Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que, entre otras cosas, propone realizar una auditoría de las Administraciones Públicas con el objetivo de identificar los organismos públicos «ineficientes e innecesarios» para poder eliminarlos.
Los de Santiago Abascal llevan esta iniciativa al Congreso a través de una proposición no de ley en la que arremeten contra el planteamiento del Gobierno de descentralización de las nuevas sedes de organismos públicos, cuyo plan fue aprobado en febrero por el Consejo de Ministros.
Según el texto de la iniciativa, Vox pide una «reflexión profunda» sobre la situación de las Administraciones Públicas ante el plan de descentralización del Gobierno de Pedro Sánchez.
Para ello, reclama una auditoría que identifique las «carencias existentes» en las Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito nacional, «bajo el prisma del uso responsable del dinero de los contribuyentes».
«CRECIMIENTO ELENFTIÁSICO»
«La propuesta de un procedimiento para determinar el lugar de las sedes de nuevas entidades del sector público estatal exige el planteamiento de una cuestión previa sobre el crecimiento elefantiásico de las Administraciones Públicas, particularmente en el ámbito regional desde el inicio del llamado Estado de las Autonomías», reza el texto de la proposición no de ley.
Ante esto, Vox quiere forzar al Congreso a posicionarse sobre este asunto a través de esta proposición no de ley, en la que también piden someter a consulta del Consejo de Estado el procedimiento de selección de nuevas entidades del sector públilco estatal.
En esta línea, también quieren instar al Consejo de Estado a elaborar un estudio pormenorizado del actual estado de las Administraciones Públicas para registrar, «bajo su criterio jurídico e independiente», qué organismos públicos son ineficientes e innecesarios en su función de servicio a la sociedad española.
Por último, sobre el plan del Gobierno aprobado en el Consejo de Ministros del 1 de febrero, Vox reclama modificar las directrices aprobadas con el objetivo de que se retire la potestad del Consejo de Ministros en la «incoación y cierre del proceso» para ceder la facultad de designar la sede de una entidad pública estatal de nueva creación a un órgano estrictamente técnico.
