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El Congreso reactiva esta semana la reforma del Estatuto de Murcia

El Congreso va a reactivar esta semana la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia con la que eliminarán los aforamientos políticos en esta comunidad, un texto que la Cámara tiene pendiente desde septiembre de 2017.

Tras su llegada a la Cámara Baja, la reforma murciana quedó ‘congelada’ durante año y medio, y luego las sucesivas convocatorias electorales la fueron aparcando. El Pleno acepto tramitarla, por tercera vez, el pasado mes de febrero, y los partido pudieron enmendarla el pasado mes abril.

Ahora, con el arranque del nuevo curso parlamentario, se ha decidido reunir el miércoles a la ponencia encargada de su tramitación en el marco de la Comisión Constitucional que preside el socialista Patxi López.

La supresión de los aforamientos políticos, recogidos en la Constitución de 1978 y en numerosos estatutos autonómicos, ha sido bandera de Ciudadanos en las Cortes Generales y en los parlamentos regionales. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció un acuerdo global a la oposición, pero no se llegó a dar ningún paso.

En el caso de los diputados autonómicos, es cada comunidad la que debe tomar la iniciativa y varias ya lo hicieron: Canarias, Murcia, Cantabria y Baleares reformaron sus Estatutos de Autonomía y los enviaron al Congreso para su aprobación, pero sólo la primera superó todos los tramites y tiene la reforma ya en vigor.

SÓLO LA ENMENDÓ Cs

El único grupo que ha enmendado la reforma murciana ha sido Ciudadanos. Lo ha hecho para corregirla con el objetivo de garantizar que, una vez desposeídos del fuero, los miembros del gobierno y de la Asamblea Regional no puedan ser detenidos como consecuencia de cualquier denuncia.

El texto que envió la Asamblea de Murcia, de un único artículo, suprime las referencias al aforamiento de los miembros del Gobierno regional y de los parlamentarios autonómicos, equiparándoles al común de los murcianos.

Ciudadanos, que comparte Gobierno con el PP en esta comunidad, plantea modular esa pérdida del fuero y asegurar que los consejeros y los parlamentarios regionales no queden completamente desprotegidos de un día para otro.

En concreto, propone introducir dos párrafos para dejar claro que tanto los diputados autonómicos, como el presidente y los consejeros regionales, “no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el juzgado o tribunal ordinario, competente y predeterminado por la ley, sobre su inculpación, prisión, procesamiento o juicio”.

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