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El PP retomará su petición de investigar abusos a menores tutelados

El PP volverá a intentar que el Congreso debate su propuesta de crear una comisión de investigación sobre casos de abusos a menores bajo tutela pública en centros de acogida, tanto en las Islas Baleares como en la Comunidad Valenciana. La decisión se ha tomado tras conocerse que la Audiencia de Valencia ha condenado a cinco años de prisión, por abusos continuados, al exmarido de Mónica Oltra, la líder de Compromís y vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana.

Así lo ha adelantado la portavoz de Igualdad del PP, Marga Prohens, quien considera «muy grave» esa sentencia y denuncia la «doble vara de medir» de los partidos del Gobierno de coalición, con víctimas «de primera y de segunda».

«SILENCIO ATRONADOR» DE LA IZQUIERDA

«Hay silencios que son atronadores –ha señalado– ¿Qué hizo Mónica Oltra para investigar estos hechos? ¿Por qué no ha hablado Iglesias, que es responsable nacional de políticas de Infancia? ¿Por qué está callando la ministra de Igualdad, Irene Montero?».

Así las cosas el PP piensa reactivar esa comisión de investigación que hace un año pidió junto con Ciudadanos para depurar las responsabilidades, «tanto por acción como por omisión», que la Administración General del Estado y las citadas comunidades pudieran tener en estos presuntos abusos a menores tuteladas.

En el texto registrado, que no llegó a debatirse en el Pleno, ambos partidos defendían la presentación de esta iniciativa en el Congreso ante el rechazo a la creación de comisiones de investigación en los parlamentos de dichas comunidades, donde gobiernan el PSOE con Unidas Podemos.

En su exposición de motivos, recogían los casos de agresión sexual sufridas por más de quince menores bajo tutela de un centro dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno balear, y la condena al educador Luis Eduardo Ramírez Icardi por abuso sexual de una menor en un centro de acogida.

En la solicitud, explicaban que comisión de investigación tendrá por finalidad investigar en un plazo de tres meses –que podría ser prorrogado– la gestión de los centros de menores tutelados ubicados en Balares y la Comunidad Valenciana, y formular las recomendaciones oportunas para evitar en el futuro situaciones similares.