El Gobierno de Canarias arrancará en Las Palmas con la ayuda del Colegio de Abogados de esta provincia un programa piloto de asesoramiento a presos e inmigrantes, ha informado la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo regional a través de un comunicado.
La idea de este servicio, que arrancará de manera efectiva la segunda quincena de septiembre en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, es ir extendiéndolo al resto de islas.
El proyecto se prestará en las prisiones pero también en los centros de refugiados y migrantes, para lo que se contará con la participación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que colaborará «con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y apoyo técnico en materia de protección internacional».
En concreto, podrán acceder a ello personas ingresadas en centros penitenciarios, así como en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y de Atención Temporal para Extranjeros (CATE).
Para ello, el Ejecutivo regional ha concedido una subvención directa de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Las Palmas, que permitirá dar vida a este servicio hasta el 31 de diciembre de 2021.
La asistencia versará sobre su situación penitenciaria, obtención de permisos y posibilidades de progresión de grado, asistiendo a las personas internas en la elaboración de peticiones y recursos dirigidos tanto al Centro Directivo como al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; y asesoramiento en materia de régimen penitenciario y sistema disciplinario, asistiendo en la elaboración de alegaciones y recursos en los expedientes disciplinarios que se les incoen.
Asimismo, se orientará sobre la situación penal de cada persona interna, en particular en materia de acumulación de penas, sustitución y suspensión de las penas privativas de libertad; y se contactará con el representante legal que tenga designada la defensa y representación de la persona interna con el fin de garantizar la asistencia letrada efectiva y la presentación de los escritos y recursos necesarios para garantizar sus derechos o promover su designación para el caso de que carezca de asistencia letrada o no esté siendo efectivamente prestada.
Para los inmigrantes en centros, la asistencia se basará en entrevistas con los afectados con el fin de determinar si concurren supuestos que permitan solicitar y obtener residencia legal en España o protección internacional; así como en asesorar a dichas personas en materia garantías legales en materia de extranjería.
Además, las personas refugiadas y migrantes recibirán información y asesoramiento en materia de derechos, el procedimiento de asilo y la posibilidad de presentar denuncias y quejas ante el Juzgado de Control de los CIEs.
