La factura de la luz está detrás de esta nueva norma. El Gobierno ultima un real decreto que obligará a los centros de datos a consumir un 80% de energía renovable y a limitar su consumo de agua.
Qué exige el real decreto: energía, agua y soberanía
Según fuentes del Ejecutivo citadas por Expansión, el Ministerio para la Transición Ecológica, junto con los de Economía y Transformación Digital, iniciará próximamente el trámite de audiencia pública del proyecto. El 80% del consumo eléctrico de cada centro deberá proceder de fuentes renovables. Y hay un matiz importante: ese consumo tendrá que ser adicional.
Ese punto cambia las reglas del juego. Por cada megavatio que consuma el centro de datos, el operador tendrá que haber instalado un megavatio nuevo de energía renovable en los 18 meses anteriores a su puesta en funcionamiento, ya sea mediante autoconsumo o a través de un PPA (contrato de compraventa de energía a largo plazo).
Además, el abastecimiento verde deberá acreditarse hora a hora. Es decir, en cada momento, el 80% de la electricidad consumida deberá llegar de plantas que estén generando en esa misma franja. El objetivo del Gobierno es evitar que la nueva demanda impulse el gas natural y acabe encareciendo la factura eléctrica de hogares y empresas, como señala que ya ocurre en Estados Unidos o Irlanda.
El borrador fija también etiquetado A en eficiencia energética e hídrica. En soberanía digital, los operadores deberán estar establecidos en la Unión Europea y los datos, metadatos y registros tendrán que mantenerse en territorio comunitario. Los centros que alojen información de administraciones públicas o que afecten a la seguridad nacional no podrán ceder esos datos a terceros países.
El Gobierno quiere que la nueva demanda de los centros de datos no suba los precios de la luz en los hogares.
Qué pierde quien incumple y qué pasa con los proyectos en marcha
Hay sanciones para quien se salte las reglas. Las multas serán económicas y crecientes, y el incumplimiento puede llegar a costar el derecho de acceso a la red eléctrica. Los proyectos que ya están en tramitación dispondrán de entre tres y seis meses para adaptarse. También se contemplan cláusulas de salida si las exigencias hacen inviable el desarrollo.
Fuentes del Ejecutivo insisten en que España sigue siendo un destino atractivo para la inversión y recuerdan que llevan meses negociando con el sector. El Gobierno mantiene contactos con la Asociación Española de Data Centers y con Ametic para perfilar los detalles de la norma.
Por qué el Gobierno mueve ficha ahora
El atractivo económico explica el movimiento. SpainDC calcula que el sector podría captar 66.900 millones de euros de inversión hasta 2030, con un impacto anual en el PIB de 7.300 millones y más de 16.000 empleos. Ese volumen es el que el Ejecutivo quiere encauzar antes de que se convierta en presión sobre la red y sobre el agua.
La patronal del sector pide seguridad jurídica y plazos realistas; el Gobierno defiende que la norma llega tras meses de trabajo conjunto y que no busca frenar la inversión. El precedente es claro: en mercados como Irlanda la demanda de los centros de datos ha tensionado los precios eléctricos. España quiere blindarse sin renunciar al capital extranjero.
En el ámbito europeo, el texto se remitirá al Reglamento de Ciberseguridad de la UE para decidir posibles restricciones a proveedores como Huawei. La audiencia pública marcará si el futuro real decreto mantiene este tono exigente o si el sector logra un calendario más flexible.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno ultima un real decreto para regular los centros de datos.
- Por qué te importa: Fija un 80% de energía renovable para evitar que su demanda suba la factura eléctrica.
- A quién afecta: Operadores, gigantes tecnológicos y proyectos que ya están en tramitación.
- Hacia dónde vamos: La audiencia pública y las negociaciones con el sector definirán el calendario final.
