En un momento crucial para la salud pública de nuestro país, el Gobierno ha presentado un anteproyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad. Esta iniciativa busca abordar un problema social de gran relevancia, al tiempo que plantea diversos desafíos que requieren ser analizados detenidamente.
La organización FACUA-Consumidores en Acción, reconocida por su labor en defensa de los derechos de los consumidores, ha presentado sus alegaciones al texto normativo, exponiendo sus preocupaciones y proponiendo mejoras para lograr una regulación más efectiva y comprehensiva. En este artículo, exploraremos las principales críticas y recomendaciones planteadas por FACUA, con el objetivo de brindar una perspectiva informada y constructiva sobre este importante proyecto legislativo.
La Definición de Bebidas Alcohólicas: Una Brecha Preocupante
El anteproyecto de ley define como bebidas alcohólicas aquellas que contengan más del 0,5% de alcohol en su volumen. FACUA rechaza frontalmente esta definición, ya que deja fuera de la regulación a todas aquellas bebidas que, a pesar de presentar alcohol, lo hacen en un porcentaje inferior. Esto significa que bebidas como las cervezas ‘claras’ (rebajadas con limón) de diferentes marcas no estarían incluidas en el ámbito de aplicación de la norma.
Para la organización, es imprescindible que la definición abarque todas las bebidas que contengan alcohol, independientemente del porcentaje, teniendo en cuenta que el objetivo de la ley es «retrasar lo máximo posible la edad de inicio de consumo de alcohol, aspirando a un consumo cero. Esta amplitud en la definición es crucial para garantizar la protección de los menores de edad, evitando que puedan acceder a cualquier tipo de bebida que contenga alcohol.
La Corregulación y Autorregulación: Un Riesgo Inaceptable
Otro aspecto que preocupa a FACUA es la propuesta del texto normativo de que el control de las actuaciones en el ámbito comercial sea un sistema de «corregulación» o «autorregulación». La asociación advierte que esto «supone dejar en manos de las empresas la fiscalización de su comportamiento, lo que termina derivando en que este mecanismo no sea eficaz».
En este sentido, FACUA considera que es imprescindible que sea la propia Administración pública, con personal propio, quien realice la labor de control de todas las cuestiones relativas al ámbito comercial. Argumentan que, si bien pueden existir códigos de conducta de la industria, las tareas de vigilancia del cumplimiento de la normativa deben ser competencia de los organismos públicos, especialmente en sectores que afectan a ciudadanos vulnerables, como es el caso de los menores de edad.
Desafíos en la Venta Online y la Publicidad de Bebidas Alcohólicas
La organización también señala que, aunque la ley recoge medidas para evitar la venta a menores en máquinas dispensadoras, no se aborda la posible venta ‘online’ de productos con alcohol. FACUA recuerda que la venta ‘online’ está cada vez más presente en la sociedad actual y tiene «un especial riesgo» de que los menores puedan comprar bebidas alcohólicas con mayor facilidad, por lo que resulta «imprescindible» que se creen medidas destinadas a impedir o dificultar esta práctica.
Además, FACUA considera que la norma no puede limitar la prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas solo a los productos audiovisuales destinados a menores. Argumentan que, dado que los intereses de los menores son cada vez más cambiantes y en un menor espacio de tiempo, resulta complicado definir cuáles son aquellos contenidos destinados a este grupo.
Por ello, la asociación considera «necesario» optar por una redacción en la que la prohibición no esté condicionada al público objetivo, sino que abarque cualquier formato en el que se reproduzca el contenido.
En conclusión, el anteproyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad enfrenta importantes desafíos que deben ser abordados con urgencia. Las observaciones y propuestas de FACUA apuntan a la necesidad de una regulación más comprehensiva, eficaz y proactiva en la protección de los intereses de los menores de edad. A medida que este proceso legislativo avance, será crucial mantener un diálogo constructivo entre las autoridades, las organizaciones de consumidores y la sociedad civil, con el fin de lograr una normativa que responda de manera integral a este complejo problema de salud pública.
