Ignacio González afronta su primer juicio oral. El expresidente de la Comunidad de Madrid se sienta por primera vez en el banquillo de la Audiencia Nacional por una pieza del caso Lezo, la trama de corrupción que hace una década se llevó por delante a varios cargos del PP madrileño.
Del parque prometido al campo de golf
El origen está en un parque que nunca llegó. En 2003, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid pusieron la primera piedra del futuro parque de Islas Filipinas, sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II, en Chamberí. El barrio, el que menos zonas verdes tenía por habitante de la ciudad, esperaba 118.547 metros cuadrados de jardines. Tres años después, cuando tocaba abrir, el Ejecutivo regional cambió de plan: la única zona verde que verían los vecinos sería un campo de golf de nueve hoyos.
Ese giro obligaba, por su magnitud —un 37,9% más sobre el presupuesto inicial—, a convocar un nuevo concurso público. Según el auto de apertura de juicio oral del magistrado Manuel García-Castellón, no se hizo. González y el entonces director gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, tramitaron las modificaciones 'indebidamente' mediante un modificado, una variación formal del contrato que garantizaba la adjudicación directa a Dragados.
A cambio, según la Fiscalía Anticorrupción, la constructora debía subcontratar trabajos a Tecnoconcret (TCT), una firma cuyos 'auténticos partícipes' eran, además de su administrador único, el hermano y el cuñado del expresidente. La empresa se embolsó 381.029 euros por una intermediación que el juez tilda de innecesaria.
Y hubo una segunda vía. En diciembre de 2006, el consejo de administración del Canal adjudicó la gestión del campo a una unión temporal de empresas en la que también participaba TCT. Entre 2007 y 2012, la firma ligada a la familia sumó otros 123.751 euros de beneficio, siempre según el escrito de acusación.
El juez y Anticorrupción sostienen que la empresa de los familiares del expresidente no tenía medios propios y aun así facturó medio millón de euros.
Ocho sesiones y una testigo de peso: Esperanza Aguirre
El juicio se ha planificado en ocho sesiones y cerca de medio centenar de testimonios, según el guion que la Audiencia Nacional ha facilitado a las partes. Entre los citados está la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que declarará como testigo, con obligación de decir la verdad, el miércoles 21 de octubre.
En el banquillo, junto a González y De Miguel, se sentará parte de su familia: su hermano y su cuñado figuran entre los beneficiarios de Tecnoconcret. La Fiscalía pide seis años de cárcel para todos los acusados por un delito de cohecho, una petición que podría rebajar durante la vista.
No es la primera vez que esta trama llega a los tribunales, pero sí la primera en la que González se sienta como acusado. Antes, hasta tres denuncias de vecinos de Chamberí chocaron contra el entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, que las archivó sin apenas diligencias, según ha documentado infoLibre.
El precedente que ya marca el paso del juicio
La referencia más cercana está en la propia macrocausa. En el primer juicio de Lezo, centrado en la compra de la colombiana Inassa por parte del Canal, la Fiscalía rebajó recientemente de siete a cuatro años y medio las condenas que pedía, al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas, el retraso injustificado de un procedimiento. Anticorrupción podría aplicar el mismo criterio en esta pieza.
El sumario se abrió hace más de una década, y esos años de tramitación suelen traducirse en rebajas de pena. La acusación lo atribuye a la lentitud de la justicia; las defensas, a que las imputaciones pierden fuerza con el tiempo.
Con esta vista, el caso Lezo suma otra cita judicial casi dos décadas después de que una revista destapara las conexiones familiares. Las próximas semanas dirán si la petición de seis años se mantiene y si el paso de González por el banquillo se queda en esta pieza o anticipa nuevas causas.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Ignacio González se sienta por primera vez como acusado en la Audiencia Nacional por una pieza del caso Lezo ligada a un campo de golf en Chamberí.
- Por qué te importa: El juez sostiene que una empresa pública pagó de más a firmas vinculadas a la familia del expresidente, y el dinero salía del bolsillo de todos.
- A quién afecta: A los vecinos de Chamberí, que perdieron el parque prometido, y al conjunto de los contribuyentes madrileños.
- Hacia dónde vamos: El juicio dura ocho sesiones, con Aguirre como testigo el 21 de octubre. La Fiscalía pide seis años de prisión.
