Las pensiones son para muchos el sostén económico imprescindible, y cada año surge una pregunta clave: ¿cuánto subirá de nuevo? En un contexto de inflación persistente, el Gobierno y la Seguridad Social marcan su hoja de ruta con una promesa, la de garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
La ley 21/2021 estableció que las pensiones contributivas se revalorizarán anualmente conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) medio interanual. Esa fórmula, asumida tras el consenso en el Pacto de Toledo, pretende que los pensionistas no vean erosionado lo ganado por la subida de costes.
Para 2026, esa promesa ya tiene cifra: la revalorización general de las pensiones contributivas será del 2,6%, aplicable desde el 1 de enero, como reflejan desde el informe de BBVA. Claro que el porcentaje definitivo de IPC de noviembre (IPC armonizado) y, por lo tanto, el porcentaje definitivo de la revalorización de las pensiones para 2026 se conocerá el 12 de diciembre.
Pero no todos recibirán el mismo incremento. Las pensiones mínimas y no contributivas tendrán aumentos superiores, buscando reducir desigualdades y mejorar el acceso a una vida digna para quienes más lo necesitan.
¿QUÉ SUBIDAS DE LAS PREVISIONES ESTÁN CONCRETAS?
- Las pensiones contributivas subirán un 2,6% en 2025.
- Las pensiones mínimas contributivas experimentarán un aumento de alrededor del 6%.
- Las pensiones no contributivas (jubilación e invalidez) están incrementado progresivamente (entre 2024 y 2027). Se estima una revaloración del 6%.
- En el caso de pensiones de viudedad con cargas familiares, se aplicará un alza del 9,1%.
La fórmula de revalorización está fijada en la ley y garantiza que las pensiones contributivas, es decir, por jubilación, por incapacidad o por viudedad, se actualicen cada 1 de enero en función del coste de vida. Esto, y viendo cómo el precio de todo se dispara cada año, las pensiones se regularán de acuerdo a este incremento.
EL IMPACTO EN LOS PENSIONISTAS
Para un jubilado con una pensión media de 1.200 euros, el incremento del 2,6% supondrá unos 31,20 euros más al mes, unos 374,90 euros al año.
Esto vendrá a ser el que tengan unas pensiones de 1.200,31 euros. No parece una cifra elevada, pero para muchas familias este incremento desde el Gobierno y la Seguridad Social puede representar la diferencia entre ajustar un gasto esencial o renunciar a él. Para los perceptores de pensiones mínimas, el incremento del 6 % se traduce en un alivio aún mayor.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 más del 40% de los pensionistas cobran pensiones por debajo de los 1.000 euros. Por eso, las subidas diferenciadas son vistas por muchos expertos como un mecanismo para reducir la desigualdad en la jubilación.
Aunque aún no hay cifra definitiva, los informes económicos y previsiones apuntan a una subida que rondaría el 2,6 % para las pensiones contributivas. Esa estimación se basa en el IPC interanual proyectado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.
El dato definitivo se conocerá cuando el INE publique el dato adelantado del IPC de noviembre de 2025, lo que según las normas del sistema ocurrirá hacia el 28 de noviembre, y luego el porcentaje final se aprobará en diciembre.
RETOS DETRÁS DEL NÚMERO
Detrás de cada porcentaje hay desafíos estructurales. El sistema público de pensiones se enfrenta a una población envejecida, ingresos limitados y desequilibrios intergeneracionales. El "mecanismo de equidad intergeneracional" (MEI) o la cuota de solidaridad para las rentas más altas son herramientas aprobadas para reforzar la sostenibilidad del sistema.
También es clave destacar que las aumentos relativos (mínimas, no contributivas) buscan reducir la brecha con el umbral de pobreza. Subir un 9 % una pensión muy baja puede marcar más diferencia en la vida cotidiana que un 2,8 % sobre una pensión media instalada.
Así, la próxima subida de pensiones apunta a un alza de 2,6 % para las contributivas, con incrementos mayores para las mínimas y no contributivas. Pero más allá del número, la discusión es cómo hacer sostenible el sistema a largo plazo, con generaciones que aporten, con reformas que honren los compromisos, y con decisiones que garanticen que los jubilados no pierdan frente al coste de la vida.
