Los centros de datos que incumplan las reglas de renovables se enfrentan a multas de hasta 60 millones de euros. El Gobierno ha metido a estas instalaciones en el régimen sancionador del sistema eléctrico y la norma ya está en el BOE.
La novedad no está en el real decreto de centros de datos que el BOE publicó el sábado, sino en otra norma que salió el mismo día: el real decreto-ley 41/2026 sobre el comercio de derechos de emisión, una figura con rango de ley que el Gobierno aprueba por urgencia y que el Congreso debe convalidar. Ahí se retocan la ley del sector eléctrico y la ley 18/2014 para incluir a estos grandes consumidores en el catálogo de infracciones.
Entra en vigor este domingo, 22 de noviembre, y su futuro depende de que el Congreso la convalide en las próximas semanas.
De 6 a 60 millones: qué se considera incumplir
El texto obliga a los centros de datos a cumplir dos condiciones. La primera es la adicionalidad: cada megavatio consumido exige otro de renovable nueva, con la excepción de los contratos bilaterales de fotovoltaica, que pueden ser más antiguos. La segunda es la correlación horaria: esa aportación tiene que estar cubierta en todas las horas del día, no solo cuando luce el sol.
Aquí llegan las multas. Desviarse más de un 25% de la obligación de cubrir más del 80% con renovable nueva se tipifica como infracción grave, con sanciones de hasta 6 millones de euros. Las infracciones muy graves, que incluyen los incumplimientos más serios de eficiencia energética e hídrica, llegan a los 60 millones. La desconexión de la red puede durar hasta tres años en el caso más severo y hasta uno si la infracción es grave.
El Ejecutivo justifica el movimiento por tamaño. Hay permisos concedidos para 12 gigavatios de centros de datos, a los que se han sumado otros 3 en apenas tres meses. Equivale al 40% de la punta de demanda del país, y es un consumo continuado, no de unas horas al día. El argumento oficial: conectar solo los mejores y evitar que estas instalaciones empujen la factura eléctrica hacia arriba.
El texto equipara a los centros de datos con los grandes consumidores industriales: multas de hasta 60 millones y cortes de suministro de hasta tres años.
Quién paga cuando el sistema se tensa
Además, el texto añade un sistema de compensaciones. Cuando un centro de datos se quede corto en adicionalidad o en correlación horaria, pagará un importe por cada megavatio hora que se destinará a sufragar el coste de las centrales de gas y de otro tipo que entran cuando el sistema se tensiona, los llamados mecanismos de capacidad. La compensación máxima prevista asciende a 41 euros por MWh.
Las tablas del real decreto marcan cuánto se paga. En adicionalidad, aportar entre el 60% y el 80% de la renovable exigida supone 6 euros por MWh; bajar del 20% dispara la cifra a 25 euros. En desviación horaria, un 5% cuesta 2 euros por MWh y superar el 50% llega a 16 euros. El Gobierno insiste en que no es una sanción, sino una compensación por el coste que esas desviaciones trasladan al resto de los consumidores.
De la CNMC al Congreso: lo que queda por delante
El régimen sancionador eléctrico ya tenía sus propias infracciones muy graves; la novedad es que ahora nombra de forma expresa a los centros de datos y les exige renovables nuevas hora a hora. El mecanismo de compensaciones no sale de la nada: recoge una recomendación de la CNMC presentada durante el periodo de alegaciones del real decreto.
El propio texto lo justifica así: las compensaciones 'no tienen una finalidad punitiva', sino la de restablecer los costes que las desviaciones trasladan a los consumidores. Y hay un tercer frente: el real decreto-ley fija sanciones de hasta 5 millones por incumplir los deberes de soberanía digital, como falsear información o no entregarla en plazo.
Queda la parte política. El decreto-ley tiene que superar el debate de convalidación en el Congreso, donde los grupos pueden plantear cambios o tumbar el texto completo. Y queda por ver cómo aterrizan las nuevas obligaciones sobre los 15 gigavatios de permisos ya concedidos, que deberán justificar su respaldo renovable hora a hora. Y el calendario corre: si el Congreso rechaza el texto, el régimen sancionador cae con él.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El BOE publicó el sábado el real decreto-ley 41/2026, que incluye a los centros de datos en el régimen sancionador eléctrico con multas de hasta 60 millones.
- Por qué te importa: El Gobierno sostiene que las compensaciones que paguen estas instalaciones rebajarán los pagos por capacidad y, con ellos, la factura eléctrica de los consumidores.
- A quién afecta: A los promotores de centros de datos, con permisos concedidos para 15 gigavatios, el 40% de la punta de demanda del país.
- Hacia dónde vamos: La norma entra en vigor el 22 de noviembre y debe convalidarse en el Congreso, donde los grupos pueden pedir cambios o tumbar el texto.



