La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado este jueves que el momento actual, con la llegada de los fondos europeos ‘EU Next Generation’, es el «propicio» para abordar la transformación del sistema de justicia en España. Ha añadido que a la entrada de ese capital se suma la experiencia acumulada y los estudios realizados en materia de modernización, algo que lleva siendo una demanda desde hace años.
Así lo ha dicho en el marco de su comparecencia en la Comisión de Justicia de este jueves en el Congreso de los Diputados, donde ha intervenido a petición propia y por primera vez desde que asumiera el cargo el pasado mes de julio.
Llop ha agradecido al inicio de su intervención al exministro Juan Carlos Campo haberle dejado un «legado muy preciado» que le sirve de base sobre la que construir proyectos vanguardistas que supongan un cambio de paradigma en justicia.
Además, ha agradecido a los trabajadores del sector por su función durante la pandemia, que «han puesto en riesgo su vida para que la justicia no se paralizara», y ha indicado que si el coronavirus hubiera llegado hace 30 años «el país se habría colapsado».
Asimismo, ha indicado que aspira a un clima de diálogo con los grupos políticos del Congreso y los distintos operadores jurídicos para abordar «el reto apasionante que supone transformar la justicia en el país» y ha subrayado que por su parte no habrá exclusiones.
JUSTICIA 2030
Durante su comparecencia ha repasado extensamente el plan que arrancó con Campo y que se desarrolla bajo el marco de ‘Justicia 2030’, con el que se pretende poner las bases de un sistema «accesible, eficiente y sostenible», y para el que, ha indicado que entre 2021 y 2023 se invertirán 470 millones de euros.
En este sentido, ha apuntado que debe avanzarse desde el dialogo y la cogobernanza, y que es necesario partir del análisis de los diferentes agentes. «Tenemos la verdadera convicción de que debe haber consenso», ha explicado, para luego apostar por la solidaridad interterritorial y la lealtad institucional. Por eso, ha anunciado que convocará en octubre la próxima conferencia sectorial en el Senado y que el resto se realizaran en diferentes comunidades autónomas.
Llop ha repasado los tres grandes objetivos que a su juicio se pretenden con el plan de transformación de la Justicia, y ha destacado el de que el sistema sea accesible. En ese plano ha recordado que se contemplan las oficinas de justicia municipales para que el sector sea más cercano al ciudadano y que contemple el acompañamiento en el proceso para acabar con la brecha digital que afecta a colectivos vulnerables.
Al hilo, ha apuntado que se pretende mejorar en accesibilidad para personas con discapacidad con el sistema de lectura fácil y ganar en accesibilidad también a través de las lenguas a través de lenguas oficiales.
Tras esto también ha puesto en valor la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio para que todos puedan acceder con garantías al sistema y ha recordado la inversión de 33 millones en ese ámbito.
EFICIENCIA Y DE CALIDAD
El segundo de los ejes que ha destacado es convertir la Administración de Justicia en un servicio eficiente y de calidad, y tras repasar datos de litigiosidad ha apuntado que prevén la creación en 2021 de hasta 60 unidades judiciales. Al hilo, la ministra ha señalado que el problema de eficiencia no es presupuestario sino de optimización y por eso ha calificado de necesario el anteproyecto de medidas de eficiencia procesal, porque mejorará el servicio publico.
También ha citado el Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia organizativa y ha recordado que prevé la implantación de 431 tribunales de instancia, «un modelo ya existente en países de nuestro entorno». Y ha añadido que se ampliará la oficina judicial como una forma de llevar la justicia al mundo rural donde se podrán crear incluso espacios de ‘coworking’ para el trabajo deslocalizado.
Por otro lado, la ministra ha apuntado que el plan comprende el Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia digital que propicia un nuevo marco legal para avanzar en la firma digital, en los juicios telemáticos, etc. En este punto ha hablado de la necesidad de implementar la Inteligencia Artificial para una justicia inteligente «entrenando redes neuronales para habilitar herramientas inteligentes» y «trabajando en algoritmos que no sean discriminatorios».
Por último, ha apostillado que ese plan de transformación debe ser sostenible porque la transición ecológica «también es un eje prioritario para el Gobierno».
