La inmigración ha sido «una de las víctimas» de la pandemia de la Covid-19 por las restricciones a la movilidad impuestas por la situación sanitaria y por el «colapso» en la gestión que ha afectado a los migrantes que debían solicitar o renovar sus permisos de residencia y trabajo, según el Anuario CIDOB de la Inmigración 2020.
«Es obvio que la migración es una de las víctimas de las limitaciones de la movilidad», ha precisado uno de los autores del informe y profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Mahía, este miércoles en rueda de prensa.
El informe, que lleva por título ‘Inmigración en tiempos de COVID-19’, ha sido elaborado por el Centro para Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB) y cuenta con el apoyo de la Fundación ‘la Caixa’, la Diputación de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona.
A nivel internacional, los autores del estudio constatan un «desplome» de los flujos migratorios y, en concreto, en España observan una «drástica contracción» de los mismos ante el cierre de las fronteras aéreas y terrestres, aunque compensada en este caso por un incremento de la inmigración irregular por mar hacia las Islas Canarias.
Además, señalan que los inmigrantes se han visto afectados por un «colapso» en la gestión de la migración porque «hay cosas que no han funcionado y la gestión online no ha llegado a tiempo ni a todo el mundo».
«Algunas medidas de la Secretaría de Estado han sido muy positivas para apagar fuegos mayores en los meses de más confinamiento pero no han logrado evitar cierto colapso en la gestión», ha indicado Mahía, al tiempo que ha criticado que algunos «han aprovechado un poco el Covid para echarle la culpa de casi todo».
El estudio también añade que «la pandemia ha visibilizado de forma rotunda la especial vulnerabilidad de algunos colectivos», especialmente de los trabajadores inmigrantes, como los temporeros o las empleadas del hogar.
La coordinadora de investigación e investigadora sénior de CIDOB, Blanca Garcés, se ha referido en concreto a las «penosas condiciones laborales» y de «vivienda» de los migrantes que trabajan en el sector agrícola; y ha puesto de relieve la «parálisis de la administración por el confinamiento, que ha afectado de modo particular a miles de extranjeros que necesitaban hacer gestiones de extranjería o de asilo, para tener acceso al permiso de residencia, de trabajo o renovarlos».
En cuanto a la llegada de inmigrantes irregulares, Garcés ha destacado que lo que es nuevo es la reapertura de la ruta hacia las Islas Canarias y, sobre las reacciones xenófobas, las ha achacado no solo al propio aumento de las llegadas sino también a «los déficit de coordinación entre administraciones, a la falta de previsión y de infraestructuras», algo que, según ha dicho, se hizo patente en el Muelle de Arguineguín.
Los autores advierten además citando diversos estudios, que el impacto de la pandemia sobre los migrantes no ha sido solo a nivel económico sino también sanitario, pues las condiciones de vida de muchos de ellos y el hecho de trabajar en sectores de primera línea ha provocado que «el riesgo de infección entre los inmigrantes doblara al de la población general».
En esta línea, y en relación a la vacuna contra la Covid-19, los autores, empezando por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona David Moya, han destacado la importancia de que los migrantes irregulares estén dentro de los planes de vacunación. «Cuando en las clases explicábamos por qué tienen que estar dentro del sistema sanitario siempre poníamos el ejemplo de una pandemia», ha comentado Moya.
En todo caso, Ramón Mahía y Blanca Garcés han apuntado dos colectivos con los que podría haber algún problema: los inmigrantes que han llegado en los últimos tres meses y aquellos que son mayores de 65 años que han venido por reagrupación. Si bien, esperan que no se les exija tener un seguro privado y se les vacune al igual que al resto de la población.
