El reciente apagón que sacudió a España, además de dejar una gran cantidad de afectados en todo el país y sus correspondientes reclamaciones y los innumerables daños que todavía esperan a ser evaluados, ha reavivado un debate clave sobre el modelo energético español. Como consecuencia del apagón, miles de personas exigen hoy explicaciones y las administraciones lanzan guías para tramitar indemnizaciones, expertos y sectores políticos miran más allá de las consecuencias inmediatas y apuntan a una cuestión de fondo: ¿está España preparada para una transición energética fiable y sostenible sin energía nuclear?
La crisis eléctrica ha puesto sobre la mesa las vulnerabilidades del sistema actual en plena retirada progresiva de las centrales nucleares, al tiempo que aumenta la dependencia de renovables y se incrementa el coste de la energía. Con ello, se avivan las tensiones en torno al calendario del cierre nuclear y al impacto económico de un proceso de descarbonización que, si bien es necesario, exige una planificación técnica sólida y un equilibrio que garantice tanto la seguridad del suministro como la estabilidad del precio para consumidores y empresas.
Una red vulnerable: el apagón que dejó al descubierto las costuras del sistema eléctrico
El apagón que paralizó buena parte del país ha encendido todas las alarmas sobre la solidez de la red eléctrica española. Aunque las autoridades aún investigan el origen concreto del fallo, el colapso ha dejado una conclusión ineludible: “la infraestructura actual no está preparada para responder con agilidad a interrupciones inesperadas” y esta es una verdad que defienden muchos sectores.
La creciente dependencia de fuentes renovables (un hecho del que nos mostramos orgullosos incluso), sujetas a la intermitencia de factores como el viento o el sol, no siempre garantiza una cobertura estable ante picos de demanda o situaciones críticas. Expertos del sector advierten que, sin mecanismos de respaldo sólidos (sin el famoso Plan B y C e incluso hasta D), como los que hasta ahora ofrecía la energía nuclear, el sistema puede quedar expuesto a vulnerabilidades operativas, por lo que el apagón que acaba de vivir España puede volver a repetirse en cualquier momento.
Lo cierto es que los hechos ocurridos con el sistema eléctrico nacional, ha reabierto el debate sobre si se está avanzando demasiado deprisa en la transformación energética sin haber asegurado previamente una red robusta, diversificada y con capacidad real de respuesta.
El cierre progresivo de las centrales nucleares: ¿decisión política o riesgo técnico?
De momento e incluso a pesar de los hechos ocurridos, el calendario para el cierre de las centrales nucleares en España sigue su curso, impulsado por compromisos medioambientales y decisiones políticas que buscan acelerar la descarbonización, una de las metas exigidas desde Bruselas. Sin embargo, diversos especialistas del ámbito energético cuestionan si este proceso se está llevando a cabo con la debida previsión técnica. Y es que al final, todo apunta al cumplimiento de una meta, “vale más el fin, no tanto el cómo”.
Las centrales nucleares, a pesar de sus riesgos y costes, ofrecen una estabilidad que ni la solar ni la eólica pueden replicar a día de hoy de forma continua, y esta es una verdad que ni los expertos pueden negar. Algunas voces, tanto desde la ingeniería como desde la economía, alertan de que clausurar estas plantas sin contar con una alternativa fiable y escalable equivale a retirar la red de seguridad en pleno vuelo. Palabras más, palabras menos, España quedaría totalmente “desamparada” desde el punto de vista energético, en comparación con otros países del continente.
No se trata solo de una cuestión de producción energética, sino de garantizar un suministro constante ante escenarios de alta demanda o emergencias, tal y como acaba de ocurrir con el apagón, cuando la red de energía eléctrica falló y no había una fuente de energía para sustituirla. El cierre de las nucleares, más que un paso lógico, podría convertirse en una decisión precipitada si no se acompaña de una planificación energética integral.
Transición energética: una apuesta necesaria con un coste que aún no está claro
Desde que Bruselas anunció las nuevas “metas ecológicas”, la transición energética es ya un camino sin retorno, asumido por todos los gobiernos europeos como parte del compromiso global frente al cambio climático. Sin embargo, su implementación práctica plantea retos económicos y sociales de gran calado. En España, el despliegue acelerado de renovables y el abandono de tecnologías convencionales o tradicionales, podrían derivar en costes más elevados para el consumidor si no se gestiona con equilibrio.
El apagón ocurrido el día de ayer, solo nos ha mostrado que la sostenibilidad no puede avanzar al margen de la seguridad de suministro. Además, el impacto económico no se limita a los hogares. Sectores productivos intensivos en energía, como la industria o la logística, miran con preocupación la volatilidad del sistema, basta con revisar las consecuencias económicas derivadas del apagón de ayer lunes.
Una factura eléctrica elevada y una red inestable podrían traducirse en pérdida de competitividad, deslocalización y freno al crecimiento, y sobre todo de un impacto en la economía, que tampoco que tendrá marcha atrás. La transición es necesaria, sí, pero también requiere pragmatismo, consenso técnico y una hoja de ruta clara que garantice que la transformación no se pague con nuevas desigualdades.
Una transición con preguntas abiertas y decisiones por revisar
Lo cierto es que en este momento tenemos varias variables en el escenario, por un lado, el reciente apagón, la incertidumbre en torno al cierre de las nucleares y el creciente coste de la transición energética, todas dibujando un escenario que exige respuestas claras y decisiones fundamentadas. No se trata de frenar el avance hacia un modelo más sostenible, sino de evitar que la premura sustituya a la planificación.
España se encuentra ante un momento clave en el que debe redefinir su modelo energético garantizando tres principios, según los expertos en el sector y dados los recientes hecho ocurridos: en primer lugar la seguridad de suministro, en segundo lugar asequibilidad, es decir, los costos asociados a la producción y distribución y finalmente, la sostenibilidad. El reto está en encontrar ese delicado equilibrio entre acelerar la descarbonización y preservar la estabilidad del sistema.
Para lograr estos objetivos impuestos desde Bruselas, resulta imprescindible abandonar posturas ideológicas y construir consensos técnicos y sociales que trasciendan calendarios políticos, es decir, dejar los intereses personales de lado y pensar en los intereses del país. Solo así podrá afrontarse esta transición con garantías, sin poner en juego ni el bienestar de los ciudadanos ni la competitividad del país.