El ex consejero del Gobierno murciano Juan Carlos Ruiz, titular de Industria con Alberto Garre, del PP, será juzgado por la Audiencia Nacional en el marco de una pieza separa del denominado caso Púnica, al ser acusado por el Fiscal de haberse beneficiado de fondos públicos para mejorar su imagen y reputación.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dictado este jueves un auto, en el que abre juicio oral contra Ruiz y otras ocho personas, entre las que figura el que fuera su jefe de gabinete; la entonces directora del Instituto de Turismo; y el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso.
En concreto, el auto señala que procede la apertura del juicio oral contra las personas acusadas por el Ministerio Fiscal, al sustentarse la pretensión acusatoria en «indicios racionales de criminalidad» que permiten atribuir provisionalmente la comisión de los delitos.
En concreto, el Fiscal sostiene que, desde el mes de abril de 2014, con la intención de darse a conocer ante los ciudadanos de la Región de Murcia y transmitir una imagen positiva en las redes sociales, el entonces consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, que se postulaba para candidato para presidente de dicha Comunidad Autónoma, se interesó por el paquete de trabajos personales que le ofrecieron los acusados José Antonio Alonso y Alejandro de Pedro.
Estos trabajos, según el Ministerio Público, estaban dirigidos a «cuidar su reputación en las redes sociales y promocionarle ante el Partido Popular nacional, aceptando el ‘Informe De Percepción Inicial’ que le entregaron los empresarios y que reflejaba su proyección en la red en esos momentos».
Por ello, Ruiz concertó con su Jefe de Gabinete y con los acusados De Pedro y Alonso, que la empresa EICO le gestionase sus redes sociales y le realizase trabajos personales de reputación on line, «que situasen su nombre entre los primeros puestos en buscadores de internet, transmitiendo siempre una imagen positiva, de cara a conseguir ser el candidato a presidente y ganar las elecciones».
Asimismo, el Fiscal sostiene que Ruiz también convino, accediendo a las peticiones de los empresarios, sacar a licitación «contratos públicos que simulasen la necesidad de contratación de cualquier servicio relacionado con el objeto social de las mercantiles EICO y MADIVA, y su adjudicación a esta última mercantil, para el pago velado del verdadero servicio contratado con la sociedad EICO, los trabajos reputacionales».
«En el plan cobró valor que la Consejería de Turismo tenía adscritos dos Institutos, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región, y que ambos los presidía el acusado Juan Carlos Ruiz».
Según el Fiscal, Ruiz «aprovechó en su exclusivo interés personal la participación de ambos Institutos, que no tenían fiscalización previa, y cuyos responsables eran nombrados a su propuesta».
«Los contratos simularían estar destinados a satisfacer los fines institucionales de cada uno de dichos entes públicos, a sabiendas de que a cambio las empresas de los acusados De Pedro y Alonso le realizarían, sin coste para él, sus trabajos personales de reputación», tal y como señala el escrito de acusación del Ministerio Público.
De esta forma, el Fiscal sostiene que Ruiz «consiguió facilitarse la contratación, evitando el control del Interventor de la Consejería de Turismo sobre la adjudicación de los contratos». «El ardid diseñado permitía que fuesen los fondos públicos de los Institutos de Turismo y Fomento los que sufragasen lo que debía ser un gasto personal del Consejero de Turismo», añade.
PENAS
Así pues, el Fiscal pide para Juan Carlos Ruiz la pena total de cuatro años de cárcel. En concreto, solicita dos años y seis meses de prisión por el delito de fraude; así como un año y seis meses de cárcel por el delito de tráfico de influencias en concurso con un delito de prevaricación, así como una multa 150.000 euros.
No obstante, el abogado defensor de Ruiz, Raúl Pardo-Geijo, ha señalado que cree que ha habido un error en el establecimiento de la pena porque el Fiscal no acusaría, en principio, a Ruiz de prevaricación, lo que puede deberse a un posible «lapsus» del Ministerio Fiscal porque al resto de los acusados sí les atribuye este delito.
Pardo-Geijo ha defendido que la causa se sobreseyó parcialmente en lo que respecta a las actividades de reputación del INFO, pero se mantienen en lo que respecta al Instituto de Turismo, a pesar de que las actividades se hicieron «para el alcalde de Molina de Segura», a quien se le archivó la causa.
Además, el letrado señala que, tras sobreseerse parcialmente el procedimiento, el Fiscal añade ahora un delito más –el trágico de influencias– a pesar de que hay «menos material probatorio».
En este sentido, Pardo-Geijo ha asegurado que tanto él como su defendido están «muy tranquilos» porque «no hay nada que sustente la tesis de la Fiscalía». Además, reconoce que ya sabían que tendrían que ir a juicio, y solo lamenta «el perjuicio de que se someta a Ruiz a la pena de banquillo».
