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Asaja pide al Gobierno que vele por el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria

Asaja espera con «satisfacción» la entrada en vigor, este jueves, de la Ley de la cadena alimentaria, pero pide al Gobierno «el máximo celo posible» para garantizar su cumplimiento, según ha expresado la asociación en un comunicado.

La puesta en marcha de esta normativa supone «solo el primer paso para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, lograr unos precios más justos para los productores y reequilibrar las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena».

«Queda, por tanto, la difícil tarea de velar por su cumplimiento y debe ser el Gobierno el encargado de garantizar que, a partir de ahora, las relaciones comerciales del sector agroalimentario sean más justas, equilibradas y transparentes», añade el comunicado.

Asaja también valora que la ley prohíba la destrucción del valor de los productos agroalimentarios y la venta a pérdidas.

Además, esta norma establece que los costes de producción son la base de la negociación de los contratos escritos, que serán obligatorios en todas las operaciones comerciales, salvo expcepciones. «Asaja defiende que resulta imprescindible que haya una referencia de costes de producción oficiales, que todos los contratos se recojan en el registro digital oficial y que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que ve fortalecido su papel, vele por el cumplimiento estricto de la Ley», explican en el comunicado.

La ley refuerza la posición negociadora de los productores, que lograrán también una remuneración digna por su trabajo. La obligación de inscripción de contratos alimentarios entrará en vigor en el momento en que el registro esté plenamente operativo, al tiempo que las obligaciones para las cooperativas u otras entidades asociativas estarán operativas a los seis meses de la puesta en marcha de dicha ley.

La norma contempla sanciones leves, con multas de entre 250 y 3.000 euros; sanciones graves, con multas de entre 3.001 y 100.000 euros, y sanciones muy graves, con multas de entre 100.001 y un millón de euros.

Asaja también agradece la posibilidad de que «los agricultores puedan contratar dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego, así como la bonificación de hasta un 35% y un 15% de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente».