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El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, forzará hoy una votación del Pleno del Congreso de los Diputados sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, justo antes de la reunión del Consejo de Ministros del viernes 21 en Barcelona y de las movilizaciones de protesta convocadas por los Comités de Defensa de la República (CDR).

Será mediante una proposición no de ley, que se debatirá este martes. La iniciativa se registró a comienzos de octubre, justo unos días antes de que el Pleno rechazara una moción consecuencia de interpelación con un contenido similar, y por tanto no hace referencia a los últimos acontecimientos y al reciente corte de carreteras por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Sí reclama, no obstante, condenar “las actuaciones violentas de los comandos separatistas durante el 1 de octubre de 2018 y, en particular, el ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ocupación de infraestructuras clave y el asalto a la Delegación del Gobierno de la Generalidad en Gerona y al Parlamento de Cataluña”.

Además, reclama condenar las declaraciones en las que Torra emplazaba a esos CDR a “apretar”, en las que “alienta a los citados comandos separatistas a la desobediencia y a las acciones violentas”; y a expresar el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los funcionarios que defienden en Cataluña la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

El pasado martes, ante los parlamentarios de Ciudadanos, Rivera se mostró convencido de que tenía razón cuando alertó del riesgo de que el Estado “saliera” de Cataluña y de levantar la aplicación del 155 antes de que los independentistas “claudiquen” ante la democracia. Denunció que “parece que algunos quieren que haya muertos”, y acusó a Torra de tomar una “decisión dramática” al poner como ejemplo de camino a la independencia “una guerra” como la que se vivió en Eslovenia.

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, Ciudadanos alerta de que la situación es “insostenible” desde que el gobierno independentista cruzó en 2017 “de modo imperdonable una línea que conduciría a la más detestable ilegalidad” y a una conflictividad social en la que Cataluña se encuentra “atrapada, con tensión creciente y brotes de violencia que comienzan a preocupar a toda la ciudadanía española”.

Argumenta que el hecho de que el presidente de una comunidad autónoma “anime a unos ciudadanos, sin importar quiénes sean, a cometer actos de violencia y de ocupación del espacio público de manera ilegal no sólo constituye una actuación inmoral y explícitamente antidemocrática, sino que resulta gravísimo, intolerable y de una irresponsabilidad mayúscula”.

Considera por ello que la única manera de solucionar el conflicto catalán “pasa por recuperar la presencia del Estado en Cataluña, retirando la ocupación partidista de las instituciones públicas catalanas y asegurando, de una vez por todas, que no se impone el relato separatista por encima de todos los demás”.