La Fiscalía ha presentados sus alegaciones en contra de los incidentes de nulidad presentados por los condenados del juicio del ‘procés’ y por la acusación popular ejercida por Vox.
En los escritos, uno por cada uno de los incidentes de nulidad, se analizan los argumentos presentados y se pide que no se admitan a trámite las impugnaciones que son un trámite necesario para poder recurrir después al Tribunal Constitucional, y recurrir finalmente a la justicia europea.
El ministerio público argumenta que la queja de los condenados “no tiene fundamento” y solicita que no se admita a trámite. Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal, que tendrá que pronunciarse y decidir si anula o no la sentencia que condenó el pasado 14 de octubre a los líderes independentistas por organizar el 1-O.
La Fiscalía ha presentado alegaciones en relación a los incidentes de nulidad que le han sido trasladados y que, por el momento, excluyen los de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Carme Frocadell. No es previsible que el tribunal acepte los recursos de las defensas, que supondrían la anulación de la sentencia. Pedir la nulidad de la sentencia es paso obligado para abordar los trámites que acabarán con el caso en la justicia europea.
El ministerio público indica a Vox, cuya pretensión sería endurecer las condenas, que el incidente de nulidad «no constituye una tercera instancia y desde luego, no permite un análisis de los hechos y de la pruebas practicadas, por lo que no es factible la pretensión de modificación» de los hechos probados.
Vox había pedido que se condenara a los líderes independentistas por delito de rebelión, mientras que la sentencia lo hace por sedición. En su recurso, este partido pretendía que se incorporara al análisis nuevas pruebas que, según su criterio, avalaría la existencia de rebelión. Sin embargo, este procedimiento no contempla la incorporación de pruebas no valoradas durante la vista. La Fiscalía llega incluso a decir que tampoco esos nuevos datos tiene “trascendencia” sobre la sentencia.
La Fiscalía se extiende en la respuesta a los recursos del líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y de la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa. Asegura que sus alegaciones “carecen de fundamento” y rechaza el “permanente cuestionamiento de la imparcialidad” del tribunal que los condenó.
Llega incluso a apuntar el ministerio público que esas dudas están dirigidas para “construir artificialmente una apariencia de parcialidad” cuya intensidad irá creciendo en los próximos meses con el objetivo de “minar la credibilidad e imparcialidad del tribunal” ante instancias europeas a las que los condenados piensan recurrir.
En general, las alegaciones de la Fiscalía mantienen un hilo argumental común en todos los casos, pero las más amplias se dan en los de Bassas y Cuixart. El derecho de protesta, llega a decir el ministerio público, “no puede mutar en un exótico derecho al impedimento físico a los agentes de la autoridad a dar cumplimiento a un mandato judicial, y a hacerlo de una forma generalizada en toda la extensión de una comunidad autónoma en la que por un día queda suspendida la ejecución de una orden judicial».
(SERVIMEDIA)
