A las puertas de la vuelta a las aulas, la Comunidad Valenciana estrena un mecanismo para vigilar la 'neutralidad ideológica' en los centros: las familias podrán denunciar a docentes por supuesto adoctrinamiento.
El Gobierno valenciano de PP y Vox aprobó el pasado mes de julio la ley de acompañamiento presupuestario, que modifica el Decreto 80/2017, la norma que regula la inspección educativa y que puede consultarse en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Los nuevos artículos 155 y 156 amplían las funciones del cuerpo inspector.
Qué cambia para los docentes
De entrada, la inspección deberá supervisar que las actividades docentes, los materiales curriculares y las actas escolares se mantengan 'totalmente ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento'. Además, la norma habilita canales de denuncia externa para que las familias o terceros puedan señalar supuestas vulneraciones de la neutralidad.
La Generalitat lo presenta como una garantía de neutralidad. La legislación educativa ya prohíbe la propaganda partidista en las aulas, pero la nueva categoría es deliberadamente ambigua. No se concreta qué conducta entra en el adoctrinamiento, así que quedan bajo sospecha prácticas pedagógicas como la educación en igualdad, la diversidad afectivo-sexual, la memoria democrática, los derechos humanos, la emergencia climática o la realidad lingüística.
Por qué los sindicatos hablan de 'caza de brujas'
La respuesta de los sindicatos no se ha hecho esperar. STEPV calificó la modificación de 'caza de brujas' y avisó de que cualquier cuestión que no guste al Gobierno valenciano puede resultar sospechosa de infringir esa neutralidad.
El portavoz del sindicato, Marc Candela, fue tajante: 'no podemos permitir esa autocensura'. STEPV defiende que la entrada en vigor de la norma no debe traducirse en un cambio en la práctica docente ni en una limitación de las actividades educativas.
La inspección estrena tareas de vigilancia y canales de denuncia, mientras los sindicatos denuncian que la norma abre la puerta a la censura.
CGT Ensenyament sostiene que, bajo una falsa pátina de neutralidad, la Conselleria habilita canales de delación anónima para perseguir a quien educa en memoria histórica, feminismo, diversidad o derechos sexuales y reproductivos. Pide no caer en la autocensura: 'Es lo que quieren'.
Comisiones Obreras no se queda atrás. Asegura que no permitirá que la Inspección Educativa se convierta en una herramienta de control ideológico, intimidación o persecución del profesorado. Advierte de que cualquier intento de presión tendrá respuesta sindical.
La Asociación de Inspectoras e Inspectores de Educación del País Valencià (ADIDE-PV) también ha emitido un comunicado. Habla de 'preocupación por la inseguridad jurídica y las disfunciones' que pueden generar las nuevas disposiciones y considera que suponen una sospecha generalizada sobre el sistema educativo y el profesorado.
Qué puede pasar ahora, con el curso a punto de arrancar
La tensión no parte de cero. La ley educativa ya prohíbe la propaganda partidista, pero lo que cambia es el instrumento: la inspección deja de asesorar para ponerse a vigilar, según los sindicatos, una categoría sin contornos definidos.
El debate sobre el control de contenidos en las aulas arrastra precedentes en otras autonomías, aunque aquí se distingue por atribuir la vigilancia a la inspección y por abrir canales de denuncia externos. La medida llega con una huelga indefinida en marcha y con el curso a punto de arrancar.
Lo que pase en las próximas semanas importa: habrá que ver si la Conselleria publica instrucciones que concreten qué conductas activan un expediente y si los sindicatos responden con nuevas movilizaciones. Por ahora, la falta de definición de la neutralidad deja la decisión en manos de cada denuncia y de cada inspector.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Generalitat Valenciana ha modificado el decreto de inspección educativa para vigilar la neutralidad ideológica en los centros y ha abierto canales de denuncia para las familias.
- Por qué te importa: La falta de concreción deja bajo sospecha actividades sobre igualdad, diversidad, memoria democrática o emergencia climática.
- A quién afecta: Docentes, equipos directivos, inspectores, alumnado y familias de la escuela pública valenciana.
- Hacia dónde vamos: Con el curso a punto de empezar, habrá que seguir si se concretan los criterios de inspección y si el conflicto sindical se intensifica.
