La próxima semana será crucial para el Gobierno en su intento por completar la eliminación del poder de veto que tiene el Senado sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda, conocidos como el «techo de gasto». Esta medida busca allanar el camino para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.
Según fuentes parlamentarias, el Pleno del Senado debatirá y votará la Ley de Paridad el próximo 17 de julio. Esta ley, aprobada por el Congreso el 27 de junio, incluye la eliminación de dicho veto. Dado que el Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y se opuso a esta medida en el Congreso, es previsible que el Senado rechace el texto. Si esto sucede, la ley tendrá que volver al Congreso para una nueva votación, esperada para el 23 de julio.
EL GOBIERNO BUSCA APROBAR EL TECHO DE GASTO
Mientras tanto, el Gobierno ha iniciado el recorrido de la senda de déficit. Según ha informado el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, el Consejo de Ministros aprobará el próximo 16 de julio los objetivos de deuda y estabilidad presupuestaria, junto con el nuevo cuadro macroeconómico de España. Estos objetivos, a los que acompañará un informe sobre el techo de gasto, serán elevados al Pleno del Congreso en el último Pleno de julio, pero no llegarán al Senado hasta que se haya completado la supresión del veto para evitar que el PP los tumbe, como ya ha hecho este año en dos ocasiones.
EL PP YA VETÓ LOS OBJETIVOS EN EL SENADO
En la legislatura pasada, se intentó una reforma para eliminar este poder de veto del Senado, pero finalmente decayó cuando se disolvieron las Cortes por el adelanto electoral de julio. Después de que el PP haya tumbado dos veces en el Senado los objetivos de 2024, el Ejecutivo volvió a la carga y aprovechó la Ley de Paridad para introducir una enmienda que reforma la Ley de Estabilidad y elimina ese poder de veto irrevocable.
El cambio impulsado por el PSOE y Sumar implica que, si el Senado rechaza los objetivos de estabilidad, estos volverían al Congreso, que tendría la última palabra y podría ratificarlos por mayoría simple.
