La subida fija del 2% en el sueldo a alrededor de 2,5 millones empleados públicos tendrá un coste para el erario de 3.212 millones de euros, según detalló este martes el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
El impacto se encuentra en línea con la horquilla de entre 3.264 y 4.575 millones de euros que incluyó el Gobierno en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas en octubre del año pasado, en función de la remuneración variable que finalmente se aplique.
El Real Decreto-Ley aprobado hoy por el Gobierno habilita, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, la subida fija del 2% acordada por el Ejecutivo del PP en 2018 con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT.
Pero luego, cada administración pública podrá aumentar en otro 0,3% el salario con los fondos adicionales, previa negociación colectiva; y el acuerdo establece hasta un 1% adicional ligado a la marcha de la economía.
Para que los funcionarios logren una revalorización por este concepto la economía tuvo que crecer el pasado año, al menos, un 2,1%, en cuyo caso lograría una subida extra del 0,20%. Si lo hizo al 2,2% será del 0,4% y así sucesivamente hasta un máximo del 1% en caso de que el crecimiento del PIB alcanzase o superase el 2,5%.
Con el 0,3% adicional que pueden aprobar las administraciones el coste total para el erario alcanzaría los 3.264 millones estimados en el Plan Presupuestario y llegaría a los 4.575 millones de revalorizarse los sueldos en un 3,3%, con la máxima subida prevista ligada al PIB.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, aseguró que de la subida del 2% se beneficiará «alrededor de 2,5 millones» de empleados públicos “con carácter inmediato” y con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero.
Indicó que con su aprobación se da cumplimiento a un asunto que era “absolutamente prioritario para este Gobierno” y no podía encarar estando en funciones.
Al respecto defendió que se trata de la “recuperación de los derechos de las trabajadores y trabajadores públicos”, a los que elogió por su “dedicación”, “profesionalidad y vocación en la prestación de servicios” a la ciudadanía. “Es algo –avanzó- en lo que este Gobierno va a hacer hincapié porque son los artífices, los protagonistas no sólo para el buen funcionamiento de la Administración, sino para el efectivo ejercicio de la ciudadanía” en la democracia moderna.
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