Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, ha reiterado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón su petición para personarse en el caso ‘Tándem’ debido a la «acumulación de indicios que siguen preñando y reforzando» que ha sido una víctima más de las actividades del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
En un escrito, la defensa de Pujol Ferrusola recuerda que hace un año realizó tal petición y que «continúa, todavía hoy, pendiente de resolverse», pese a que «cada vez son mayores en volumen y gravedad los elementos que refuerzan» su condición de perjudicado por la trama liderada por el expolicía.
Insiste el abogado Cristóbal Martell en que su cliente fue uno de los «objetivos» del denominado Grupo Cenyt, empresa de Villarejo y que existen indicios de que los investigados en el caso ‘Tándem’ «actuaron al margen de cualquier legalidad y sirviéndose de su condición de funcionario público».
«Falsearon documentos de carácter mercantil, obtuvieron información de carácter íntimo y ofrecieron ventajas y cobertura económica y policial a distintos testigos para presentar declaraciones moldeadas de signo pretendidamente incriminador», afirma.
El escrito explica que uno de los investigados en esta causa, el que fuera socio de Villarejo, Rafael Redondo, «mercadeaba con terceros» información relacionada con Pujol Ferrusola. «Desde luego tal tenencia era necesariamente ilícita», dice la defensa, puesto que, según indica, ni el hijo del expresidente de la Generalitat había cedido tal documentación, ni los miembros de la trama del excomisario pertenecían a la fuerza policía que investigaba por orden de la Audiencia Nacional el origen de patrimonio de la familia Pujol.
GRABACIONES INCAUTADAS EN EL DOMICILIO DE VILLAREJO
A lo largo de la investigación del caso ‘Tándem’ han aflorado otros hechos que «refuerzan más, si cabe, la personación» de Pujol Ferrusola como acusación particular, señala el letrado. Así, hace referencia a grabaciones incautadas en noviembre de 2017 en el registro del domicilio de Villarejo y que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ordenó hace unas semanas expurgar de la causa porque podría afectar a «secretos de Estado».
Según indica el escrito, uno de los audios que han sido excluidos del caso fue la conversación, fechada en noviembre de 2012, en la que el empresario Javier de la Rosa le comenta a Villarejo que «está en una posición difícil» y pide «ayuda de gestión para solucionar el problema» porque la Fiscalía había pedido «su comparecencia».
La defensa de Pujol Ferrusola apunta también que en el oficio policial de Asuntos Internos entregado al juez García Castellón, donde se reproducían los archivos de audios que han sido sacados de la causa, se incluye una conversación «relacionada aparentemente con las funciones encomendadas a Villarejo de captación de información de interés policial».
Según la transcripción, señala el escrito, De la Rosa explica en diciembre de 2012 a Villarejo y a una tercera persona también llamada «Javier» que tienen «información muy valiosa de la familia Pujol», aclarando que tiene documentación guardada sobre «personas y cuentas en el extrajero».
CONTENIDO Y FECHA DE LAS GRABACIONES
«La importancia de estas conversaciones no lo es solo por su contenido sino También por la fecha en que tienen lugar», recalca el abogado de Pujol Ferrusola, al recordar que la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 5 contra el patrimonio de los Pujol se inició en 2012.
En este sentido, hace hincapié en que el empresario Javier de la Rosa presentó una denuncia contra el hijo del expresidente catalán en noviembre de 2012, «seis días después de la primera grabación», en la que afirmó que «estaba recibiendo coacciones y amenazas» por parte del entorno de la familia Pujol.
A ello añade que el mismo día de la segunda grabación, 5 de diciembre de 2012, el empresario amplió su denuncia atribuyendo distintos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol.
Por último, indica que Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, declaró en sede judicial que un abogado llamado «Ramón Redondo», que posteriormente señaló que podría llamarse Rafael, la recogió en la estación de AVE de Madrid para ir a comisaría a interponer una denuncia contra el que fuera su pareja.
