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Investigados dos responsables de residencias de Madrid por homicidio imprudente

Dos nuevos responsables de residencias de mayores de Alcorcón y Humanes declararán ante el juez en abril y mayo en calidad de investigados por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente al no derivar a pacientes a hospitales en la primera ola de la pandemia.

Por un lado, el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcorcón ha admitido a trámite una querella de Marea de Residencias contra el director de una residencia de mayores de esta localidad madrileña por no derivar a pacientes a hospitales en la primera ola de la pandemia.

En una resolución, el juez cita al director a declarar como investigado el próximo 11 de mayo a las 11.00 horas por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente.

«No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable», señala.

A él se sumaría el responsable de una residencia de Humanes, que está citado a declarar el próximo 28 de abril en los juzgados de Fuenlabrada –partido judicial al que corresponde Humanes–, según consta en la citación judicial.

Este viernes, está citada en el Juzgado de Instrucción número 50 de plaza de Castilla la directora de una residencia de Ciudad Lineal en el marco de una querella interpuesta por seis familias que denunciaron que sus mayores fallecieron en el centro sin ser trasladados a un hospital.

El pasado 22 de febrero, la directora de una residencia pública de Carabanchel desfiló ante la juez, manifestando que entendía que desde el punto de vista administrativo los protocolos sobre no derivación firmados por el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Víu, eran de «obligado cumplimiento».

En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 en la Asamblea de Madrid, Mur afirmó esta semana que miembros de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales conocían y «participaron desde el principio» en la redacción de los protocolos geriátricos que él firmó y envió a ambos departamentos regionales.

En estos documentos se fijaban criterios para no derivar a determinados residentes enfermos de Covid-19 con dependencia o discapacidades a hospitales durante el punto más álgido de la pandemia.