Amnistía Internacional cifra en más de 60 los casos de violencia policial del 11-N y pide una ley de uso de la fuerza

La organización documenta golpes de porra en la cabeza, espray pimienta y pelotas de goma disparadas por la espalda durante la protesta del 11 de noviembre. Reclama una ley que regule el uso de la fuerza y que las investigaciones lleguen a la cadena de mando.

Amnistía Internacional ha documentado 61 casos de violencia policial durante la huelga por la vivienda del 11-N. Golpes de porra en la cabeza, pelotas de goma disparadas por la espalda y espray pimienta a corta distancia contra personas que no suponían una amenaza.

El informe se ha hecho público este 20 de noviembre y no se apoya solo en testimonios: Amnistía Internacional desplegó equipos de observación por el país, revisó material audiovisual de la jornada y realizó 24 entrevistas. Amnistía habla de un patrón repetido durante el último año, no de un exceso puntual.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 8/10. Documenta 61 casos de uso excesivo de la fuerza en una sola jornada de protesta y coloca sobre la mesa si España necesita una ley que fije cómo puede actuar la policía.

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Qué ha documentado Amnistía Internacional

La fuerza se aplicó sobre personas que no estaban atacando. El informe recoge golpes de porra contra manifestantes pacíficos y periodistas que no representaban una amenaza, muchos en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, y contra gente de espaldas que se alejaba. Las pelotas de goma se dispararon por la espalda.

Un caso concreto es el de Miguel García, de 26 años, en la calle Leganitos de Madrid. Según su relato, quedó atrapado entre dos unidades policiales, una que subía desde Plaza España y otra que bajaba desde Callao, y oyó a un agente gritar '¡ahora qué, valientes!'. Se pegó a una pared para dejar claro que no quería pelea. Denuncia tres golpes de porra: en la pierna, en la cara y, ya de espaldas, en el glúteo.

En el vídeo de la escena se ve a un agente disparando una pelota de goma en horizontal, a muy corta distancia, contra un grupo que se retiraba de espaldas. El informe también registra espray pimienta usado de forma indiscriminada y botes de gas lacrimógeno contra una multitud pacífica que acabó encapsulada.

La denuncia no se queda en un agente concreto: el informe cuestiona los protocolos, la formación y el marco legal que ordena la actuación policial.

Una joven de 26 años que prefiere no identificarse se refugió en el metro al ver a los antidisturbios preparados para cargar en Gran Vía. El humo le llegó dentro y le provocó picor de nariz y boca. Pidió a los agentes que la dejaran salir a buscar a una amiga herida y, según su testimonio, uno le respondió: 'Si la hemos pegado es porque, a lo mejor, se lo merecía'.

Qué ha ordenado el ministro del Interior

Las denuncias de aquella jornada llevaron a organizaciones y partidos a pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministro ordenó investigar las incidencias y dio instrucciones para dejar de usar gases lacrimógenos en las protestas.

Amnistía valora el anuncio como un primer paso positivo, pero insuficiente. Porras, pelotas de goma, espray pimienta y gases deben revisarse en tres frentes: su idoneidad en el contexto de una protesta, los protocolos de uso y la formación de los agentes. Exige, además, investigaciones independientes que alcancen a la cadena de mando y conclusiones públicas y detalladas.

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Por qué la Ley Mordaza sigue en el centro del debate

El telón de fondo que señala Amnistía es la vigente Ley Mordaza, oficialmente Ley de Seguridad Ciudadana, cuya derogación prometió el Gobierno y que sigue sin tramitarse en esta legislatura, según la organización. La norma que regula las manifestaciones sigue siendo la de 2015.

En el plano político, Amnistía valora que partidos como el PSOE, Podemos, el PNV, EH-Bildu o ERC, entre otros, incluyan medidas contra la criminalización de la protesta y para reformar esa ley. Su petición para la próxima legislatura es que se regule el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Una instrucción interna no equivale a una ley, sostiene la organización.

El primer examen será si las investigaciones ordenadas por Interior se publican con detalle. El segundo, si la regulación del uso de la fuerza llega con rango de ley o se queda en otra instrucción interna.

📌 En claves: lo que debes saber

  • Qué ha pasado: Amnistía Internacional ha documentado 61 casos de uso excesivo de la fuerza policial durante la huelga por la vivienda del 11-N.
  • Por qué te importa: El informe pide una ley que fije cómo puede actuar la policía en las protestas, un debate que afecta al derecho a manifestarse.
  • A quién afecta: Manifestantes, periodistas y cualquier persona que salga a la calle, además de los cuerpos policiales que aplican los protocolos.
  • Hacia dónde vamos: Interior investiga lo ocurrido y la derogación de la Ley Mordaza sigue pendiente, sin trámite en esta legislatura.
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