El Gobierno español se enfrenta a una batalla legal con la Comisión Europea por la prórroga de la concesión de la autopista AP-9. Bruselas ha abierto dos expedientes de infracción contra España por incumplir la normativa comunitaria sobre contratación pública y concesión de autopistas. El Ejecutivo ha solicitado una prórroga de dos meses para justificar sus acciones ante la Comisión, lo que demuestra la complejidad de este conflicto.
La Comisión Europea considera que las prórrogas otorgadas a la concesionaria Audasa para la explotación de la AP-9 hasta 2023 y 2048 equivalen a una nueva concesión, por lo que deberían haberse convocado los correspondientes procesos de licitación. Este hecho, según Bruselas, vulnera las normas de la Unión Europea sobre libre competencia y transparencia en la contratación pública.
La Infracción de España Contra la Normativa Comunitaria
La Comisión Europea ha abierto dos expedientes de infracción contra España por la prórroga de la concesión de la autopista AP-9. En concreto, el primer procedimiento se debe a que España no ha incorporado adecuadamente a su legislación nacional las normas que regulan los contratos públicos y los contratos de concesión, incumpliendo el plazo establecido por la UE.
Según la Comisión, la legislación española no respeta el ámbito de aplicación de la directiva en lo que se refiere al tipo de poderes adjudicadores, contratos y modificaciones que deben cubrirse. Esto impide la libre competencia entre empresas de toda la UE y una mejor relación calidad-precio en las licitaciones públicas.
Por otro lado, el segundo expediente se debe a que España ha prorrogado la duración de dos concesiones de autopistas, entre ellas la AP-9, sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la Unión Europea sobre concesiones.
La Denuncia de En Colectivo y la Posición de la Comisión Europea
Fue la asociación de consumidores En Colectivo la que presentó en julio de 2019 una denuncia ante la Comisión Europea, lo que dio paso a la apertura de los procedimientos de infracción contra España.
En la denuncia, En Colectivo argumentaba que los Reales Decretos que conceden prórrogas a Audasa para la explotación de la AP-9 hasta 2023 y 2048 incumplían varias Directivas de la UE. Según la asociación, estas prórrogas equivalen a una nueva concesión, por lo que deberían haberse convocado los correspondientes procesos de licitación.
La Comisión Europea respalda esta posición y considera que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación. Por lo tanto, al no haberlo hecho, España habría incumplido la normativa comunitaria.
