El Gobierno y el sector privado han defendido la necesidad de trabajar juntos para desarrollar eficazmente la Ley de Vivienda y garantizar el acceso a la vivienda, especialmente para los sectores más desfavorecidos. Durante la clausura de la XXV Jornada Anual del Club Inmobiliario Esade Alumni, ‘Ley de Vivienda un año después: avances y retos’, celebrada en Madrid, los representantes de ambos lados coincidieron en la importancia de esta colaboración para lograr una mayor eficacia en la gestión.
El CEO de Anticipa-Aliseda, Eduard Mendiluce, hizo un llamamiento a movilizar el parque de suelos privados y el parque de vivienda existente, vacío y no vacío, para solucionar los dos grandes problemas: la falta de oferta y la sobrecarga en el pago de la vivienda, que en muchos casos genera vulnerabilidad en las familias. Mendiluce consideró urgente esta movilización de recursos y abogó por que los sectores público y privado, acabando con la desconfianza mutua, se sienten a estudiar la aplicación de la Ley de Vivienda y garantizar una seguridad jurídica que se ha visto vulnerada por los cambios de criterio.
La Necesidad de un Plan a Largo Plazo
La presidenta del Club Inmobiliario Esade Alumni y directora general corporativa de Colonial, Carmina Ganyet, atribuyó el déficit de vivienda en España, cifrado en un millón de viviendas, a las políticas inconexas, las oscilaciones en la regulación, la visión a corto plazo y el bajo gasto público. Ganyet celebró la creación de un Ministerio de Vivienda y de una nueva ley para garantizar el acceso a la vivienda digna, pero consideró que esta ley «descarga mucho en el sector privado los importantes costes» y que algunas medidas «no van a conseguir la equidad» y «generarán un efecto contrario». Por eso, defendió «una mirada larga y estable: esto no va de regular a cuatro años, sino de un plan a largo plazo ambicioso«.
La Colaboración Público-Privada como Clave
El vicepresidente de la CEOE y Chairman of the Board Rothschild & Co Spain, Íñigo Fernández de Mesa, consideró que las perspectivas del sector inmobiliario español son positivas, con una necesidad de hacer nuevas viviendas para cubrir la demanda embalsada y un gasto público fundamental para recuperar los niveles de hace 15 años. Sin embargo, también vio aspectos deficientes en la Ley de Vivienda, como la reserva del 30% a vivienda protegida que «hace poco rentable la promoción», y advirtió de que el alquiler social, por el que se ha apostado en el resto de Europa, «debe ser desarrollo parte del sector público, pero el privado también debería implicarse».
En la mesa redonda posterior, el subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Anselmo Menéndez, el director de estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Carlos Ruiz, y la presidenta de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Helena Beunza, coincidieron en la necesidad de la colaboración público-privada para mejorar la eficiencia del gasto público destinado a la vivienda y favorecer el acceso de colectivos vulnerables. Ruiz criticó que la nueva ley «no responde a las necesidades» y Beunza recalcó la importancia de que «exista colaboración entre el sector privado con las administraciones» y de disponer de un parque de vivienda pública destinado al alquiler.
