Compartir

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha dejado la puerta abierta a una rebaja de la acusación de rebelión a sedición contra la cúpula de los Mossos d´Esquadra en el juicio que este lunes arranca en la Audiencia Nacional. El representantes del ministerio público dijo ser “consciente” de la sentencia del ‘procés’ y no descartó modificar la calificación de los hechos.

Puntualizó que “en el momento oportuno se considerará la conveniencia de cambiar la calificación”, porque “no es legalmente precedente hacerlo ahora”. Por tanto, no descartó modificar el escrito de calificación cuando concluya la fase de prueba de este juicio.

La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes a la cúpula de los Mossos d’Esquadra y a la intendente Teresa Laplana por delitos de rebelión, los tres primeros, y de sedición, la última. El tribunal está formado por tres magistrados: Concepción Espejel, que es la presidenta; Ramón Sáez Valcárcel, ponente de la sentencia, y Francisco Javier Vieira.

La Fiscalía, por su parte, estará representada por los magistrados Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira. A diferencia de lo que sucedió en el juicio del `procés´ celebrado en el Supremo, no están representados ni la Abogacía del Estado ni la acusación popular.

El fiscal Pedro Rubira aseguró en su intervención que “no es nuestra intención enjuiciar a los Mossos d’Esquadra como instituto armado”, sino que en esta vista se analizará “el incumplimiento de una normativa dada por el poder judicial. Se han incumplido circulares de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, resoluciones del Tribunal Constitucional… Esto es lo que se va a enjuiciar, no otra cosa”, señaló.

El fiscal Rubira insistió en que la sentencia del Supremo contra la cúpula del ‘procés’ no es la única dictada por los tribunales contra líderes secesionistas. De hecho, el alto tribunal condenó por desobediencia al expresidente catalán Artur Mas y a varios de sus consejeros por organizar el referéndum del 9-N del 2014. Aseguró que el ministerio público tendrá en cuenta toda la jurisprudencia a la hora de plantearse una modificación en la acusación en esta causa. Rubira defendió además, en contra de lo que sostienen las defensas, la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar este caso.

La defensa de Laplana solicitó al tribunal que la dispense de asistir al juicio después de su declaración y hasta la última semana del juicio en que se presentan los informes finales. Para apoyar la petición, la letrada Olga Tubau presentó un informe del jefe del servicio de Neuropsiquiatría del Hospital del Mar de Barcelona que indica que padece estrés postraumático y que no es aconsejable su presencia en la vista.

Laplana ya fue valorada por el forense de la Audiencia Nacional, que la dispensó de acudir a declarar en la fase de instrucción por los que compareció por viedeoconferencia. La Fiscalía, en palabras de Miguel Ángel Carballo, consideró relevante la presencia de Laplana durante la prueba testifical.

Además, Tubau, que representa a Trapero y Laplana pidió que, al igual que se hizo en el juicio del `procés´, ambos puedan sentarse cerca de ella para tener “comunicación” después de su declaración ante el tribunal.

Las defensas pidieron en el trámite de cuestiones previas la incorporación de nueva documentación. Así, Tubau pidió que se incorpore el sobreseimiento decretado por un juzgado de Lleida por su relación con el testimonio que prestará un testigo protegido y dos guardias civiles propuestos por la fiscalía. Cristobal Martell, en representación de Pere Soler solicitó la aceptación de nuevas pruebas, en concreto, de unas actas notariales sobre el modo de realizar el volcado electrónico del correo de su defendido.

El letrado Fermín Morales, al igual que sus compañeros de la defensa, solicita también aportar nuevas pruebas documentales que consisten en varias normas administrativas, algunas vigentes y otras no, para “ilustrar a la sala”. El ministerio público se opuso a la incorporación de nuevos documentos en la vista por entender que no es procedente en este momento.

La Fiscalía pide 11 años de prisión por un delito de rebelión para el exmayor de los Mossos d. Esquadra Josep Lluis Trapero, el exdirector del cuerpo Pere Soler y el exsecretario general de la Consellería de Interior César Puig. Para la intendente Teresa Laplana, a la que acusa de sedición, solicita cuatro años de prisión.

Los acusados y sus abogados llegaron a las nueve de la mañana a las dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). A esa sede acudieron a apoyarles miembros de la cúpula de los Mossos d’Esquadra, entre ellos el comisario Ferran López, que sustituyó a Trapero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y el comisario Joan Carles Molinero. También acudieron a la Audiencia Nacional Brauli Duart y Pere Ferrer, actuales responsables de los cargos que ocupaban César Puig y Pere Soler.

A lo largo de los dos meses previstos de juicio desfilarán ante el tribunal un centenar de testigos, entre ellos Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, todos ellos condenados en el juicio del ‘procés’. Según lo previsto por el tribunal, las declaraciones de los testigos se iniciarán el 3 de febrero con la comparecencia del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo encargado de evitar el 1-O. Después será el turno de Ferran López. Ya en el juicio del Supremo sus versiones sobre el operativo de los Mossos fueron diametralmente opuestas. Mientras Pérez de los Cobos lo consideró un fraude, el responsable de la policía autonómica defendió su diseño.

(SERVIMEDIA)