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El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, señaló este martes que acatan el auto judicial que suspende la moratoria de multas, pero remarcó que la posición del Consistorio “sigue siendo la misma”, que es la de plantear un modelo alternativo, más eficaz que Madrid Central, porque fue un fracaso en términos de contaminación y en términos de movilidad”.

Esto, según el delegado, se hará a través de las reuniones que van a mantener con los diferentes afectados, con vecinos, con comerciantes y “con todo aquel que tenga algo que aportar en relación a la contaminación en la ciudad de Madrid”.

Así lo indicó Carabante después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid confirmase hoy la suspensión de la moratoria de sanciones de Madrid Central tras escuchar a las partes este martes y considerase que “el valor prioritario a defender es la salud de los madrileños y la calidad del medio ambiente”.

El juez ha escuchado las alegaciones del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida, del PP, y tras ello ha acordado la suspensión de la moratoria sancionadora que acordó al poco de llegar a la alcaldía. Justifica su decisión en la defensa de la salud pública, al entender que “la existencia de deficiencias en el sistema de multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente”.

Además, insiste en que “ante una medida dirigida a la protección del medio ambiente, como es Madrid Central, el acuerdo municipal (que la suspendía) no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar en el plano medioambiental”.

En la misma resolución se indica que la protección a la salud y al medio ambiente son “principios que deben regir la actuación de los poderes públicos, y en este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales”.

La Administración, dice el auto, “cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse en un procedimiento sancionador y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones, sin perjuicio de que tales deficiencias deben ser corregidas lo antes posible para que el sistema funcione con todas las consecuencias, incluida la sanción al infractor”. Contra esta resolución cabe la interposición de recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid.