Un total de 141.190 pensionistas de incapacidad laboral permanente de la Seguridad Social compatibilizaban esta prestación con el desempeño de una actividad productiva remunerada en septiembre de 2019, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
En un comunicado, el Cermi pidió reformar la legislación laboral en este terreno, a fin de promover que más pensionistas con una incapacidad reconocida compatibilicen ambas opciones. De los que sí lo hacen, 134.498 tienen reconocida una incapacidad «total» y, de ellos, 130.533 son menores de 65 años y 3.965 mayores de esa edad.
Por otro lado, compatibilizan la prestación 6.107 pensionistas con incapacidad absoluta, de los que 5.261 son menores de 65 años y 846 superan esa edad. Finalmente, en el grado de gran “invalidez” suman un total de 585 los pensionistas que compatibilizan la pensión con el empleo, 527 de edad inferior a los 65 años y 58 mayores.
Según la procedencia de los distintos regímenes de la Seguridad Social, 118.688 pertenecen al General; 19.359 al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; 3.049 al sistema especial de Régimen Especial Agrario por cuenta ajena; 563, al sistema especial de empleados de hogar; 382, al régimen especial de los trabajadores del mar y 23, al de la minería del carbón.
A la vista de estos datos oficiales y de la experiencia práctica del sector asociativo de la discapacidad, el Cermi propuso al Gobierno y al Parlamento la revisión normativa de la legislación de Seguridad Social y de empleo, para conseguir extender la compatibilidad entre trabajo y pensión de incapacidad laboral.
En su opinión, «las magnitudes actuales son muy modestas: algo más en el grado de total, pero bajísimas en los grados de absoluta y de gran invalidez». A juicio del Cermi, la regulación legal vigente no promueve el objetivo de la compatibilidad, por lo que tiene un amplio recorrido de mejora.
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