Nueve millones de euros. Esa es la cifra que la Comunidad de Madrid autorizó a través de una empresa pública para la compra de un ático de lujo en plena crisis de acceso a la vivienda para los jóvenes. La operación se hizo con una ampliación presupuestaria de 9.052.666 euros que apenas dejó rastro en las cuentas de la sociedad instrumental encargada de ejecutarla.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. Afecta a la confianza en las instituciones y al uso de fondos públicos en un momento en que miles de jóvenes no pueden emanciparse. La falta de transparencia ha llevado el caso al debate político y judicial.
¿Qué hizo exactamente el Gobierno de Ayuso?
El 12 de noviembre de 2025, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó un incremento de 9.052.666,86 euros en el presupuesto de explotación y de capital de la empresa pública Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A. La modificación equivalía al 36% de los gastos de la sociedad y casi triplicaba sus inversiones de todo el año, según la documentación oficial.
Ni la memoria anual de Planifica Madrid ni el informe de auditoría independiente de BS Audit recogieron ese cambio como un hecho relevante. El gasto no apareció en las cuentas de 2025, y la firma auditora aseguró que las cuentas reflejaban “la imagen fiel” de la empresa. El destino concreto del dinero se conoció más tarde: la adquisición de un inmueble de alto standing en 2026 y las obras de adecuación que lo acompañarían.
La ampliación de crédito se aprobó sin detalle público y la operación permaneció oculta en las cuentas de la empresa.
Por qué este gasto escuece en plena crisis de vivienda
El caso destapa una contradicción difícil de explicar: mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso movilizaba nueve millones para un ático de lujo, la tasa de emancipación juvenil en Madrid seguía por debajo del 15%, con un alquiler medio que supera los 1.200 euros en la capital. La Ley de Vivienda estatal, que el Ejecutivo autonómico se negó a aplicar en su integridad, preveía mecanismos para contener los precios que no se activaron.
A este contexto se suma la situación personal de la presidenta. Ayuso y su pareja han sido investigados por la relación contractual entre el Grupo Quirón —principal beneficiario de los contratos sanitarios de la Comunidad de Madrid— y la empresa del novio, que ingresó 4,4 millones de euros entre 2021 y 2023. Además, la pareja reconoció dos delitos de fraude fiscal relacionados con la compra de sus dos áticos privados en Chamberí, uno de los cuales ya está a la venta con una plusvalía cercana al millón de euros. La operación del ático público se leyó como un paso más de esa misma lógica: el lujo financiado por todos.
¿Quién debe dar explicaciones y qué pasará ahora?
La responsabilidad política apunta directamente a Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y presidente del Consejo de Administración de Planifica Madrid. Él deberá aclarar por qué se ocultó la modificación presupuestaria a los auditores y a la ciudadanía. La presidenta Ayuso, como jefa del Consejo de Gobierno que autorizó el gasto, no puede eludir su cuota de responsabilidad, aunque el expediente completo aún no se ha hecho público.
Organizaciones de transparencia y partidos de la oposición han pedido la comparecencia urgente de los implicados y el acceso íntegro al expediente de compra. Mientras, el debate ya está en la calle: los jóvenes madrileños ven cómo sus dificultades para alquilar o comprar conviven con el uso de sus impuestos para un inmueble de lujo. El caso probablemente llegue a la Asamblea de Madrid y puede tener consecuencias penales si se demuestra malversación o prevaricación.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno de Ayuso autorizó 9,05 millones para que una empresa pública comprara un ático de lujo y ocultó la operación en las cuentas.
- Por qué te importa: Se gastaron fondos públicos en un inmueble de alto standing mientras miles de jóvenes no pueden pagar una vivienda digna.
- A quién afecta: A todos los contribuyentes madrileños y, en especial, a la juventud que sufre la crisis de acceso a la vivienda.
- Hacia dónde vamos: Habrá presión política para que se investigue, y la responsabilidad podría alcanzar al consejero García Martín y a la propia presidenta.
