El Gobierno de Canarias subvenciona con medio millón de euros los gastos por las plazas para la residencia de menores extranjeros en Lanzarote

También se ha dado cuenta en el Consejo de este lunes de la financiación de un servicio de atención inmediata en Fuerteventura ante la llegada intermitente de embarcaciones

El Gobierno de Canarias ha autorizado a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud la concesión al Cabildo de Lanzarote de una subvención directa destinada a cubrir parte de los gastos del mantenimiento de las plazas residenciales de menores extranjeros por importe de 551.880 euros.

Asimismo, se ha dado cuenta de las resoluciones de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, de fecha 3 y 19 de diciembre de 2019, relativas a la contratación de un servicio consistente en un dispositivo de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados en la isla de Fuerteventura, este por valor de 267.462,90 euros.

La tramitación de ese servicio en la isla de Fuerteventura se hace mediante procedimiento de emergencia, dada la llegada intermitente de embarcaciones con menores extranjeros a la isla y ante la inexistencia de recursos para la primera acogida de menores.

Tal y como establece la Estrategia Canaria de Infancia, Familia y Adolescencia, tanto los cabildos como el Gobierno de Canarias son responsables de la planificación y adecuación de la red de recursos para menores extranjeros no acompañados, incluyendo recursos humanos multiprofesionales que contemplen la variable cultural.

Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, la Comunidad Autónoma de Canarias debe velar por el bienestar de todos los menores de dieciocho años que residan o se encuentren transitoriamente en el Archipiélago, estableciendo la distri­bución de funciones y competencias de atención, la regulación de las medidas y actuaciones administrativas de prevención, en situación de riesgo, de amparo e integración social, así como el régimen de colaboración y participación social en estas actividades.

Como establece la ley, corresponde a los cabildos la gestión de centros y servicios públicos de acogida insular o supramunicipal y de los que tengan incidencia en la población insular, así como la prestación de los servicios especializados de atención al menor.

Canarias asumirá la tutela financiera de las  entidades locales previo acuerdo con el Estado

Entretanto, la Administración central deberá seguir asumiendo esa responsabilidad

El Gobierno canario solicita la convocatoria de la Comisión Mixta
de Transferencias para negociar el traspaso de medios

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy, lunes 30 de diciembre, el inicio del proceso para asumir la competencia en materia de Hacienda Pública y Tutela Financiera de las Islas y Municipios, prevista en el nuevo Estatuto de Autonomía, si bien ésta no se ejercerá por Canarias en tanto no se produzca el traspaso de medios personales y materiales por parte del Estado.

El acuerdo adoptado en Las Palmas de Gran Canaria incluye la solicitud de convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias con el objeto de negociar los detalles del traspaso.

La decisión del Gobierno se produce después de que el Ministerio de Hacienda haya instado al Ejecutivo autonómico a solicitar a las entidades locales que han incumplido las reglas fiscales un plan económico financiero o a adoptar acuerdos de no disponibilidad de crédito.

La Comunidad Autónoma entiende que, si bien le corresponde la titularidad de la competencia desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto, “es necesario, para la asunción de esta, el traspaso de los medios personales y materiales adscritos a la tutela de las entidades locales canarias por parte del Estado, debido a que por la propia naturaleza de la competencia así se aconseja y por el principio de seguridad jurídica así se precisa”.

“Por ello -continúa el acuerdo-, el ejercicio de la competencia ejecutiva en esta materia debe seguir siendo ejercida por el Estado mientras los medios y servicios no sean traspasados, a efectos de garantizar la continuidad de la tutela financiera de las entidades locales”.

La competencia en Hacienda Pública y Tutela Financiera permitirá a Canarias, por ejemplo, autorizar operaciones de endeudamiento a largo plazo de los cabildos insulares y ayuntamientos canarios de más de 75.000 habitantes cuando incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública; autorizar las operaciones de crédito a largo de plazo de las entidades locales, o emitir informes sobre sostenibilidad financiera de las entidades locales para el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación.

Del mismo modo, la Comunidad Autónoma estará facultada para aprobar los planes económico-financieros de las entidades locales sujetas al régimen de cesión o para realizar el seguimiento de las obligaciones de suministro de información.

El Gobierno de Canarias concede una subvención
de 213.000 euros al centro de educación especial

San Juan de Dios para gastos de transporte

El Ejecutivo regional ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno esa ayuda, dirigida a sufragar gastos de transporte escolar en el periodo septiembre-diciembre de 2019

FeriacelebracionesguiaEl Gobierno de Canarias ha autorizado hoy, lunes 30 de diciembre, en Consejo de Gobierno, la concesión de una subvención al centro privado concertado de educación especial (CPEE) San Juan de Dios, el localizado en Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y por importe total de 213.258,30 euros. El apoyo público está dirigido a sufragar los gastos del transporte escolar adaptado en el periodo de septiembre a noviembre de 2019, más cuatro días lectivos de diciembre de este mismo año.

Es competencia de las administraciones educativas adecuar las condiciones físicas, incluido el transporte escolar, y tecnológicas de los centros educativos, y dotarlos de los recursos materiales y de acceso adecuados a las necesidades del alumnado escolarizado, sobre todo en el caso de personas con discapacidad, para garantizar así una atención inclusiva y accesible a todos los alumnos y alumnas.