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La Sala Segunda del Tribunal Supremo que está juzgando a los líderes del 1-O ha enviado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, su respuesta a la petición que le formuló el martes solicitando un informe sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). El tribunal se reafirma en los argumentos que respaldan la aplicación del precepto e indica que “la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido”.

En una escueta respuesta de tan sólo dos párrafos, el Supremo acusa recibo de la comunicación de la presidenta del Congreso del pasado 21 de mayo mediante el que se se solicitaba un informe sobre la posible aplicación del artículo 384 bis de la Lecrim y sus efectos en relación con la inhabilitación de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva.

Insiste en la validez de los argumentos que ya ofreció la sala el 14 de mayo cuando comunicó a la Cámara los acuerdos sobre la toma de posesión de los políticos presos y su posterior inhabilitación. Añade que la causa penal seguirá su curso y que es misión del tribunal salvaguardar los fines del proceso.

En cuanto al informe sobre la posible aplicación del citado artículo a los acusados que han sido elegidos diputados requerido por la presidenta del Congreso indica que “la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido”.

(SERVIMEDIA)