Pedro Sánchez anunció este lunes, en una declaración institucional desde La Moncloa, que disuelve las Cortes y convoca elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. La decisión llega tres días después de que el Congreso tumbara, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, los dos decretos de vivienda con los que el Gobierno pretendía prorrogar los contratos de alquiler que vencían este año, limitar las rentas y frenar los desahucios de personas vulnerables.
La legislatura ha saltado por los aires, por tanto, a cuenta del asunto que más divide hoy a los españoles según su fecha de nacimiento. A pocos metros del Congreso, la acampada de la Puerta del Sol ya se organiza en comités de barrio para empujar una huelga general por la vivienda, mientras buena parte del electorado de más edad mira hacia el lado de la balanza, el de la nómina de la pensión y la lista de espera del hospital.
En cualquier caso, es la vivienda lo que encabeza los problemas del país en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde diciembre de 2024. En mayo marcó un récord cercano al 50 % de menciones y en el último sondeo, el de septiembre, la citaba el 37,5 % de los encuestados. Ese promedio, sin embargo, disimula una fractura de edad muy marcada. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 51,1 % sitúa la vivienda entre sus principales problemas personales, según el último Observatorio de Tendencias Sociales de Opina 360, un porcentaje que va menguando conforme aumenta la edad de los entrevistados.
Una generación que trabaja para el alquiler
Las cifras del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), con datos de cierre de 2025, ayudan a entender por qué. Solo el 14,5 % de los jóvenes vive fuera del hogar familiar, el nivel más bajo desde que existen registros, y la edad estimada para independizarse se ha ido ya a los 30,2 años. El alquiler medio ronda los 1.176 euros mensuales, el equivalente al 98,7 % del salario medio de una persona joven, lo que en la práctica convierte la emancipación en solitario en una quimera incluso para quien tiene contrato. De ahí que el 86,6% de la juventud española siga en casa de sus padres o dependa de sus recursos, frente al 68% de media en la Unión Europea.
Quien da el paso lo paga caro. El mismo informe calcula que el riesgo de pobreza de los jóvenes que viven de alquiler salta del 25,9 % al 43 % una vez descontado lo que pagan por la vivienda. Ni siquiera la formación sirve ya de salvoconducto, porque apenas el 20,4 % de los jóvenes con estudios universitarios ha logrado emanciparse. El título abre puertas en el mercado laboral, pero no las de un piso.
En cuanto a la precariedad, la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre situó el paro general en el 9,87 %, el nivel más bajo desde 2008, pero entre los menores de 25 años la tasa se mantiene en el 23,77 %, con 460.000 jóvenes desempleados. Eurostat cifraba en mayo el desempleo juvenil de la Unión Europea en el 15,2 %, más de ocho puntos por debajo.
A ello se suma la sobrecualificación, que el CJE estimaba en el 36,2 % de los jóvenes ocupados en su informe de agosto de 2025. Para este electorado, los topes al alquiler, el parque público de vivienda o la regulación de los pisos turísticos serán el principal filtro con el que medir a los partidos en las elecciones del 29N.
Pensiones, sanidad y el peso de las elecciones
Al otro lado de la calle, las prioridades se ordenan de otra manera. Las pensiones contributivas se revalorizaron un 2,7 % en enero, conforme al IPC medio, lo que supone unos 572 euros más al año para la pensión media de jubilación, que ronda ya los 1.550 euros mensuales y cobran más de 6,5 millones de personas, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Las mínimas subieron un 7,07 % en los hogares unipersonales y un 11,4 % en el caso de las pensiones con cónyuge a cargo, el mismo porcentaje aplicado a las no contributivas. Es el quinto año consecutivo en que la actualización sigue al IPC en virtud de la ley de garantía del poder adquisitivo aprobada en 2021, y cualquier propuesta que cuestione ese automatismo se topa con una línea roja para buena parte del votante sénior.
La sanidad es la otra gran inquietud de los mayores. En el barómetro del CIS de septiembre, el 20,1 % de los encuestados la situó entre los problemas que más le afectan personalmente, en tercera posición, aunque cuando se pregunta por los males del país desciende al octavo lugar, con un 11,1 %.
Esa distancia entre lo que se vive y lo que se percibe pesa sobre todo en quienes más pisan las consultas y los quirófanos. El último informe del Ministerio de Sanidad, con datos de cierre de 2025, contabilizaba 853.740 pacientes en lista de espera quirúrgica y una demora media de 122 días, con extremos que van de los 50 días de la Comunidad de Madrid a los 173 de Andalucía. Para ver al traumatólogo hay que aguardar de media 132 días, y procesos muy ligados a la edad, como la hipertrofia benigna de próstata, rondan los cuatro meses de espera.
Lo que da a estas demandas un peso desproporcionado es la aritmética electoral. Con datos del INE de las generales de 2023, los mayores de 65 años rondaban el 26 % del censo, unos nueve millones de personas, y los mayores de 55 superaban el 44 %. En la antesala de aquellos comicios, el CIS detectaba que solo el 40 % de los votantes jóvenes aseguraba que iría a votar, frente al 80 % de los sénior. En provincias muy envejecidas, como Ourense o Zamora, cuatro de cada diez habitantes superan los 65 años, y allí el reparto de escaños depende en gran medida de ese electorado.
Esa composición se refleja en el mapa del voto desde hace un par de años. Un análisis de El Electoral publicado en abril de 2025 situaba al PSOE en el 44 % de intención de voto entre los electores de 65 a 74 años, con 16 puntos de ventaja sobre el PP, mientras Vox crecía sobre todo entre los menores de 45 años y los populares conservaban su liderazgo en la franja de 35 a 64. La campaña obligará a todos ellos a dirigirse a la vez a dos electorados que reclaman cosas distintas a un mismo presupuesto público.
En cualquier caso, lo curioso es que el informe del CJE describe la permanencia prolongada en casa de los padres como una ventaja material casi imprescindible para ahorrar la entrada de una hipoteca o resistir los periodos de paro. En muchos hogares, esa red de seguridad descansa sobre la nómina o la pensión de padres y abuelos, de modo que el 29N se sentarán a la misma mesa votantes que comparten nevera y apellido, pero no lista de prioridades.
