de Ministros posterior a la investidura sería el escenario elegido por los populares para aprobarla.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Consejo de Ministros aprobó esta semana el real decreto de centros de datos y el PP anuncia que lo derogará en el minuto uno si gobierna.
- Por qué te importa: Estas instalaciones generan empleo sobre todo durante las obras; al entrar en operación, la plantilla cae a menos de uno de cada cuatro puestos.
- A quién afecta: A las regiones que acogen los proyectos, como Aragón, y a los trabajadores de unas infraestructuras con miles de millones comprometidos.
- Hacia dónde vamos: El PP promete un marco que ligue el despliegue a empleo duradero y las elecciones del 29 de noviembre determinarán si puede aplicarlo.



