El Juzgado de lo Social número 31 de Madrid ha acordado medidas cautelarísimas y ordena a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que proporcione a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud el materia de protección necesario: batas impermeables, mascarillas, gafas de protección y contenedores de grandes residuos para evitar contagios del personal sanitario. Establece un plazo de 24 horas para que se dé cumplimiento a su orden.
En un auto publicado este miércoles, el juez admite las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (AMYTS) contra la Consejería de Sanidad por la falta de equipos de protección individual para el personal sanitario.
En consecuencia, el gobierno autonómico deberá entregar en ese plazo los equipos al personal que presta servicios en hospitales, centros asistenciales de Atención Primaria, SUMMA 112, SAR, centros con pacientes institucionalizados, y cualquier otro centro asistencial de la Comunidad de Madrid.
Se incluyen en el auto todos los centros a los que se esté dando uso sanitario, incluido el hospital de campaña de Ifema, y con independencia de que sean públicos o privados.
Entiende el juez que, ante la situación de urgencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, “no cabe duda de que en el caso presente concurren los dos requisitos legales necesarios para entrar a conocer sobre las medidas cautelarísimas solicitadas”.
El auto explica que “las medidas preventivas requeridas son las necesarias para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad», y que la situación crítica en la Comunidad de Madrid “requiere la actuación urgente de todo el profesional médico y sanitario posible para atender a los enfermos y evitar su mayor propagación».
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) es el sindicato médico de la Comunidad de Madrid y el pasado 23 de marzo acudió al juzgado para exigir a la administración que le proporcione material con carácter urgente e inmediato. Se apoya en la normativa de prevención de riesgos laborales para recurrir a los tribunales. En caso de que no se atienda la instrucción del juez, lo sanitarios podrían negarse a acudir a sus puestos de trabajo.
(SERVIMEDIA)
