Impuestos, salarios y vivienda: Las cifras que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acertaron y las que manipularon en el cara a cara, según expertos

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dejó numerosos reproches y cifras que no siempre reflejaron con precisión la realidad. Las afirmaciones sobre vivienda, desahucios, impuestos, apartamentos turísticos y salarios necesitaron correcciones o explicaciones adicionales, mientras que los dos candidatos defendieron sus propuestas sobre pensiones, inmigración y seguridad.

El debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dejó numerosos enfrentamientos sobre vivienda, impuestos, salarios y gestión pública, pero también afirmaciones que no se ajustaban completamente a los datos disponibles. El encuentro, celebrado antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, estuvo marcado por reproches sobre los compromisos incumplidos, las dificultades económicas de los ciudadanos y la actuación del Gobierno ante diferentes crisis.

La vivienda abrió una discusión en la que ambos candidatos recurrieron a cifras para defender sus respectivos modelos. Sin embargo, algunas de las cantidades expuestas mezclaban objetivos con resultados, mientras otras necesitaban matices para comprender su alcance. La recaudación fiscal, el poder adquisitivo de los trabajadores y el mercado del alquiler también protagonizaron varios de los momentos más controvertidos. La información publicada por El País permite contrastar algunas de las declaraciones realizadas durante el cara a cara y distinguir entre afirmaciones falsas, datos descontextualizados y argumentos que, aunque contienen una base real, no reflejan toda la situación.

Pedro Sánchez y Feijóo protagonizan un debate marcado por las cifras

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participaron este jueves en el único debate cara a cara previsto antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El encuentro, organizado por la Academia de la Televisión y moderado por María Casado, estuvo condicionado por los principales problemas que afectan a los ciudadanos y por las acusaciones cruzadas entre ambos dirigentes.

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La crisis de la vivienda centró buena parte de la discusión, especialmente después de que el rechazo en el Congreso a dos decretos del Ejecutivo precipitara la convocatoria electoral. Feijóo cuestionó los resultados de la política habitacional de Sánchez, mientras el presidente defendió las medidas aprobadas y responsabilizó al PP de dificultar su aplicación en las instituciones y comunidades autónomas donde tiene representación.

El candidato popular también sacó a relucir los desahucios, el encarecimiento de la compra de viviendas y los alquileres, además de recordar el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años fallecida después de ser desahuciada en Madrid. Según Feijóo, durante la legislatura se habían producido 276.000 desahucios, una media de 90 diarios, y los precios de compra y alquiler habían aumentado un 74 % y un 45 %, respectivamente.

Pedro Sánchez defendió que la regulación del mercado inmobiliario es necesaria y advirtió de que eliminar las restricciones agravaría las dificultades de acceso a una vivienda. La discusión dejó varias afirmaciones que requieren revisar los datos antes de asumirlas como ciertas.

Las viviendas prometidas y las que realmente se han terminado

Uno de los reproches de Feijóo a Pedro Sánchez fue el incumplimiento de la promesa de habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. El presidente había anunciado que se utilizarían todos los recursos del Estado para alcanzar esa cifra durante la legislatura. Sin embargo, los registros del Observatorio de Vivienda y Suelo muestran que entre el primer trimestre de 2023 y el segundo de 2026 se finalizaron 47.346 viviendas protegidas. La cantidad está muy lejos del compromiso inicial, aunque tampoco coincide con las 540 viviendas que Feijóo atribuyó al Ejecutivo.

Ese último número procede de sumar las promociones cuya entrega había comunicado el Gobierno mediante diferentes anuncios, entre ellas las de Sevilla, Cubelles y Lebrija. No existe, sin embargo, un registro centralizado de La Moncloa que permita contabilizar de forma completa las viviendas efectivamente entregadas, por lo que tampoco puede tomarse esa cifra como el resultado definitivo de la política pública.

Pedro Sánchez aseguró además que durante los últimos ocho años se había rehabilitado más de medio millón de viviendas. La afirmación necesita contexto porque el programa de recuperación residencial presentado en 2021 contemplaba 510.000 actuaciones, pero el dato mencionado durante el debate mezcla objetivos, ayudas concedidas y trabajos que todavía no habían terminado.

