Una jueza de Madrid investiga la compra del ático de lujo de 6,3 millones euros por parte del Gobierno de Ayuso. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital, Rosario de Fátima Espinosa, ha abierto diligencias previas tras acumularse cinco denuncias, entre ellas la del PSOE de Madrid.
La operación se centra en un inmueble del paseo de General Martínez Campos 35, adquirido por la empresa pública Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A. por 6,3 millones de euros. Las denuncias cuestionan tanto la legalidad como la oportunidad del gasto.
El proceso arrancó con la denuncia del partido extraparlamentario Iustitia Europa la semana pasada. A esta se sumaron otras tres de particulares y la anunciada el viernes por el ministro para la Transformación Digital y candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Óscar López. El Ministerio Público había abierto una investigación preprocesal por todas ellas, pero la ha remitido al juzgado al comprobar que Espinosa ya estaba revisando el caso.
Qué investiga la jueza
La magistrada examina ahora si los responsables de la empresa pública cometieron delitos de prevaricación, malversación o fraude al aprobar la compra de un ático que dobla el precio de mercado de viviendas similares en la zona, según las denuncias. Los escritos no señalan a ninguna persona concreta, pero el de Iustitia Europa pide que se investigue “la cadena decisoria”, lo que abre la puerta a responsabilidades políticas.
Las diligencias previas son el paso habitual antes de decidir si se admite formalmente una denuncia. La jueza podrá pedir documentación, citar a testigos y, si halla indicios sólidos, iniciar una instrucción penal.
Por qué Ayuso podría acabar en el Tribunal Supremo
Isabel Díaz Ayuso no aparece como denunciada, pero si durante la investigación surgen indicios contra ella o contra el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, la competencia pasaría directamente al Tribunal Supremo por la condición de aforados de ambos. La acusación de Iustitia Europa ya solicita que, en ese escenario, se apliquen las reglas de aforamiento “desde ese momento”.
El caso coloca bajo lupa una operación que el Gobierno regional ha defendido como necesaria. La oposición, sin embargo, habla de “despilfarro” en plena crisis de vivienda. La llave la tiene ahora Espinosa, que deberá cribar si hay materia penal o si todo queda en un debate político.
El ático de 6,3 millones de euros se pagó con dinero público, y ahora la Justicia determinará si hubo delito.
Antecedentes y hoces pasos
No es la primera vez que los tribunales fiscalizan compras inmobiliarias de una administración autonómica. En los últimos años, la Audiencia Provincial ha revisado operaciones similares —casi siempre tras denuncias de partidos o asociaciones— y en varios casos se archivaron por falta de indicios. Expertos consultados recuerdan que la línea entre el error administrativo y el delito es fina y depende de pruebas documentales.
Quienes defienden la legalidad de la compra sostienen que la empresa pública actuó dentro de sus competencias. Quienes la critican subrayan el importe y la ausencia de un concurso transparente. La investigación se alargará semanas o meses, y previsiblemente se centrará en las actas del Consejo de Administración y en los informes técnicos que avalaron el precio.
Mientras, la presidenta Díaz Ayuso no ha hecho comentarios directos, pero fuentes de su gabinete insisten en que la operación fue “impecable”. La jueza Espinosa, por su parte, ha dado el primer paso de un camino que podría escalar hasta el alto tribunal.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Una jueza investiga la compra de un ático de lujo por 6,3 millones de euros por parte de una empresa pública de la Comunidad de Madrid.
- Por qué te importa: Podría acarrear responsabilidades penales para altos cargos y afecta a la confianza en el uso de los fondos públicos.
- A quién afecta: Al Gobierno regional, a la empresa Madrid, Proyectos y Obras, y potencialmente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
- Hacia dónde vamos: La investigación acaba de empezar; se revisarán contratos y documentos, y si aparecen indicios contra aforados, el caso se trasladará al Tribunal Supremo.
