Las entidades del Grupo Promotor de la ley 24/2015 de pobreza energética y emergencia habitacional han promovido una proposición de ley para recuperar los alquileres sociales obligatorios de grandes tenedores a personas vulnerables, que han registrado en el Parlament los grupos de ERC, Junts, la CUP y comuns para tramitarla de urgencia.
La portavoz de la PAH Lucía Delgado ha explicado en rueda de prensa en el Parlament que el objetivo es recuperar y mejorar las medidas previstas en el decreto ley 17/2019 anuladas en enero por el Tribunal Constitucional (TC), con la intención de aprobarlas en octubre: «La primera ley social que se apruebe en este nuevo Parlament será la recuperación de los alquileres sociales obligatorios para detener desahucios».
Ha advertido de que se trata de una medida de emergencia, dado que el 9 de agosto termina la moratoria estatal ante los desahucios impulsada ante la pandemia de coronavirus: «Si no actuamos, durante 2022 vendrá un tsunami de desahucios, que hemos valorado en 26.000. Es una cifra nunca vista».
El también portavoz de la PAH Josep Babot ha resaltado que la proposición de ley no sólo recupera medidas sino que las mejora para evitar que grandes tenedores traten de incumplirlas, para lo que han reducido de 15 a 10 las viviendas que deben tener las personas jurídicas que deberán ofrecer alquiler social, ante una «práctica fraudulenta de parcelar la cartera de viviendas en diferentes empresas para intentar saltarse la ley».
Además, quieren fijar en un mes el plazo máximo para grandes tenedores para ofrecer el alquiler social y que se impulsen procesos sancionadores si se incumple, y han aumentado de tres a siete años la cesión de pisos vacíos, igualando el plazo al establecido por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ha explicado.
Han recordado que el TC anuló medidas del decreto no por su contenido, sino por un asunto de forma que quieren corregir con esta proposición de ley, y que durante el año que estuvo en vigor se acordaron más de 2.500 alquileres sociales obligatorios para personas vulnerables, también si habían ocupado la vivienda.
APOYO DE GRUPOS PARLAMENTARIOS
Desde ERC, Pau Morales ha dicho que priorizar la vivienda forma parte del acuerdo de investidura con la CUP y el de Junts, y ha añadido: «El Estado español, con la figura del TC y el PP, ha dejado desprotegidas a muchas familias al tumbar el 17/2019. Trabajan para proteger los privilegios de unos pocos contra los intereses de la mayoría y los consensos que tenemos, pero no nos podemos resignar y no se lo podemos poner fácil».
La diputada de Junts Glòria Freixa ha pedido a las entidades y al resto de grupos reclamar al Gobierno central «que acabe con la infrafinanciación endémica y enquistada del Plan Estatal de Vivienda», y ha sostenido que la administración no puede cargar las políticas de vivienda a los particulares, pero que ante la falta de financiación la única respuesta son normas como la del alquiler social obligatorio.
Montserrat Vinyets (CUP) ha coincidido en señalar que se necesitan partidas presupuestarias más potentes destinadas a la vivienda y un marco competencial menos limitado, por lo que ha apostado por impulsar una ley de arrendamientos urbanos catalana: «Esto es un SOS, una necesidad que tenemos ahora», pero se requieren más medidas, ha dicho sobre la proposición de ley.
La diputada de los comuns Susana Segovia ha expresado el compromiso de su grupo a tramitar de forma acelerada esta ley para aprobarla cuanto antes, y ha cargado contra el PP por haber recurrido al TC el decreto 17/2019: «Intentan rumbar en los tribunales lo que no consiguen en las urnas. Pues nosotros les decimos que no».