Según los datos de El País, esto tampoco se ajusta a la realidad la afirmación de que se construyó un millón de viviendas y el 13 % eran protegidas. En ese periodo se iniciaron 989.533 inmuebles, una cantidad cercana al millón, pero se terminaron 749.987. De ellos, 90.005 obtuvieron la calificación definitiva de vivienda protegida, aproximadamente el 12 %.

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El alquiler en Barcelona y los desahucios contradicen parte del discurso del PP

El alquiler en Barcelona y los desahucios contradicen parte del discurso del PP
El alquiler en Barcelona y los desahucios contradicen parte del discurso del PP - RTVE

Feijóo sostuvo que la oferta de alquiler en Barcelona había caído un 69 % y que los desahucios habían aumentado hasta triplicar los registrados en Madrid. Los datos disponibles no respaldan esas afirmaciones en los términos planteados durante el debate.

El Instituto Catalán del Suelo, organismo de la Generalitat encargado de registrar las fianzas de los alquileres, contabilizó 26.449 contratos nuevos entre marzo y junio. Es una cifra inferior a los 30.000 y 40.000 contratos que se registraban anteriormente, pero esa reducción no demuestra por sí misma que la oferta de viviendas haya disminuido un 69 %.

La ralentización del mercado también está relacionada con los límites de los alquileres, que pueden desincentivar a los propietarios a cambiar de inquilinos. Por tanto, los datos no permiten presentar el porcentaje utilizado por Feijóo como una caída acreditada de la oferta.

La comparación de los desahucios tampoco es correcta. En Cataluña se ejecutaron 6.814 durante 2025, un 7 % menos que el año anterior, mientras que en Madrid se registraron 2.267, una reducción del 17 %. Ambas comunidades experimentaron descensos, por lo que no se sostiene el argumento de que los lanzamientos hayan aumentado en Barcelona hasta triplicar los de Madrid.

Pedro Sánchez también recurrió a una cantidad concreta al defender la regulación de los alquileres. Aseguró que los vecinos de Madrid y Valencia podrían ahorrarse 500 euros mensuales si se aplicara la ley estatal de vivienda. No obstante, la normativa permite establecer límites en las zonas declaradas tensionadas, pero no fija una reducción automática de esa cantidad.

En determinados barrios de ambas ciudades, la diferencia entre un contrato antiguo y el precio de una vivienda similar anunciada actualmente puede superar los 400 o 500 euros. Eso no significa que la ley garantice ese ahorro a todos los inquilinos, por lo que la afirmación del presidente necesita matices.

Los apartamentos turísticos representan más del 1 % del parque residencial

El mercado turístico también apareció en el intercambio entre ambos candidatos. Feijóo aseguró que los apartamentos turísticos suponían el 1 % del total de viviendas, una cifra próxima a la estadística nacional, aunque insuficiente para explicar su impacto en determinadas ciudades. Según el Instituto Nacional de Estadística, en junio de 2026 las viviendas turísticas representaban el 1,28 % del parque residencial censado. El dato permite situar su peso en el conjunto del país, pero la distribución no es homogénea y existen zonas donde la concentración es considerablemente superior.

En algunos distritos de grandes ciudades, estos inmuebles superan el 10 % de las viviendas y, en determinadas calles, alcanzan más del 30 %. Marbella encabeza la clasificación de municipios de más de 100.000 habitantes con mayor proporción de secciones censales donde más del 5 % de las viviendas se destinan a visitantes, con un 30 %.

Cádiz registra un 22 % y Málaga un 12 % en ese indicador. También hay zonas céntricas de Granada, Córdoba y Sevilla donde más del 10 % del parque residencial está destinado al turismo. En Madrid, el distrito Centro reúne más de 8.000 pisos turísticos, equivalentes al 9,3 % de sus viviendas. Por eso, aunque el porcentaje nacional mencionado por Feijóo se aproxima a la estadística oficial, no permite conocer la presión que estos alojamientos ejercen en los barrios con mayor concentración. El dato general necesita acompañarse de información territorial para entender el problema.

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Pedro Sánchez y Feijóo discrepan sobre impuestos y poder adquisitivo

La política fiscal fue otro de los momentos de mayor tensión. Feijóo acusó al Gobierno de haber subido los impuestos más de cien veces y de incrementar la recaudación en 220.000 millones de euros. La afirmación, sin embargo, se basa en un cálculo que presenta importantes problemas metodológicos.

