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El órgano judicial dictó un auto ejecutorio el pasado 15 de abril  en el que requiere a los condenados a fijar bienes que cubran la responsabilidad civil
En cualquier caso, constan fianzas constituidas en el juzgado desde 2016 por valor de 63,5 millones que serán realizadas si no se paga voluntariamente
 
La Audiencia Provincial ha requerido al Ayuntamiento de Santa Cruz a facilitar un número de cuenta bancaria al objeto de transferir las cantidades derivadas de la responsabilidad civil de la causa de Las Teresitas. Esta notificación se circunscribe en un auto de ejecución de sentencia dictado por el órgano judicial la semana pasada, en el que se requiere a cada uno de los condenados el pago íntegro de la misma. La Corporación comunicó con carácter inmediato este número de cuenta.

El auto ejecutorio de la Audiencia fue realizado de oficio, de acuerdo con lo que establece la ley, lo que no obstó para que el Ayuntamiento pidiera la ejecución, una solicitud que se presentó también la semana pasada, justo antes de que se recibiera en el Ayuntamiento la notificación de aquél.

A partir de ahora, los condenados deberán “presentar relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título”.

En cualquier caso, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife tiene trabados desde principios de 2016 bienes valorados en aquel momento en algo más de 63,5 millones de euros, según las piezas separadas de responsabilidad pecuniaria abiertas a los ahora condenados.

Esa actuación judicial se sustanció entonces en cinco autos diferentes de constitución formal de fianzas, de los que se deriva el citado importe, cuya cuantía definitiva puede variar con la actualización de su valor a fecha de hoy.

Estas fianzas serán realizadas si los condenados no pagan voluntariamente.

La sentencia de Las Teresitas obliga al abono solidario de una indemnización al Ayuntamiento de 61,7 millones de euros, más los intereses generados.

La Corporación no renuncia a la recuperación de todo el dinero malversado y de sus intereses, y seguirá ejercitando cuantas acciones sean precisas para la restitución del daño patrimonial provocado.