Podemos protestó este miércoles por el hecho de que el Tribunal Supremo haya inadmitido su querella contra el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, declarándose incompetente para resolverla; algo que, en opinión del partido, impide a los ciudadanos de su derecho a investigarse unos hechos «absolutamente anómalos» como la revisión, ordenada por él, de la sentencia que hacía recaer sobre los bancos el pago del impuesto de la constitución de hipotecas.
Según fuentes oficiales del partido, «el auto priva a la ciudadanía del derecho a que los tribunales de justicia investiguen unos hechos ‘absolutamente anómalos’ dentro del funcionamiento de la administración de justicia, hechos que pueden dar lugar a responsabilidades penales individuales», e «impide que se practiquen las diligencias de prueba que Podemos había solicitado y que podrían acreditar la existencia de llamadas telefónicas ajenas a la objetiva administración de justicia».
Además, Podemos subrayó que «el auto de inadmisión se ha dictado siete días después de su presentación», por lo que exige «la misma celeridad para el resto de casos que no afectan a las altas instancias de la judicatura del Estado».
Por lo demás, Podemos insiste en los argumentos que motivaron la querella. Por ejemplo, que el Supremo, al revisar la sentencia de la Sección Segunda de la Sala, actuó, no en beneficio de los intereses generales, sino en el de los de las entidades financieras.
También recuerda que el propio presidente del CGPJ y el Supremo, Carlos Lesmes, declaró publicamente que «no era habitual» que el magistrado Díez-Picazo convocara al pleno de la Sala para paralizar recursos en trámite», y que «no existe previsión legal para rectificar el fallo de tres sentencias definitivas». Por todo ello, insiste en poner «en duda la objetividad de la decisión del magistrado y también la de Carlos Lesmes, que también interviene en este asunto».