El Instituto Juan de Mariana, de orientación liberal, publica un informe que contabiliza tanto impuestos como cotizaciones e incluye medidas que no necesariamente constituyen subidas fiscales. Entre ellas figura la falta de deflactación de determinados tramos de renta, que se contabiliza como incremento y se multiplica según los distintos niveles impositivos. También incluye el fin de algunas rebajas extraordinarias aprobadas durante las crisis inflacionarias.

La cifra de más de cien subidas, por tanto, no representa necesariamente un centenar de aumentos efectivos aprobados por el Ejecutivo. El Gobierno sostiene que, utilizando esa misma metodología, el PP de Mariano Rajoy habría incrementado los impuestos en 137 ocasiones. Los ingresos tributarios sí han alcanzado máximos históricos, impulsados por el crecimiento económico, la evolución del empleo y la inflación. En 2026, la recaudación estatal llegó a 325.355 millones de euros, un 56 % más que en 2018. El incremento fue de 116.671 millones, no de 220.000 millones.

La cifra defendida por Feijóo se aproxima más al resultado de sumar los ingresos fiscales y las cotizaciones del conjunto de las administraciones. En 2025, ese total alcanzó 641.488 millones, lo que supone 217.975 millones más que en 2018.

También hubo discrepancias sobre los salarios. El líder popular afirmó que el salario medio neto había perdido un 3,8 % de poder adquisitivo, pero no especificó el periodo al que se refería. Los datos utilizados para calcular el salario medio neto en España son estimaciones, puesto que las estadísticas oficiales del INE y la Agencia Tributaria publican principalmente cifras brutas.

La estimación de los expertos que asesoran sobre el salario mínimo sitúa el salario medio neto en 27.349 euros anuales en 2026, frente a los 23.499 euros calculados a partir de la encuesta salarial de 2022. El aumento nominal es del 16,4 %, mientras que la inflación acumulada en ese periodo alcanza el 13,9 %. La diferencia supone una ganancia de poder adquisitivo de 2,5 puntos en los últimos cuatro años.

No obstante, existe un informe del Instituto Juan de Mariana que calcula una pérdida del 3,8 % desde 2018, utilizando datos del INE, Hacienda y Seguridad Social y una variación del IPC entre marzo de 2018 y junio de 2026. El resultado de Feijóo coincide con ese estudio, aunque no representa la única estimación disponible.

Pensiones, inmigración y accidentes ferroviarios también enfrentaron a los candidatos

El debate no se limitó a la economía. Feijóo defendió reducir la carga fiscal, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC, proteger el sistema público para los jóvenes y rebajar el IRPF de los pensionistas. También criticó la falta de Presupuestos Generales. Pedro Sánchez propuso un acuerdo con el PP para blindar las pensiones mediante una reforma constitucional. Además, planteó rebajas fiscales para dos millones de familias con menores e incrementar los impuestos a grandes corporaciones, grandes fortunas y fondos buitre. El presidente reivindicó el modelo socialdemócrata, el descenso de la deuda pública y reclamó a Feijóo que aclarase si mantendría las subidas del salario mínimo.

La inmigración enfrentó nuevamente a ambos dirigentes. Feijóo acusó al Gobierno de convertir España en “el faro de la inmigración irregular”, citó las situaciones de Ceuta y Canarias y defendió un sistema de visados por puntos para ordenar la llegada de extranjeros. Sánchez respondió que la inmigración irregular había disminuido un 21 % desde 2018 y recordó el peso de los ciudadanos procedentes de Latinoamérica.

El presidente rechazó la creación de centros de deportación fuera de Europa, calificándola de error y “falta de humanidad”. También defendió la contribución de la población extranjera al mercado laboral, especialmente ante el envejecimiento demográfico, y anunció la ampliación de los permisos por nacimiento hasta las 19 semanas.

La seguridad ferroviaria cerró otro de los bloques más tensos. Feijóo exigió disculpas por los accidentes de Adamuz y Urda, que dejaron más de un centenar de fallecidos, cuestionó la presencia de Sánchez en los funerales y criticó su participación en un mitin poco después de la tragedia. También planteó acusaciones relacionadas con el Ministerio de Transportes.

Pedro Sánchez aseguró que pediría perdón a las familias si era necesario, afirmó que compartía su dolor y defendió que la obligación del Ejecutivo era acompañarlas y “decir la verdad”. Además, rechazó las acusaciones de financiación irregular y pidió al líder popular que no difundiera señalamientos contra su entorno familiar.

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