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El foco del Informe Banderas Negras recae en la costa de La Palma, en el
proyecto del Puerto de Fonsalía en Tenerife y en el litoral de
Fuerteventura.

En el Informe Banderas Negras 2019 presentado el pasado jueves en
Santander, Ecologistas en Acción vuelve a hacer una revisión de la
situación de la costa de todo el estado español, recogiendo los casos
más característicos del deterioro del litoral, otorgando dos banderas
por provincia, una por contaminación y otra por mala gestión. Con un
total de 48, este documento pretende ser el contrapunto a las Banderas
Azules que sirven de reclamo turístico, y que han visto reducido su
número en 25 unidades respecto al año anterior.

El documento diagnóstico de este año, viene vertebrado por la
“turistificación”, proceso que alude a los impactos que la masificación
turística tiene tanto en el frágil litoral costero como en el tejido
social y cultural de las ciudades y barrios. Canarias es citada
reiteradamente en el informe como comunidad cuyo desarrollo basado en el
“monocultivo turístico” impacta radicalmente en el territorio y el medio
natural, dada la urbanización masiva, las infraestructuras asociadas y
la presión antrópica. Modelo que pocas veces revierte en la calidad de
vida de la población local, según Ecologistas En Acción.

La Bandera Negra a la mala gestión en la provincia de Santa Cruz ha
recaído en el proyecto del Puerto de Fonsalía, dado el irreparable
impacto que su realización tendría, al estar enmarcado en la Zona de
Especial Conservación Teno-Rasca, de un elevado valor natural, con la
presencia de especies amenazadas de extinción como la tortuga verde, las
praderas submarinas de sebadal, arrecifes costeros y una veintena de
especies de cetáceos cuyo avistamiento constituye hoy la segunda
economía en visitas de la isla. Afirman que la realización de este
puerto es incompatible con la conservación y con el desarrollo
sostenible de la provincia, ya que en sólo 25 km de litoral ya existen
cuatro puertos, y esperan que no se insista en la sinrazón que supuso el
puerto de Granadilla.

La costa de La Palma retrata con su bandera a la contaminación, lo que
sucede en todo el archipiélago respecto a los vertidos incontrolados. La
isla Bonita posee en la actualidad 17 puntos de vertidos censados en 7
de los 14 municipios de los cuales tan sólo 3 se encuentran autorizados.
Según cifras oficiales el 82% de los vertidos no tienen la autorización
correspondiente, “y si a ello le sumamos los municipios que ni siquiera
tienen censo de vertidos, estaríamos hablando de una cantidad mucho
mayor de aguas residuales que llegan al mar sin ningún tipo de
autorización y mucho menos de tratamiento”. Señalan como especialmente
grave la situación de Breña Baja y Santa Cruz de La Palma, que poseen
entre los dos 10 puntos de vertido censados y tan sólo uno autorizado.
El primero, junto a Puerto Naos y Fuencaliente son vistos con mayor
preocupación por los ecologistas al tratarse de zonas de gran actividad
turística y residencial. “Según el Plan Hidrológico Insular, más del 60%
de la población y de viviendas no tienen en la actualidad un saneamiento
adecuado, lo que nos da una idea de la magnitud de la situación”
afirman.

En el caso de la provincia de Las Palmas, las banderas negras por
contaminación y mala gestión están concentradas en la isla majorera. La
contaminación es reiterada en la Playa del Muelle Chico de Corralejo,
con prohibiciones habituales de baño por aguas fecales al no aplicar a
raja tabla la depuración de aguas y la existencia de pozos negros
vigentes. Por otro lado, denuncian posibles irregularidades en el
seguimiento y control de la calidad del agua tras el hundimiento en el
Puerto de Gran Tarajal en febrero del pasado año, afirmando que tras las
labores de extracción de170.000 litros de gasóleo, 42.729 litros de
fuel, 14.174 litros de aceites, 3.024 kg de pinturas, 379 litros de
disolventes entre otros, las concentraciones de algunos metales como el
cadmio eran superiores a las previas, y preguntan porqué se abandonaron
las tareas descontaminación si los propios informes del Gobierno de
Canarias indicaron que los sedimentos del interior del muelle estaban
contaminados por metales pesados.

La bandera a la mala gestión la dirigen a la permisividad con la que las
Dunas del Parque Natural de Corralejo son vapuleadas por la Cadena RIU,
quien recientemente ha pedido una autorización para la ejecución del
proyecto básico de Modernización y Reforma del “Club Hotel Ríu Oliva
Beach Resort” y de los apartamentos aledaños, y cuya existencia no da
tregua a un paraje frágil y singular ya de por sí muy vulnerable ante la
amenaza de otro de los temas transversales del Informe Banderas Negras
2019: la crisis climática.