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El PP lleva al Congreso su reforma del Poder Judicial

El PP ha registrado este lunes en el Congreso una proposición de ley para “reforzar la independencia judicial” que incluye expresamente que el fiscal general del Estado “podrá ser recusado”, al tiempo que plantea que para acceder a ese cargo se requiera ser jurista de “reconocido prestigio” con al menos 15 años de ejercicio y no haber desempeñado un cargo representativo o de confianza política “en los diez años anteriores”.

Si prosperase en la Cámara Baja esta iniciativa, que ha presentado en rueda de prensa el presidente del PP, Pablo Casado, los ‘populares’ abrirían la puerta a la recusación de Dolores Delgado. El PP ya presentó en mayo un recurso ante el Supremo contra la decisión de Pedro Sánchez de situar a la exministra de Justicia en el Ministerio Público alegando que no cumple el requisito de “idoneidad” y por su “falta total de objetividad y de imparcialidad”.

En concreto, el Grupo Popular plantea en su proposición de ley modificar el artículo 28 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para incluir expresamente que “el fiscal general del Estado podrá ser recusado”, algo que justifica en “la sensible y elevada posición del cargo, que debe comportar una mayor exigencia de garantías respecto de su imparcialidad”.

“No podrán serlo los miembros del Ministerio Fiscal que necesariamente se abstendrán de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas por los jueces y magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto les sean de aplicación”, señala.

Según añade, las partes intervinientes en esos pleitos “podrán acudir al superior jerárquico del fiscal de que se trate interesando que, en los referidos supuestos, se ordene su no intervención en el proceso”. “Cuando se trate del fiscal general del Estado resolverá la Junta de Fiscales de Sala, presidida por el teniente fiscal del Tribunal Supremo. Contra las decisiones anteriores no cabrá recurso alguno”, indica el PP en su texto.

El PP también modifica el artículo 29 de esa ley en su iniciativa para hacer hincapié en que para ser propuesto como fiscal general del estado se requerirá “ser jurista español de reconocido prestigio profesional con, al menos 15 años de ejercicio efectivo de su profesión y que, en razón de sus méritos, sea idóneo para el cargo”. “No podrá ser propuesto quien haya desempeñado un cargo representativo o de confianza política en los diez años anteriores”, subraya el texto, una petición que los ‘populares’ ya han planteado anteriormente en la Cámara Baja.

“QUE LOS JUECES ELIJAN A LOS JUECES”

Aparte de la “despolitización” de la Fiscalía General del Estado ante el “intento de ocupación de las instituciones del Estado”, en palabras de Casado, el PP apuesta en su proposición ley por que los juristas que hayan ocupado cargos políticos no puedan ser vocales del Consejo; y que los informes del órgano de los jueces se realicen para cualquier iniciativa que afecte al funcionamiento de la justicia.

Además, el PP plantea la ampliación del sistema de mayorías reforzadas de tres quintos a todas las decisiones del Consejo y que las asambleas legislativas autonómicas no puedan designar vocales de los tribunales superiores de justicia.

Casado ha afirmado que se trata de cumplir “el compromiso constitucional” para que “los jueces elijan a los jueces”. Es el mismo objetivo del programa electoral del PP de 2011 que Mariano Rajoy no llegó a aplicar y en esa misma línea va la reforma que hace unos días también registró Vox.

El líder del PP ha recalcado que, después de que Sánchez “se pasase de frenada” porque “nunca” se había llegado “tan lejos”, el PP busca con esta proposición de ley volver al sistema de elección que promovieron los constituyentes para garantizar la separación de poderes. Eso sí, ha dicho que el PP es “coherente” porque es una iniciativa que ya incluyó en su programa electoral de las generales.

Eso sí, el presidente de los ‘populares’ ha admitido que esa reforma no podría aplicarse para el actual proceso de renovación del Consejo, que se inició hace dos años, incluso antes de que él tomara las riendas del PP. Por eso, cree que, con el actual marco legal de 2001, se pueden llegar a “acuerdos políticos” para despolitizar la actual renovación de vocales del CGPJ “sin tener que esperar un año”, pero dejando fuera a Podemos.

En concreto, ha apuntado por ejemplo dotar de “transparencia” la selección de los 12 vocales avalados por la carrera judicial y descartando perfiles políticos en los ocho juristas que proponen los grupos.

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