La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) llevará a los tribunales las medidas anunciadas por la Consejería de Educación para el inicio del curso escolar, al considerar que «no ofrecen las mínimas garantías de seguridad sanitaria para hacer frente a la pandemia», informaron fuentes de la organización en un comunicado.
En una iniciativa jurídica a la que se han sumado más de 40 docentes desde la plataforma Docentes Unidos, AIDMUR pide que se dictaminen medidas cautelares que «garanticen una vuelta segura a las aulas».
La secretaria de la Asociación, Sara Henarejos, ha explicado que las medidas «no garantizan la seguridad ni de los docentes, ni del alumnado, ni de el resto de profesionales que realizan su labor en los centros educativos».
«Por tanto, ante la inacción de la consejería quien ya ha afirmado que no piensa discutir con la comunidad educativa las medidas de inicio de curso, no nos ha quedado otro remedio que exigir en los tribunales lo que creemos que nos corresponde por derecho y es que se garanticen unos mínimos de seguridad en los centros educativos», ha dicho Henarejos.
En opinión de la secretaria de Aidmur, la consejera del ramo, Esperanza Moreno, «ha vuelto a ignorar a la comunidad educativa en sus demandas de contratar más profesorado y habilitar espacios, y, lo que es más grave, ha ignorado los derechos a la seguridad de docentes, alumnos y trabajadores de los centros educativos».
Ha insistido en que «no es la primera vez que Esperanza Moreno se niega a ampliar las plantilla, pues ya en el mes de marzo cuando el Gobierno de España aprobó la derogación de los recortes del exministro Wert, se negó a bajar las ratios y las horas lectivas al profesorado».
«En 2012 fueron los primeros en despedir a 3.300 docentes y nunca han manifestado la más mínima intención de recuperarlos, aunque nos vaya la salud en ello, ya parece algo personal», ha afirmado Henarejos.
Por último, Henarejos ha lamentado que» sean los docentes los que tengan que exigir en los tribunales lo que la Consejería de Educación debería garantizar». «Si Esperanza Moreno no se ve capacitada para hacer su trabajo garantizando la seguridad en las aulas, alguien debería invitarle a marcharse y poner en su lugar a una persona que no nos haga peligrar nuestra salud ni la de nuestros alumnos».
Los docentes han presentado la demanda de mano de los abogados murcianos Sergio Ramos y José Enrique Saura. Ramos ha expresado que, en su opinión, la Consejería de Educación «ha incurrido en una vulneración de derechos fundamentales por la falta de prevención de riesgos laborales», por lo que ha solicitado a juzgados de los social de Murcia y Cartagena que resuelvan de «forma urgente» un procedimiento de medidas cautelares que «garanticen una vuelta segura a las aulas».
En opinión del letrado, «la Consejería de educación ha faltado a su deber al no realizar una evaluación previa de los riesgos de los puestos de trabajo» y ello a pesar de estar inmersos en un contexto de pandemia y crisis sanitaria, lo que no solo vulneraría lo dispuesto en los arts. 16.2 y 25.1 LPL, sino también las más elementales directrices de las autoridades sanitarias».
Ramos ha añadido que «las medidas cautelares pedidas son tan de sentido común como garantizar que en las aulas se cumple con la distancia de seguridad, un informe de riesgos laborales sobre el riesgo de cada puesto o la entrega de EPIS certificados por riesgos laborales y adaptados al puesto de trabajo».
Al respecto, ha explicado que el procedimiento de medidas cautelares «se utiliza debido a la urgencia de resolución ya que el próximo día 1 los docentes tienen que incorporarse a las aulas y no tienen garantizada la seguridad en las mismas, y con este procedimiento el juez debe resolver de manera urgente aunque el proceso sobre el fondo de la demanda se demorará en el tiempo.
