El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha indicado este miércoles que el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) llegará «muy pronto» al Consejo de Ministros, tras lo cual ha asegurado que se abrirá un amplio diálogo para mejorar el texto de cara a su tramitación parlamentaria. Campo ya había avanzado en declaraciones anteriores que el borrador estaría sobre la mesa del Gabinete antes de que acabara el año.
Así lo ha anunciado durante su intervención en el acto de presentación de la ‘Guía para el Uso Forense del ADN’, que ha señalado como ejemplo de «una materia compleja» en cuanto a su contenido y a su regulación, donde «la voz de los expertos resulta fundamental a la hora de adecuar nuestra legislación al estado del conocimiento científico».
En este sentido, ha revelado que el Ministerio de Justicia está trabajando en varios proyectos legislativos para «avanzar en la imprescindible actualización del ordenamiento jurídico», entre los que ha destacado «la elaboración de una nueva LeCrim, cuyo borrador de anteproyecto será sometido muy pronto a la consideración del Consejo de Ministros».
Campo ha vuelto a defender «la necesidad de superar el modelo decimonónico de un proceso penal aún vigente», incidiendo en que «supone una oportunidad para dar un salto cualitativo en la modernización de nuestra legislación procesal».
En particular, ha avanzado que la nueva LeCrim regulará «avanzadas técnicas de investigación contra el crimen que aún no tenían acomodo en nuestro ordenamiento jurídico y que en algún caso no están tampoco reguladas por ningún otro país».
El borrador también aborda el uso forense del ADN, según ha explicado, para dar respuesta a aspectos como la toma de muestras y el posterior análisis de las mismas, algo sobre lo que las normas vigentes «guardan silencio», integrando los estándares fijados por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Campo ha querido aclarar que «el Ministerio de Justicia solo tiene la primera palabra» en la nueva LeCrim, por lo que, una vez aprobada en el Consejo de Ministros, se abrirá un diálogo con expertos, operadores jurídicos y sociedad civil sobre «cómo mejorarla de cara a su tramitación parlamentaria», un diálogo que ha planteado como una «obligación».
Además, ha aprovechado para «poner deberes» porque no toda la regulación del uso forense del ADN está en las leyes procesales. De hecho, ha comentado, la mayor parte de esta materia está regulada por la Ley Orgánica 10/2007, sobre la base de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN, que «debe ser revisada y actualizada» tanto por los avances científicos que se han experimentado en la última década como por la normativa europea sobre protección de datos.
Para esta labor, el ministro ha anunciado que se contará con la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, que ha elaborado dicha guía y «demuestra un saber hacer imprescindible para el perfeccionamiento de nuestro ordenamiento jurídico».
LA JUSTICIA DEL FUTURO
Campo ha aplaudido el «estupendo trabajo» que representa la guía, a la que se ha referido como una iniciativa «tan valiosa como necesaria» porque pone «lo mejor del conocimiento científico al servicio del ciudadano a través de los tribunales».
«El uso forense del ADN es quizá un gran ejemplo en un escenario jurídico como el actual donde la ciencia tiene cada vez más presencia en las sales de justicia», ha dicho, haciendo hincapié en «la importancia de las ciencias forenses en una administración de justicia moderna».
Asimismo, ha valorado la orientación que esta guía da a los poderes públicos ante la toma de decisiones legislativas, recalcando que se siguen descubriendo «nuevas técnicas forenses llamadas a definir los modelos de investigación criminal del futuro» y por eso se requieren ajustes periódicos en materia normativa.
En este sentido, ha reiterado que la genética forense es «uno de los medios más fiables de acceso a la verdad por parte de los órganos judiciales», pero también «es una técnica tan fiable como compleja» que precisa de una correcta interpretación que maximice su utilidad y prevenga «los riesgos asociados al mal entendimiento de los resultados.
En la misma línea, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que también ha intervenido en el acto, ha descrito la guía como «un valiosísimo instrumento» para todos los operadores jurídicos porque «se refiere a los diferentes ámbitos y fases del proceso desde el punto de vista jurídico pero también científico» y trata «las cuestiones de mayor interés», como la toma de muestras garantizando los derechos de víctimas y justiciables, la cadena de custodia o «la prueba penal transfronteriza».
Y, al mismo tiempo, ha enfatizado, «logra compatibilizar el rigor informativo con la claridad y sencillez en la exposición de las cuestiones más técnicas, de modo que hace accesible para quienes trabajamos en la administración de justicia nociones que a veces son complejas porque son nociones científicas», ha señalado, desde el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), donde ha tenido lugar el evento.
EL «EFECTO CSI»
Por su parte, el director del INTCF, Antonio Alonso, que ha sido el encargado de exponer la guía, ha indicado que su objetivo es «facilitar el conocimiento práctico de la aplicación forense del ADN» desde un «doble enfoque», jurídico y científico.
Alonso ha puesto en valor este documento frente a lo que ha denominado «efecto CSI», por el cual se asume que «el ADN es infalible», algo que ha refutado explicando que puede haber restos genéticos subyacentes de otras personas o contaminaciones posteriores que generen confusión, por lo que no siempre conduce al culpable.
Sin embargo, ha resaltado que se trata también de una técnica cada vez más precisa. Alonso ha contado que cada día se van introduciendo «nuevos marcadores de ADN que permiten conocer nuestro origen biogeográfico» hasta el punto de poder hacer un retrato robot porque aportan información sobre el color del pelo, los ojos o la piel.
Alonso se ha mostrado consciente de que esto suscita cuestiones bioéticas, en cuanto a la injerencia en la intimidad de las personas, si bien ha recordado que ya ha tenido una «enorme trascendencia» en investigaciones penales que estaban estancadas.
Se ha referido al caso del asesinato y la violación de Eva Blanco en 1997 en Algete (Madrid), en el que se tenía una muestra de ADN del autor pero sin coincidencias. Casi 20 años después, esos nuevos marcadores permitieron determinar que «era muy probable que fuera un individuo magrebí» y tras ello la Guardia Civil identificó y detuvo al responsable.
