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Acreedores de autopistas rescatadas creen que su valoración “no se ajusta a derecho”

Los fondos de inversión que asumieron la deuda financiera de 3.700 millones de euros que soportaban las nueve autopistas finalmente rescatadas por el Estado tras su quiebra durante la crisis financiera creen que la factura provisional calculada por el Gobierno “no se ajusta a derecho”.

Según explicaron fuentes financieras, estos fondos creen que la última valoración de cero euros calculada por el Ejecutivo por el rescate de las autopistas radiales R-3 y R-5 “es muy negativa“, ya que estima costes que el Estado ya ha cobrado con anterioridad.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana calculó recientemente una responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) -el importe que debe pagar a los concesionarios de las vías por la inversión realizada- por estas dos carreteras de 430,1 millones de euros.

Sin embargo, también ha retenido 467,6 millones de euros para hacer frente a la liquidación de situaciones aún pendientes, por lo que la factura final arroja un pago negativo de 37,4 millones de euros, es decir, el Estado no pagará por el momento nada por este rescate, aunque dentro de un año volverá a determinar una nueva resolución.

Constructoras, bancos, inversores y fondos, entre los que se encuentra Houlihan Lokey, firma representante de algunos de los fondos acreedores de las autopistas, entre ellos King Street, Taconic, Strategic Value Partners y Attestor Capital, ya recurrieron a los tribunales el método aprobado en 2019 por el Gobierno para calcular esta RPA.

Con este método, el Gobierno también ha calculado una factura de cero euros para la M-12, la vía que une Madrid y el aeropuerto de Barajas, y un pago de 318,12 millones por la autopista de peaje AP-36 Ocaña-La Roda.

En total, la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis no podrá superar los 3.305 millones de euros, según esta misma fórmula, aunque la valoración realizada por los sucesivos gobiernos no supera los 2.000 millones, un importe que los fondos consideran “escaso”.

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