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Ordenan la preparación del juicio oral contra el secretario de la Fundación Juan de la Cierva

El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, tras concluir las diligencias de investigación, ha ordenado que continúe el procedimiento contra el secretario de la Fundación Juan De la Cierva por un delito contra el patrimonio histórico al observar «una cantidad enorme de indicios» de haber causado daños en el archivo documental, cuyo coste de restauración se ha cifrado por los peritos en casi 600.000 euros, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Tras el análisis del informe del director del Archivo Regional y la técnica de Restauración y a la vista del estado del fondo documental, el instructor concluye que «como mínimo» los datos reflejan «una conducta negligente grave», aunque no cierra la posibilidad de la existencia de «dolo, siquiera eventual, en la conducta del investigado».

El magistrado apunta que de las diligencias practicadas se deriva «con carácter de presunción», por un lado, que el investigado «intentó vender o ceder (por dinero) el archivo»; y por otro que no ha cumplido «las más mínimas obligaciones de su cargo en la Fundación», ya que no hay conocimiento de actividad alguna en 20 años.

La presente causa se inició por denuncia del Ministerio Fiscal que dio lugar a auto de incoación de fecha 28-10-2018 por presuntos delitos contra el patrimonio histórico.

Según recoge el auto entre en el año 1956 y el año 1998 el conocido como «Archivo De la Cierva» estuvo en la finca Torrecierva de Santo Ángel (Murcia). Un fondo documental, en parte público, según la descripción del informe de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma, con documentos de hace más de un siglo de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de Gobernación, Guerra, Hacienda y Fomento durante el reinado de Alfonso XIII.

En 1982 se constituyó la Fundación Juan de la Cierva, de la que el investigado, es secretario e, indiciariamente, «la persona que ha tenido en los últimos años el dominio, posesión y control absoluto del archivo», subraya la resolución.

Años después, en 1998, debido al desahucio de los ocupantes de la finca ordenado en un procedimiento judicial, el fondo documental fue trasladado a un local de la misma pedanía. El archivo debió de estar allí, según relata cronológicamente la resolución, durante unos 15 años, «apilado y amontonado sin cuidado alguno» hasta el 2013, en que los técnicos de Cultura realizaron una visita mostrando su preocupación por el estado de los fondos.

Después se pierde el rastro del archivo, y en el registro judicial realizado tras la denuncia en 2018, no se encontró nada en los locales de la pedanía de Santo Ángel. Gracias a la información recabada por el grupo de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, se practicaron dos registros judiciales más, uno en Murcia y otro en Madrid, en los que se hallaron gran parte de los fondos.

No obstante, la operación seguía abierta al detectarse la falta de algunos documentos, como los planos del autogiro. Finalmente, explica el magistrado en la resolución, el investigado colaboró con los agentes e indicó el lugar de custodia y aquellos fueron hallados en Santiago de la Ribera (Murcia).

Por ello, el instructor concluye que el investigado «ningún cuidado ha dado al archivo en varias décadas, con traslados sucesivos, intentos de ocultación e incluso intentos de venta a una universidad». Y ordena que el procedimiento continúe y se inicien los trámites de la preparación del juicio oral.

El Ministerio Fiscal y, en su caso, las acusaciones personadas, tienen un plazo común de diez días para solicitar la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o, por el contrario, pedir el sobreseimiento de la causa. Excepcionalmente, también podrían solicitar la práctica de diligencias complementarias. Será, en su caso, en la fase de juicio oral donde las acusaciones deben presentar las pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia y los acusados pueden ejercer su derecho de defensa rebatiendo esas pruebas de cargo presentadas por las acusaciones.

La resolución también explica que se ha producido una labor de recuperación importante por parte del Archivo Regional de Murcia, con tratamientos específicos destinados a poder darle el uso público que las autoridades culturales decidan.

El auto no es firme, contra la resolución cabe recurso de reforma en este mismo órgano, así como recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.