El Supremo ha suspendido el voto de 160.000 españoles en el exterior y Vox ya lo usa como prueba del 'pucherazo'.
Es una decisión cautelar y afecta al censo de residentes ausentes, a unas semanas de las elecciones generales del 29-N. El relato del fraude electoral ha pasado del mitin a la agenda institucional, y no por un tuit suelto: lo ampara, en parte, una resolución judicial.
Qué ha decidido el Supremo (y a quién deja sin voto)
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar el derecho de sufragio de más de 160.000 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Lo ha hecho a petición de Vox y con un aviso llamativo: existe, dice la resolución, un 'peligro fundado, real y serio' de alterar 'el resultado deseado por los españoles en unos futuros comicios'.
Traducido: el tribunal da por posibles irregularidades en la nacionalidad de esos votantes. Se refiere a los hijos y nietos de exiliados que obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos, la vía abierta en 2022 por la Ley de Memoria Democrática. La suspensión se adoptó sin que las personas afectadas pudieran defenderse ante el tribunal.
Los números ayudan a medir el caso. Esos inscritos representan el 0,4% del censo electoral total, de unos 35,7 millones de personas. Según comicios anteriores, su participación no superaría el 0,06% de los más de 25 millones de sufragios previstos. El Supremo mira al CERA, pero no al censo general, que ha crecido más de 700.000 personas.
Cómo el bulo ha entrado en la agenda institucional
El marco lo puso la Junta Electoral Central (JEC). Cuando Vox y otras formaciones le pidieron que se pronunciara sobre la nacionalidad por la ley de nietos, el organismo respondió que no está entre sus competencias pronunciarse sobre la nacionalidad. Recordó, además, que el artículo 68.5 de la Constitución reconoce como electores a todos los españoles en pleno uso de sus derechos políticos.
La suspensión es cautelar y afecta al 0,4% del censo, pero ya ha metido el debate sobre la limpieza electoral en plena campaña.
Ese criterio es ahora el cuestionado. La JEC la forman ocho magistrados del Tribunal Supremo y cinco catedráticos, y su presidente, Eduardo Calvo, y su vicepresidenta, Pilar Teso, pertenecen a la misma Sala que ha puesto en duda su criterio.
La difusión del bulo también es política. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió esta semana que 'a nadie se le ocurra votar por correo'. Su partido ha seguido esa línea: Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que pedirá a la JEC 'medidas adicionales' para el voto postal, y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha amplificado la sospecha.
Conviene recordar qué se juega. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) castiga con hasta siete años de cárcel a quien cambie sobres o papeletas, altere el censo o cometa cualquier falsedad que modifique el resultado. Las objeciones de PP y Vox se disolverían si, como apuntan las encuestas, ganan las elecciones. La duda queda abierta para el escenario contrario.
Dos precedentes que acabaron en asalto
El guion del fraude sin pruebas tiene antecedentes recientes y ninguno terminó bien. Donald Trump sembró en 2020 dudas sobre el sistema electoral que dio la victoria a Joe Biden; el resultado fue el asalto al Capitolio, en Washington. Dos años después, Jair Bolsonaro alertó de un supuesto fraude en las elecciones brasileñas de 2022, ganadas por Lula da Silva, y sus simpatizantes asaltaron el Congreso de Brasilia el 8 de enero de 2023.
En España no ha habido una revuelta de ese tipo. Pero el mecanismo es similar: cuando un bulo entra en la agenda de las instituciones, el resultado electoral queda bajo sospecha. En la JEC advierten de que, si los afectados recurren al Tribunal Constitucional y este les devuelve el voto, ya será tarde. 'El daño ya está hecho', sostienen.
El caso sigue abierto. La suspensión es cautelar, no definitiva, y los afectados pueden acudir al Constitucional. Mientras se resuelve, la campaña del 29-N ya tiene uno de sus ejes: la limpieza del voto por correo y del censo. Lo que decidan las urnas y los tribunales marcará si el bulo se queda en ruido o se convierte en un problema estructural.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el voto de más de 160.000 españoles en el exterior a petición de Vox.
- Por qué te importa: El relato del fraude entra en campaña y pone en duda la limpieza del voto por correo y del censo.
- A quién afecta: A los inscritos en el CERA, hijos y nietos de exiliados nacionalizados por la ley de nietos.
- Hacia dónde vamos: La suspensión es cautelar; los afectados pueden recurrir al Constitucional antes de las generales del 29-N.
