El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha detallado este jueves en una comparecencia parlamentaria que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) relativo a este Ministerio prevé destinar más de 110 millones de euros, lo que supone un incremento del 2 por ciento, a la transformación digital de la administración de justicia, que ha definido como una «enorme palanca» hacia su modernización definitiva.
Zapatero ha explicado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que, de los 2.048 millones de euros que el borrador de los PGE destina al Ministerio -un 7,6 por ciento más respecto al último plan presupuestario-, 110,49 millones irán a parar a la transformación digital, una misión que recaerá en una Dirección General de Transformación Digital de nueva creación, que hasta ahora solo estaba presente en el Ministerio de Hacienda.
«Este es uno de lo grandes retos del programa Justicia 2030 y se basa en cuatro principios: la transformación digital no es un fin sino un medio para la eficiencia; debe crear un proyecto país gestionado desde la cogobernanza; debe integrarse en el resto de administraciones públicas; y debe orientarse a la prestación de servicios de calidad para profesionales y ciudadanos», ha expuesto.
El ‘número dos’ de Juan Carlos Campo ha precisado que la transformación tecnológica de la administración de justicia se llevará 102 millones de euros, la mayoría de los cuales (72,4 millones de euros) se invertirán en la digitalización de los órganos judiciales con la aspiración de pasar de un modelo de gestión de documentos a uno de gestión de datos.
De todo ello, ha resaltado la creación de un expediente judicial electrónico, si bien ha reconocido -a preguntas planteadas por el diputado Mikel Legarda (PNV)- que aún está por decidir si se apuesta por un modelo de «interoperabilidad o integración» respecto a los actuales expedientes.
En esta partida presupuestaria, 1,2 millones de euros están pensados para implementar la «justicia digital» en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. A este respecto, ha señalado que ya es una realidad en el «99 por ciento» de los órganos judiciales, pero que quedan pendientes los órganos centrales.
Además, hay cuatro millones de euros para llevar a cabo «una actualización integral» de las salas de vistas, lo cual incluye nuevos sistemas de videograbación y textualización con sistemas de transcripción automática. La idea, ha apuntado el secretario de Estado, es continuar con la celebración de juicios telemáticos y con la retransmisión en directo de los mismos.
En el plano de las comunicaciones -tanto internas como externas-, Zapatero ha comentado que, si bien la Policía Nacional y la Guardia Civil ya las realizan telemáticamente, ahora se busca que algunas unidades que por la especialidad de su trabajo siguen haciéndolo en papel, como Asuntos Internos, pasen al modo telemático, así como en lo que refiere a todas las comunicaciones con terceros países.
FONDOS EUROPEOS
Zapatero ha puesto el acento en el Programa 110.A, dotado con 410 millones de euros procedentes del mecanismo europeo para la recuperación tras la crisis del coronavirus y cuyo horizonte de gasto comprende tres anualidades, correspondiendo 27,74 millones de euros a 2021.
Esta primera partida del dinero comunitario se empleará en «implantar infraestructuras digitales homogéneas en todo el territorio», de modo que todos los órganos judiciales dispongan de sistemas de información preparados para la «nueva arquitectura» de la administración de justicia.
Uno de los objetivos de esta partida es permitir que «una buena parte de las tareas administrativas pueda llevarse a cabo de forma deslocalizada, mediante el teletrabajo o desde ubicaciones físicas de las propias administraciones pero en lugares distintos a las sedes físicas de los propios tribunales».
Zapatero ha incidido en que esto supone ahondar en los cambios que se han empezado a aplicar en la administración de justicia a causa de la pandemia con «tres medidas tecnológicas para la seguridad frente a la COVID-19» -la cita previa, la inmediación digital y el puesto de trabajo deslocalizado-, que «necesitan un último impulso».
Una vez materializada esta renovación de infraestructuras, ha avanzado que los 383 millones de euros restantes se utilizarán entre 2022 y 2023 para terminar de ejecutar el proyecto de transformación digital «de forma realista y plenamente coordinada y consensuada» con las comunidades autónomas.
El secretario de Estado ha comentado que todo ello requerirá también un andamiaje legal que formarán los anteproyectos de ley de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que ha comenzado a tramitarse este mes, y los de eficiencia organizativa y eficiencia digital del mismo, que se espera que empiecen su andadura en 2021.
Asimismo, ha anunciado que el Ministerio de Justicia implementará una «contabilidad analítica» para velar por la correcta aplicación de este dinero, ya que «una ejecución ineficiente resultaría en una pérdida de estas partidas, así como en una rendición de cuentas negativa ante Europa».
En su opinión, «son unos presupuestos de transformación de la administración de justicia» que plantean reformas estructurales con un «esquema de gobernanza». «Se abre algo más que una ventana de oportunidad, con el decisivo impulso de Europa, para la calidad del servicio público de justicia», ha dicho, instando a no desaprovecharla.
«DOBLEGAR» EL PODER JUDICIAL
Por su parte, los portavoces de los grupos parlamentarios han centrado su turno de preguntas en lo que han considerado «ataques» del Gobierno a la independencia de los jueces para intentar «doblegar» el Poder Judicial.
Así, Sara Giménez, de Ciudadanos, ha exigido la retirada de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para reducir las mayorías parlamentarias con las que se designa a doce vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha afeado a socialistas y ‘populares’ «el espectáculo de la lucha partidista por controlar el Poder Judicial». «¿Las partidas del CGPJ son para perpetrar el ataque a la Constitución que constituye la proposición de ley o ya la han retirado?», ha apostillado el diputado del PP Luis Santamaría.
Los portavoces han coincidido igualmente en reprochar al Gobierno que la Justicia sigue siendo la «gran olvidada» en los PGE, a pesar del aumento del 7,6 por ciento. Desde el Grupo Plural, Mariona Illamola ha calificado de «miseria» los 72 millones de euros para la digitalización de los órganos judiciales. «Son pequeñas acciones pero no suficientes», ha lamentado.
En la misma línea, Javier Ortega Smith, diputado de Vox, ha sostenido que «sin una justicia independiente y sin medios suficientes no se puede hablar de que exista justicia ni democracia», y ha criticado en particular la carga de trabajo de los jueces, recordando que la ratio española es de entre 11 y 12 jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad que la europea.
En cambio, Lucía Muñoz, de Unidas Podemos, ha valorado que «son unos buenos presupuestos» que suponen «un esfuerzo muy grande en un contexto extraordinario», destacando la transformación digital, aunque ha añadido que la administración de justicia aún adolece de «obstáculos», mencionando los pocos jueces y la tardanza en sus resoluciones. «Necesitamos eficacia y eficiencia con modos de funcionamiento del siglo XXI», ha reclamado.
Muñoz también ha aprovechado para refutar las críticas del PP en torno al Poder Judicial. «A pesar de sus aspavientos (…), la Justicia le importa bien poco», ha afirmado la representante ‘morada’, en alusión al bloqueo para la renovación del actual CGPJ, cuyo mandato expiró hace casi dos años.
