Organizaciones que representan a las personas con discapacidad han celebrado este jueves el «avance» que supone la aprobación de la ley que elimina la incapacidad jurídica del colectivo y señalan que, a partir de ahora, «cientos de miles de personas con discapacidad» en España «son iguales ante la ley» que le resto de la ciudadanía.
El Congreso ha dado luz verde en el Pleno a una norma que sustituye la incapacidad jurídica de estas personas por «una ayuda técnica» o en materia de «comunicación» para adaptar la declaración de voluntad a la situación personal y características individuales.
Así, se derogan términos y figuras como la tutela, la patria potestad prorrogada o la patria potestad rehabilitada, entre otras, a través de la reforma de las leyes Hipotecaria, del Registro Civil, de Enjuiciamiento Civil y Ley de Notariado. Todos los grupos en la Cámara baja han apoyado la norma, a excepción de Vox.
Para la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y para Plena Inclusión, que han estado presentes en el debate, este hecho es «un hito para la democracia española». Tal y como han explicado, esta aprobación, acerca a España al cumplimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y elimina «una discriminación histórica» hacia los cientos de miles de personas con discapacidad intelectual.
«SE ACABA CON UNA INJUSTICIA»
Las entidades explican que, hasta el momento, los miembros de este colectivo era tratado a nivel legislativo «como menores de edad» y «se les negaba la posibilidad de ejercer derechos tan básicos como firmar un contrato de alquiler, tener una tarjeta bancaria a su nombre u otorgar testamento».
Santiago Izquierdo, portavoz de la AEFT, cree que este jueves «se acaba con una injusticia» que le ha afectado a él y a «otras muchas personas» con discapacidad. Según explica, siempre ha ayudado a su padre, que no sabía leer, a gestionar el pago de las facturas, en las visitas médicas, con labores de la casa, pero cuando le incapacitaron totalmente perdió «muchos derechos».
«Un juez decidió que necesitaba más apoyos de los que realmente necesito, lo que ha derivado en dejar de hacer cosas que antes sí hacía. Con eso se consigue que no aprendas, incluso que retrocedas y que no seas autónomo», ha señalado.
Maribel Cáceres, por su parte, es la primera persona con discapacidad intelectual representada en el Comité Ejecutivo Estatal del CERMI, cuenta que ha tenido «malos» y «buenos» apoyos . Con estos últimos, ha indicado, ha hecho cosas que «no podía imaginar», por esi reivindica que «dar apoyos para la toma de decisiones» al colectivo le ayuda a ser «protagonista de su vida». A su juicio, «no hay que sustituir a la persona» sino «ayudarla».
LA AEFT y Plena Inclusión han celebrado, además, que tanto sus aportaciones a la norma, como las del CERMI, hayan sido tenidas en cuenta para configurar la nueva ley.
