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Acusado de narcotráfico dice que sus ingresos venían de la intermediación inmobiliaria

Un hombre acusado de liderar una supuesta red de narcotráfico en Mallorca ha negado este martes la versión de la Fiscalía y ha asegurado que sus ingresos procedían de la intermediación inmobiliaria.

El hombre se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel y el pago de medio millón de euros de multa por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía le señala como el cabecilla en Mallorca de una trama de internacional de narcotráfico, que presuntamente se nutría de cocaína transportada desde Sudamérica hasta la Península y posteriormente era introducida en la Isla.

La Audiencia Provincial de Baleares juzga desde este lunes y hasta finales de mes a 29 acusados de distintas ramas de la organización, con conexiones en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valladolid. La Fiscalía pide penas que suman 265 años y medio de cárcel y multas por valor de 8,5 millones.

Con todo, en la primera sesión, 14 acusados -entre ellos, el supuesto hombre de confianza del jefe del grupo en Mallorca- reconocieron su implicación en el narcotráfico para obtener rebajas en las condenas.

EL SUPUESTO LÍDER EN MALLORCA NIEGA EL TRÁFICO DE DROGAS

El hombre señalado por la Fiscalía como el presunto líder del grupo en Palma ha negado totalmente cualquier vínculo con redes de tráfico de drogas. El hombre ha asegurado que se dedicaba a la intermediación inmobiliaria, y que en particular se dedicaba fundamentalmente a la venta de hoteles.

Con este argumento ha justificado sus importantes ingresos, puesto que los precios de venta alcanzaban millones y él recibía comisiones de entre el 3 y el 5 por ciento.

Al margen de esta actividad, ha mencionado que “periódicamente bajaba algún coche de Alemania para venderlo aquí [en Mallorca]”, y también “subía camiones grúa a Suiza”.

El hombre ha afirmado que su relación con otros acusados era profesional y motivada por la actividad inmobiliaria, a la que también ha vinculado sus viajes por la Península.

Por otro lado, ha asegurado que los 15.700 euros que se intervinieron en su domicilio procedían de la venta de un solar y se los habían prestado sus hermanas para “coger una churrería”.

Finalmente, el hombre -que sólo ha contestado a las preguntas de su letrado, David Salvà- ha reconocido que consumía cocaína “casi todos los días”, así como MDMA y “algún tranquilizante para dormir”. En este sentido, ha afirmado que la droga que la Guardia Civil encontró en su casa era “para consumo propio”.

‘OPERACIÓN TITANUM’

La presunta banda de narcotraficantes fue desarticulada en la ‘Operación Titanum’ de la Guardia Civil en 2018. Al margen de los acusados que reconocieron este lunes su participación, el resto de procesados han negado la versión de la Fiscalía. La mayoría sólo ha contestado a las preguntas de su propio abogado.

Varios de los procesados han reconocido ser consumidores de droga declarando así que la sustancia incautada en sus casas era para su propio consumo. Algunos de ellos han afirmado tener también actividad en el sector inmobiliario y han indicado que se conocían por este motivo. El resto también ha dado explicaciones de sus ingresos por su actividad laboral.

Uno de los acusados ha mantenido que hacía de chófer para otro y que éste le había pedido transportar unas cajas, dándole indicaciones para que antes llevara el coche a revisar a un taller de confianza. Fue sorprendido en un peaje por la Guardia Civil con varios paquetes de droga ocultos en un doble fondo del vehículo, pero sostiene que no sabía que los llevaba.

Por su parte, el mecánico que revisó el coche ha negado que preparase los compartimentos ocultos en los vehículos del grupo, como sostiene la Fiscalía.

Una mujer con antecedentes ha afirmado no haber tenido nunca vinculación con el tráfico de drogas, pero ha sostenido que fue condenada al acogerse a un acuerdo con Fiscalía en otro procedimiento. Según su versión, renunció a defender su inocencia para evitar que su pareja entrase en prisión.

MACROJUICIO CON DIFICULTADES POR EL COVID

El número de acusados ha dificultado la celebración del juicio puesto que la Audiencia no dispone de una Sala del tamaño suficiente para dar cabida a los procesados y abogados garantizando el cumplimiento de las medidas frente al COVID-19.

El juicio se está llevando a cabo con el uso simultáneo de varias salas, con los abogados sentados en sillas separadas y sin mesa y en una sala diferente a la de sus defendidos. Esto ha suscitado quejas entre varios de los letrados.

Uno de los acusados, al finalizar su declaración, ha aprovechado para dirigirse al Tribunal para pedir mejoras en la prisión ante la situación por el COVID-19.

UN GRUPO INTERNACIONAL DE NARCOTRAFICANTES

La Fiscalía sostiene en su escrito que los acusados formaban una banda estructurada dedicada al narcotráfico a gran escala, que introducía importantes cantidades de cocaína y hachís en Mallorca. Cabe señalar que ocho de los acusados tienen condenas anteriores por narcotráfico.

Según el fiscal, la agrupación “tenía una gran estabilidad personal y logística” y habría actuado al menos desde septiembre de 2017 hasta noviembre de 2018, año en el que fue desmantelada por una operación policial.

Siguiendo con la versión del Ministerio Público, la banda se dividía en dos ramas: una asentada en la Península -fundamentalmente en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valladolid- y otra en Mallorca.

Presuntamente, la rama de la Península se encargaba de traer a España grandes cantidades de droga procedentes de Sudamérica. Esta droga se distribuía en Madrid y Barcelona a menor escala y también se hacía llegar a Mallorca mediante coches con doble fondo o compartimentos ocultos.

La rama de la Península, estaría a su vez dividida en dos sectores que colaboraban entre sí, uno dirigido desde Sevilla y otro desde Barcelona, con una persona encargada de la coordinación entre ambos. Presuntamente, la droga se traía desde Sudamérica mediante ‘mulas’ u ocultas en contenedores comerciales en buques de carga.

UNA ‘SOCIEDAD PANTALLA’ EN PERÚ

El fiscal detalla episodios relacionados con una ‘sociedad pantalla’ en Perú, que supuestamente se dedicaba al transporte de mercancías del sector primario -como madera, pescado o marisco-, pero sin actividad real. Según el fiscal, era una tapadera para el transporte de droga.

En una de sus operaciones planearon introducir la droga a través de un puerto holandés, para lo que uno de los presuntos miembros de la organización se desplazó a Países Bajos para entrevistarse con personal de confianza. La operación fue frustrada cuando se intervino un alijo que iba a ser embarcado en un contenedor desde Perú, en el marco de la ‘Operación Empresarios’.

Presuntamente, el grupo intentó llevar a cabo la importación de droga con hasta 15 contenedores con cocaína oculta. La Fiscalía relata que realizaron una prueba enviando un contenedor sin droga para comprobar que no hubiera fallos de diseño en la operación y que el contenedor no llamaba la atención de las autoridades. En 2019 la policía colombiana detectó un envío de la empresa con destino a Bélgica, con 150 kilos de cocaína.

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